El adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sitúa de nuevo a la política española ante un escenario inédito en el ámbito judicial y electoral: la convocatoria coge al Tribunal Supremo con la suspensión cautelar del derecho al voto de miles de residentes en el extranjero que adquirieron la nacionalidad a través de la conocida como ley de nietos. La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, dictada el pasado 10 de septiembre ante los recursos presentados por Iustitia Europa y Vox, se produjo en un contexto sin comicios en el horizonte, lo que amortiguó su impacto inmediato. Sin embargo, la activación de la carrera hacia el 29-N transforma esa cautelar en un reto operativo de máxima urgencia sobre el que la formación que preside Luis María Pardo ya ha exigido actuaciones inmediatas para blindar las garantías del proceso.

En el corazón del litigio late una encarnizada batalla de cifras sobre la verdadera magnitud del voto en el extranjero. Mientras el Tribunal Supremo tomó como premisa un aumento de 408.262 inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) desde julio de 2023 -una cifra que aportó Iustitia Europa y que el Alto Tribunal tildó de "extraordinaria" tras incrementos de más de 115.000 electores en Madrid o 43.000 en Barcelona, que alcanzaron cotas históricas-, la Abogacía del Estado precisa que los nacionalizados por la ley de nietos son 369.017, y que el colectivo directamente golpeado por la suspensión cautelar se reduce, en realidad, a 168.896 personas- además de estimar que el impacto potencial de la cautelar se situaría en torno a 14.120 votos-. Esta pugna numérica resulta crucial para calibrar el impacto real de un veto judicial que mantiene congelado el sufragio exterior a las puertas del 29-N. Además, el nudo gordiano a pocas semanas de la cita electoral es de carácter eminentemente operativo y normativo. El artículo 39 de la LOREG determina de forma tajante que el censo aplicable es el cerrado el primer día del segundo mes anterior a la convocatoria. Al haberse convocado las generales en octubre, el censo de referencia es el cerrado a 1 de agosto. Y al haberse dictado el auto de cautelares del Supremo el 8 de septiembre, la Junta Electoral Central (JEC) y la Oficina del Censo Electoral (OCE) deben ejecutar la orden judicial depurando una lista previa. Este desfase es lo que ha llevado a Iustitia Europa a solicitar con urgencia al Alto Tribunal que obligue a identificar y congelar las inscripciones afectadas antes de que arranque formalmente el procedimiento de votación.

Pero estar inscrito en el censo tampoco equivale a emitir un voto en las urnas. El aumento constante e inusitado que refleja el CERA llevó a los magistrados del Supremo a estimar que se estaba ante un incremento excepcional del censo exterior capaz de distorsionar la objetividad y la transparencia de los procesos electorales que tuviesen lugar a partir de entonces. La Abogacía del Estado, para reforzar sus argumentos y minimizar el impacto real de la norma, ha realizado un cálculo proyectivo tomando como referencia la participación real de los españoles en el extranjero en las pasadas elecciones de 2023, que fue del 8,36%. Según su cálculo, si en los comicios de noviembre se repitiese una tasa de abstención similar, el colectivo de 168.896 electores en litigio se traduciría en una cifra estimada de apenas 14.120 votos efectivos repartidos entre las 52 circunscripciones provinciales. Por tanto, se trata de un volumen modesto en términos globales, si bien en provincias con márgenes de victoria sumamente estrechos un puñado de sufragios podría resultar determinante para la adjudicación del último escaño. La Ley de Memoria Democrática de 2022 abrió la puerta a que determinados hijos y nietos de españoles que hubieran sufrido exilio pudieran adquirir la nacionalidad. Cinco días después de la entrada en vigor de la norma, el Ministerio de Justicia dictó una instrucción que interpretó de manera amplia el concepto de exilio y presumió esa condición para quienes hubieran abandonado España en determinadas fechas. Es precisamente sobre los efectos censales derivados de esa interpretación sobre los que el Supremo ha proyectado su cautelar.

2,4 MILLONES DE PETICIONES

La dimensión del procedimiento de nacionalización ayuda, en todo caso, a explicar la dificultad administrativa que afrontan ahora las autoridades electorales. Desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, más de 2,4 millones de personas han solicitado acogerse a sus previsiones en todo el mundo y más de 500.000 han obtenido ya la nacionalidad. El principal problema ahora es, por tanto, cómo trasladar la cautelar del Supremo a un censo que quedó cerrado el 1 de agosto y que ya incorpora a ciudadanos cuya situación electoral puede haber cambiado después. Y en eso mismo se centra el recurso de Iustitia Europa, que advierte de que dentro de la lista de votantes consolidada a comienzos de agosto podrían hallarse ya incluidas miles de personas que quedan bajo el ámbito de la suspensión decretada posteriormente por la justicia. La Administración debe determinar qué inscripciones están comprendidas en la suspensión y cuáles quedan fuera por poder acreditar el exilio de sus antepasados. Mientras el Supremo resuelve el recurso de la Abogacía del Estado y concreta, en su caso, cómo debe ejecutarse la medida ante el 29-N, los organismos electorales afrontan una carrera contra el reloj para depurar el censo y garantizar la seguridad jurídica de un proceso que, por primera vez, llega a las urnas con una cautelar de estas características sobre el voto exterior. Los 408.262 nuevos inscritos explican la magnitud del fenómeno que llevó al Supremo a intervenir; los 168.896 delimitan el colectivo que, según los datos de la Abogacía, está directamente en el centro de la controversia; y los 14.120 constituyen una estimación del número de votos que podrían llegar a estar en juego si se repitiera la participación exterior de 2023.