La suerte está echada. En cuestión de horas, Pedro Sánchez anunciará si, en contra de lo que había dicho siempre, adelanta las elecciones para intentar plantear un plebiscito en torno a la cuestión de la vivienda o si se mantiene en agotar la legislatura. En su entorno y en el PSOE ha ido ganando fuerza a lo largo del fin de semana la idea de que se inclinará por llamar a las urnas, pero anoche nadie se atrevía a asegurar que este lunes el presidente no fuera a sorprender. 

Hasta el último minuto ha guardado el secretismo y, pese a que en Moncloa todo está listo para organizar con la máxima urgencia todo lo que requiere una declaración institucional del presidente, su agenda se ha mantenido tal y como estaba prevista la semana pasada, con una intervención a las 9:30 horas en la inauguración del Congreso de la Empresa familiar y una reunión con la ejecutiva del PSOE a las 11:00.

Fuentes gubernamentales aseguran que el jefe del Ejecutivo está "muy enfadado" y que su actitud es la de quien está decidido a llevar hasta el final el pulso que, a su juicio, le ha echado la derecha no solo a él, sino a "la gente que esperaba que el pasado viernes pudieran aprobarse los dos reales decretos" tumbados por el PP, Vox y Junts. Pero a todos los que han hablado con él, que han sido muchos, les ha transmitido que quería seguir pensándoselo.

Solo una cosa se daba por segura este domingo: que, con adelanto o sin él, en los próximos días, si no este mismo lunes, habrá un nuevo Consejo de Ministros que aprobará un plan de choque en materia de vivienda. Sobre la mesa han estado estos días varias opciones. De menos a más: aprobar solo medidas que pueden ponerse en marcha con un mero real decreto y no necesitan convalidación del Congreso, pero de escasa entidad; recuperar solo el mayor de los dos reales decretos leyes, el que incluía la protección frente a los desahucios y la prórroga forzosa de los alquileres; o volver a aprobar también el que, a instancias de Sumar, convertía en indefinidos los contratos de alquiler. Y anoche ganaba enteros esta última opción.

Sánchez podría optar por esperar a que la Cámara baja vuelva a votar unos textos que, avisan en la Moncloa, ya no se negociarán con Junts y, en caso de que vuelvan a ser rechazados, pulsar, ahora sí, el botón nuclear. Eso llevaría los comicios no al 29 de noviembre, la fecha más próxima, sino a diciembre, posiblemente al 13 o al 20. Ganaría tiempo, mantendría el foco del debate en la vivienda -hay quien teme que la atención vuelva fácilmente a Ceuta- y reforzaría el mensaje sobre el que quiere hacer pivotar su campaña: "Este Congreso no sirve para aprobar medidas sociales, necesitamos otro".

Cabe, sin embargo, otro escenario, más eficaz para que las medidas vean de verdad la luz, pero con algunas aristas. Si Sánchez aprueba este lunes los reales decretos leyes y a continuación firma el decreto de disolución de las Cortes, algo cuya viabilidad técnica, según la Moncloa, se ha consultado estos días con los servicios jurídicos, ya no sería el pleno del Congreso, sino la Diputación Permanente, la que decidiría sobre su convalidación. Y allí, sobre el papel, el bloque del sí (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, en representación del Grupo Mixto) superaría al del no (PP, Vox y Junts) por 35 votos a 34. Así, el PSOE llegaría a la campaña con las medidas en vigor y sin un goteo de desahucios del que el electorado también podría hacer responsable a su partido.

Aunque la mayor parte de los socialistas dan por hecho que no habrá un momento ni una bandera mejores para plantar cara a una derecha que supera con holgura la mayoría absoluta en las encuestas, no hay ninguna seguridad de que el beneficio vaya a ser para Sánchez. En el Gobierno, que dice no tener sondeos propios hechos tras la caída de los decretos pero sí ha analizado los publicados y los últimos barómetros del CIS, confían en que la vivienda no solo despierte a una izquierda hasta ahora desencantada, sino que siembre alguna duda en el votante de centro que en estos años se ha decantado por la derecha y, si no lo atrae, al menos lo deje en la abstención.

Las movilizaciones del sábado alimentan ese relato. Su afluencia era uno de los elementos que el presidente quería comprobar antes de decidirse y, aunque en la Moncloa admiten que no fueron desbordantes, sí ponen en valor que estuvieron entre las mayores por una cuestión de índole social de la última década: 70.000 personas en Madrid según la Delegación del Gobierno (500.000 según los convocantes), frente a las 20.000 de la última protesta por la vivienda.

El problema es que el espacio a la izquierda del PSOE sigue sin ordenarse. Si Sánchez disuelve este lunes, las coaliciones tendrán que registrarse como tarde el 16 de octubre, y Sumar y Podemos tendrían que correr mucho para concurrir juntos. De hecho, los partidos de los magentas en el Ejecutivo acordaron ayer presentar el Frente Amplio y a su líder en un acto el 17 de octubre, un día después de que venza ese plazo.