El Gobierno volvió a dar luz verde este martes a sus dos decretos de vivienda apenas cuatro días después de que el Congreso los rechazara y tan solo unas horas más tarde de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Ante la disolución de las Cortes Generales, Moncloa ha optado por reconstruir el paquete normativo que decayó el pasado viernes introduciendo modificaciones puntuales, trasladando de forma obligada la negociación a la Diputación Permanente, el único órgano parlamentario con potestad para convalidarlos en pleno periodo preelectoral y donde sí cuenta con mayoría a diferencia del Pleno que los hizo caer la semana pasada. De este modo, aunque el Gobierno repone la columna vertebral del plan -manteniendo intactos el escudo frente a desahucios, el cerco al alquiler de temporada o los créditos de 10.000 millones-, el nuevo texto introduce alguna divergencia respecto al rechazado el viernes. 

AJUSTE EN EL RÉGIMEN DE ACTUALIZACIÓN DE LOS ALQUILERES

La diferencia más relevante entre el marco derogado el pasado viernes y el nuevo texto aprobado este martes se localiza en las reglas de actualización de las rentas de arrendamiento. En el primer decreto figuraba una cláusula extraordinaria orientada a contener las subidas de los precios de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2027. Dicho mecanismo establecía que, en caso de que la renta superase el tope fijado por el sistema de índices de referencia, el propietario no podía aplicar ningún incremento; en el resto de los supuestos, si las partes no alcanzaban un nuevo acuerdo, la actualización anual quedaba topeada por ley en el 2%. Esta restricción extraordinaria decayó íntegramente tras la votación en contra del Congreso.

En el paquete recompuesto, Sánchez ha situado el foco en una arquitectura distinta. Los inquilinos cuyos contratos estén vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028 podrán solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años mediante periodos anuales. Sin embargo, las actualizaciones de la renta durante ese periodo se someterán a los límites ordinarios previstos en la legislación general, en lugar de reproducir explícitamente el tope fijo extraordinario del 2% que contemplaba la norma anterior. 

CASA 47 ASUME MILES DE INMUEBLES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El nuevo anuncio otorga un protagonismo reforzado a Casa 47, la empresa pública de suelo y vivienda. La entidad asumirá la adscripción directa de miles de inmuebles pertenecientes a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para incorporarlos al parque público asequible. Asimismo, las propiedades de la sociedad estarán sujetas a límites de precio para evitar que se vendan por encima de los topes de vivienda protegida. Además, en el marco operativo de Casa 47, el Gobierno plantea un modelo de alquiler de gran estabilidad, con contratos que podrán alcanzar hasta los 75 años de duración. Esta inyección de activos da continuidad a los recursos extraordinarios ya movilizados por el Ejecutivo, como la aportación de 260 millones de euros aprobada en junio para impulsar 22 proyectos con 1.629 viviendas de nueva planta.

REGULACIÓN DE LA OFERTA Y TRANSPARENCIA OBLIGATORIA EN LOS ANUNCIOS DE ALQUILER

El paquete normativo mantiene el cerco al alquiler de temporada y por habitaciones para frenar la elusión de la norma reguladora. A ello se suma un nuevo paquete de transparencia publicitaria que afecta de forma directa al mercado del arrendamiento: a partir de la entrada en vigor del real decreto, toda publicidad, oferta o promoción de vivienda en alquiler deberá incluir obligatoriamente el índice de referencia del precio, el límite de renta legalmente aplicable y la condición explícita de gran tenedor del arrendador cuando proceda.

Asimismo, para aliviar la carga económica de las familias inquilinas con ingresos inferiores a 33.007,20 euros anuales, se introduce una deducción estatal en el IRPF del 10% sobre las cantidades abonadas por el alquiler de su residencia habitual. Según los cálculos expuestos por el Ejecutivo, para un arrendamiento medio de 800 euros mensuales, esta desgravación se traducirá en un ahorro fiscal cercano a los 1.000 euros al año. El texto recupera asimismo el tratamiento fiscal desincentivador para pisos turísticos y las ventajas tributarias para la promoción de vivienda protegida.

DESAHUCIOS, COSTAS PROCESALES Y FONDOS BUITRES

En materia de vulnerabilidad social, se restituye de manera íntegra la protección frente a los lanzamientos y desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030. No obstante, para reforzar la protección a los pequeños propietarios, la nueva normativa incorpora una novedad relevante: la Administración pública asumirá el pago de las posibles costas procesales e intereses moratorios que se deriven de la suspensión temporal de los desalojos. Paralelamente, el Ministerio de Vivienda ha endurecido el tratamiento frente a la compra especulativa. El texto amplía la definición legal de "fondo buitre" y restringe las condiciones de sus excepciones para evitar resquicios en la adquisición de inmuebles, extendiendo las limitaciones temporales hasta finales de 2028.

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "TU CASA" Y EL FONDO DE IMPACTO SOCIAL

En el apartado financiero, el Gobierno movilizará 10.000 millones de euros a través del denominado Programa "TU CASA", concebido para otorgar préstamos sin intereses ni comisiones de hasta 50.000 euros. Este mecanismo permitirá financiar hasta el 20% del valor del inmueble para cubrir la falta de ahorro inicial que frena la compra de vivienda habitual. Aunque el plan está orientado a jóvenes, Sánchez ha subrayado su carácter intergeneracional para acoger a familias de distintas edades. A esta medida se suma la habilitación del Fondo de Impacto Social, dotado con 400 millones de euros para financiar e impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales. El esquema de ayudas se completa con 280 millones de euros en avales públicos dirigidos a acelerar la construcción industrializada y aumentar la capacidad de generación de oferta asequible.

LA RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE CONTRATOS, SUPEDITADA A LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

La facultad de los inquilinos de extender sus contratos por dos años adicionales vuelve a ocupar un lugar central en el decreto principal. No obstante, el segundo real decreto aprobado este martes -que modifica el régimen de las prórrogas automáticas una vez agotado el periodo legal de cinco o siete años- introduce una novedad procedimental decisiva. En el texto rechazado el viernes, se obligaba al propietario a notificar su intención de no renovar con seis meses de antelación y se fijaba una indemnización mínima de doce mensualidades en determinados supuestos. Ahora, el Gobierno ha decidido separar la entrada en vigor de esta medida de su aprobación en Consejo de Ministros: el régimen de renovación automática no entrará en vigor si la Diputación Permanente no convalida previamente el decreto, evitando generar inseguridad jurídica en el mercado durante la disolución de las Cortes.