La Fiscalía Europea y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desatado este jueves una operación por un posible fraude con fondos comunitarios destinados a las pulseras telemáticas contra los maltratadores. La contratación de este sistema suma 102,6 millones de euros en tres expedientes examinados por el Tribunal de Cuentas.

Los investigadores practicaron diligencias en las sedes del Ministerio de Igualdad -que dirige Ana Redondo- y del Tribunal de Cuentas. El último de los tres contratos, adjudicado en 2023 por 42,6 millones, recibió financiación parcial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del proyecto 'España te protege contra la violencia machista'. Las pesquisas, abiertas en 2025, se centran en un posible fraude con dinero de la Unión Europea. Esa financiación comunitaria explica la intervención de la Fiscalía Europea, competente para investigar los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la UE.

En un escueto comunicado emitido desde Luxemburgo, el ministerio público europeo explicó que investiga un presunto fraude con los fondos destinados a garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y las condenas por violencia de género. La investigación, según revelaron a este periódico fuentes del caso, afecta a un sistema cuya contratación y funcionamiento ya habían sido duramente cuestionados por el Tribunal de Cuentas. El pasado septiembre, el organismo fiscalizador denunció "graves deficiencias" en la ejecución del contrato adjudicado en 2023.

En su informe, aprobado el 22 de septiembre, el Tribunal de Cuentas examinó los tres contratos sucesivos, formalizados en 2018, 2021 y 2023. Detectó problemas en la preparación de las adjudicaciones, la transición entre empresas y la supervisión del servicio por parte del departamento de Igualdad.

Una de las irregularidades más graves se produjo durante el cambio de adjudicataria, cuando la gestión pasó de Telefónica a Vodafone y Securitas. La imposibilidad de acceder a los datos históricos de geolocalización dejó sin respuesta 123 requerimientos judiciales. El problema se prolongó durante meses y, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, provocó "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios".

El Tribunal de Cuentas constató que esa situación se mantuvo hasta diciembre de 2024 y reprochó al ministerio de Redondo que no interviniera hasta octubre de aquel año, coincidiendo con un requerimiento de la Fiscalía, pese a los problemas acumulados desde el cambio de empresa.

Las deficiencias también afectaron directamente al funcionamiento de los dispositivos. El Tribunal de Cuentas documentó interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron acercamientos de agresores a sus víctimas, retrasos en las reparaciones y baterías que apenas duraban una semana y media cuando las especificaciones técnicas de la oferta indicaban seis meses de autonomía.

El organismo fiscalizador concluyó que estos problemas "no fueron problemas puntuales sino reconocidos por la propia adjudicataria sin que se alcanzaran soluciones en los plazos comprometidos". Las trabajadoras del centro de control Cometa habían advertido de los fallos y del consiguiente riesgo para las mujeres protegidas por el sistema.

El historial de incidencias de Vodafone no se limitó, sin embargo, a los problemas derivados de la transición entre compañías. El 11 de noviembre de 2025, el sistema Cometa sufrió un colapso que se prolongó durante 13 horas y provocó retrasos en la geolocalización de agresores y víctimas. La incidencia obligó a activar de urgencia los protocolos para las alrededor de 4.500 mujeres usuarias del servicio -Igualdad impuso a Vodafone una multa de 25.285 euros-.

El informe del Tribunal de Cuentas también censuró la reacción del ministerio ante los incumplimientos de la adjudicataria. El organismo sostuvo que los responsables ministeriales "no hicieron un seguimiento del contrato adecuado" y que los requerimientos a la empresa fueron tardíos.

Ese mismo mes, una auditoría externa confirmó vulnerabilidades en los dispositivos, incluidos problemas que podían permitir a los agresores manipular determinadas funcionalidades. Entre los riesgos identificados figuraba la posibilidad de instalar aplicaciones para falsear la localización GPS o comprometer la integridad de los aparatos.

Pese a estos antecedentes, Vodafone volverá a gestionar el sistema Cometa. Igualdad confirmó en mayo de 2026 que la compañía había resultado adjudicataria del nuevo concurso, al que concurrió de nuevo en una unión temporal de empresas (UTE) con Securitas Seguridad España. La oferta se impuso a la presentada por Orange.

El nuevo contrato tiene una duración inicial de 36 meses y un presupuesto base de licitación de 71 millones de euros, aunque su importe podría alcanzar los 111 millones si se ejecutan las dos prórrogas anuales previstas. El periodo máximo de gestión llegaría así a los cinco años.

Igualdad defendió la elección de la oferta de Vodafone y Securitas al asegurar que "introduce avances relevantes en la capacidad tecnológica de los dispositivos, la calidad de los servicios de monitorización y los tiempos de respuesta operativa". Entre los criterios valorados figuraban el diseño y la prestación del servicio, el plan de transición, las prestaciones de los dispositivos, las telecomunicaciones, la monitorización y el desarrollo de software e infraestructuras. La propia Fiscalía General del Estado había alertado de los "múltiples fallos" detectados en los nuevos dispositivos y de los problemas derivados del cambio de empresa. Las fiscalías provinciales denunciaron dificultades de cobertura, retrasos en las sustituciones y obstáculos para obtener información necesaria en los procedimientos judiciales.

REGISTROS HISTÓRICOS

Asimismo, el Ministerio Público advirtió de que la pérdida de los registros históricos había impedido determinar la ubicación de algunos investigados antes del 20 de marzo de 2024. Esa carencia suponía "de facto, la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular acusación", según recogió la Fiscalía General del Estado.

El organismo fiscalizador también detectó que la integración del sistema de pulseras con VioGén, la plataforma del Ministerio del Interior para el seguimiento de los casos de violencia de género, y con LexNet, el sistema de comunicaciones judiciales, no había llegado a funcionar plenamente durante la vigencia del contrato de 2023. A principios de 2026 seguían existiendo dificultades en la conexión con los órganos judiciales.