Lo que, según su versión, iba a ser un espacio para guardar aperos de labranza y disfrutar de un pequeño huerto con sus hijos se ha convertido en un asunto judicial. Un vecino de Casabermeja, en Málaga, se enfrenta a una petición de 15 meses de prisión por instalar una casa móvil de segunda mano en una parcela rústica que compró en 2022.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito contra la ordenación del territorio. Su abogado, sin embargo, defiende que la estructura no es una construcción fija y que nunca se ha utilizado como vivienda.

UNA CASA SOBRE RUEDAS, EN EL CENTRO DEL DEBATE

La clave del caso está en la naturaleza de la mobile home. Según la defensa, la estructura conservaba las ruedas, no tenía cimentación y podía trasladarse en cuestión de minutos, sin necesidad de un vehículo especial, según el informe de un representante de la empresa suministradora incorporado al procedimiento.

Para el propietario, estas características son fundamentales: sostiene que no levantó una edificación, sino que colocó un elemento móvil en el terreno. La Fiscalía mantiene, por su parte, que la instalación tiene capacidad para un uso residencial.

QUÉ HABÍA EN LA PARCELA ANTES DE LA COMPRA

El vecino adquirió en 2022 una finca rústica de 3.127 metros cuadrados. Su abogado asegura que algunos de los elementos detectados en el terreno, como dos depósitos, un contenedor y parte del vallado, ya estaban allí antes de la compra.

La defensa afirma que el propietario grabó vídeos de la parcela una semana antes de formalizar la adquisición y cuestiona que se le atribuyan actuaciones que, según sostiene, no realizó. Lo que sí reconoce es haber instalado la casa móvil.

LA DEFENSA NIEGA QUE FUERA UNA VIVIENDA

Otro de los argumentos del letrado es que su cliente nunca ha residido en la finca. Según el escrito de defensa, no estaba empadronado allí y las inspecciones de la Guardia Civil y del técnico municipal no constataron que hubiera personas viviendo en la parcela.

El abogado considera que, si la instalación necesitaba alguna autorización urbanística, la cuestión debería resolverse por la vía administrativa. También sostiene que la estructura apenas afecta al terreno, ya que puede desmontarse y trasladarse con facilidad.

La Fiscalía solicita 15 meses de prisión por un presunto delito contra la ordenación del territorio. La defensa rechaza que la instalación justifique una respuesta penal de esa magnitud. El caso gira así en torno a una cuestión decisiva: si una casa móvil colocada sobre suelo rústico debe considerarse una construcción a efectos penales.