Desde el momento en que Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre, a caballo de la indignación por el desahucio de Maricarmen Abascal y la crisis de la vivienda, el nombre de Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona, empezó a circular como posible candidata de la izquierda alternativa. Finalmente, Frente Amplio confirmó esta semana que la representante catalana será la cabeza de lista de la coalición de izquierdas, una elección que tiene mucho que ver con su pasado al frente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y las políticas de vivienda aplicadas por el Ayuntamiento barcelonés. No en vano se trata de la responsable de haber convertido a la capital catalana en laboratorio de las políticas de intervención en el mercado inmobiliario.

Colau asumió el bastón de mando municipal en 2015 con la promesa de resolver la crisis habitacional al tiempo que frenaba a las grandes corporaciones y detenía la escalada del precio del alquiler. Para ello se comprometió a poner coto al turismo. Y abogó, además, por expulsar a los coches en la ciudad y bloquear la ampliación del aeropuerto de El Prat, cuestionando, por añadidura, la continuidad de grandes eventos como el Mobile World Congress. Ocho años después, las promesas de más vivienda se quedaron en la mitad y el precio de los arrendamientos se había duplicado. Aunque el balance de Colau también arroja políticas pioneras como los límites al uso de automóviles en el centro de la ciudad para luchar contra la contaminación y el freno a plataformas como AirB&B y los pisos turísticos que expulsan a vecinos del centro de las ciudades. Iniciativas rechazadas en origen, pero que después han imitado en mayor o menor medida otras capitales españolas. Ada Colau prometió en 2015, cuando se hizo con el bastón de mando de Barcelona, 8.000 viviendas de nuevo cuño en la ciudad. Cifra que ella misma elevó a 8.800 tras reeditar la Alcaldía en 2019 y que persiguió a la líder de los comunes hasta que abandonó el Ayuntamiento en 2023, después de perder los comicios quedando en tercer lugar por detrás de Xavier Trias (Junts) y el socialista Jaume Collboni. 

En ocho años, solo se habían incorporado 4.100 pisos al parque público de la capital catalana. Por si fuera poco, un millar de esas nuevas viviendas no eran atribuibles a Colau sino a su antecesor, Trias, que inició los proyectos con los 100 millones de euros recaudados tras privatizar los aparcamientos públicos de la ciudad. De ese monto de nuevas viviendas públicas, la mitad procedían de construcciones realizadas por el Ayuntamiento de Barcelona. Las otras 2.000 fueron adquiridas a golpe de talonario: en la mayoría de los casos, el Consistorio ejerció su derecho de tanteo y retracto para evitar operaciones privadas. Una fórmula habilitada por la ley autonómica de la vivienda, que ha permitido que en el conjunto de Cataluña se hayan incorporado 9.000 pisos al parque público por la vía de tanteo y retracto en los últimos años.

Guerra al sector privado 

Esas 4.000 viviendas aportadas por Colau constituyen un avance muy significativo respecto a lo invertido por sus antecesores, pero sus detractores denuncian que se trata de una cifra muy alejada de la que se podría haber alcanzado aprovechando todas las potencialidades de Barcelona, su Presupuesto y la colaboración público-privada. La capital catalana tenía entonces suelo público para edificar hasta 20.000 viviendas, pero en la mayoría de solares las obras no estaban ni previstas, mientras el sector privado huía de la ciudad.

El motivo: la reserva del 30% de todas las promociones y grandes rehabilitaciones de vivienda para VPO, que ha paralizado la construcción en la capital barcelona desde hace casi una década. El socialista Jaume Collboni no ha sido capaz de derogar la norma, pese a prometerlo en campaña. Cuando se aprobó la norma, en 2018, Colau comprometió una media de 300 nuevas viviendas de protección al año. El resultado, sin embargo, ha sido la paralización de la construcción en Barcelona, lo que ha tensionado aún más el mercado de la vivienda, a cambio de una treintena de pisos de VPO. Colau llegó a la Alcaldía aupada por su batalla contra los desahucios de afectados por la crisis financiera que no podían hacer frente a las hipotecas. Pero durante su mandato se agudizó también el problema de los precios del alquiler. En los ocho años de Gobierno de los Comunes al frente del Consistorio barcelonés el coste de los arrendamientos subió un 40%, pasando de una media de 765 euros mensuales al principio del mandato a los más de 1.100 en 2023.

Su formación fue, junto a Esquerra, la principal impulsora de la limitación de los precios del alquiler, medida que no se hizo efectiva, sin embargo, hasta 2024, cuando la Alcaldía la ostentaba ya el socialista Collboni. Para llegar a ese punto hizo falta que la Generalitat aprobara una nueva ley del alquiler catalana que creaba la figura de las zonas tensionadas y habilitaba a los ayuntamientos a solicitar esa declaración para fijar topes en función del índice de precios fijado previamente por el Gobierno autonómico.

La medida fue tumbada por el Tribunal Constitucional por interferir en competencias del Estado. Pero Sumar -coalición de la que forman parte los Comunes de Colau- incorporó la creación de zonas de mercado residencial tensionado al programa del Gobierno de Pedro Sánchez, que aprobó en 2023 la Ley por el Derecho a la Vivienda, en la que quedan recogidas. Según los estudios de entidades como Esade, el resultado de este tope a los precios del alquiler ha sido la contención e incluso un ligero descenso de las rentas. Pero la consecuencia apunta, también, a una reducción de la oferta disponible y el desplazamiento de la oferta al arrendamiento temporal o de habitaciones.