Fin al Gobierno de coalición. El presidente Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el próximo 29 de noviembre, antes de tiempo, ante la debacle sufrida -una más- de los dos decretos de vivienda en el Congreso el pasado viernes. El paquete de medidas para paliar la crisis habitacional -que ha derivado en una crisis social con acampada incluida en la Puerta del Sol- es solo una de las promesas de una agenda económica que el Ejecutivo no ha logrado cumplir y que en esta legislatura ha estado prácticamente paralizada por la aritmética parlamentaria.

Ni Presupuestos del Estado -no ya de 2027, ninguno en toda la legislatura-, ni reducción de jornada (ni siquiera endurecimiento del registro horario), ni nuevo reparto de recursos entre comunidades, ni cambios en la ley del salario mínimo para evitar absorciones mediante los complementos, ni ley de transparencia salarial, ni Estatuto del Becario, ni reforma de la incapacidad temporal....

VIVIENDA, SU CABALLO DE TROYA

Ha pasado de ocupar el puesto 15 de los principales problemas de los españoles a convertirse en el gran problema nacional, en su caballo de Troya. El Gobierno había prometido aprobar un macro real decreto ley sobre vivienda con medidas de distinta índole pactadas con todos los grupos parlamentarios antes de que acabara julio, pero nunca llegó pese a haber alcanzado el PSOE y Sumar un acuerdo sobre el contenido. Quedó pendiente a la vuelta del verano, aunque desde Moncloa eran conscientes de que iba a ser inviable sacarlo adelante.

Sin embargo, el desahucio de Maricarmen lo cambió todo y, en tiempo récord, en menos de una semana, el Gobierno de coalición consiguió pactar dos decretos ley que, finalmente, naufragaron en el Congreso, aunque estuvieron vigentes durante unas horas. Entre sus principales medidas destacaban la renovación automática de los contratos de alquiler ('alquileres indefinidos'), el tope a los precios, la restricción de compra a los fondos buitres, la prohibición de los desahucios hasta 2030, la subida del IVA a los pisos turísticos, un endurecimiento de la fiscalidad a las viviendas vacías o incentivos fiscales a propietarios e inquilinos.

Todo ello quedó derogado tras la derrota en el Congreso de los Diputados el pasado viernes, aunque gran parte de estas medidas serán recogidas en un nuevo decreto que será aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

UNA LEGISLATURA COMPLETA SIN PRESUPUESTOS

Pedro Sánchez pasará a la historia por ser el primer presidente que, en sus más de tres años de mandato, no ha conseguido ya no solo aprobar sino ni siquiera llevar al Parlamento ni un solo proyecto de Presupuestos en toda la legislatura, algo realmente anómalo. Este ejercicio sí pretendía cumplir con su obligación y tenía la intención de presentar a las Cortes una propuesta de cuentas concebidas como programa electoral. Pero finalmente el adelanto electoral ha dado al traste con estos planes y tampoco ha sido posible.

LA FINANCIACIÓN PARA CONTENTAR A CATALUÑA

Al contrario que los Presupuestos, la reforma de la financiación autonómica, diseñada para satisfacer a Cataluña y que prevé insuflar 20.975 millones de euros adicionales a las comunidades de régimen común, sí ha dado un paso decisivo al ser aprobada el pasado 4 de septiembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero faltaba la batalla final, la que se tenía que librar en un Congreso que ha sido disuelto y en donde la mayoría necesaria para aprobar esta promesa del Gobierno era impensable.

ENDURECIMIENTO DEL REGISTRO HORARIO

La medida estrella de la legislatura, reducir la jornada a 37,5 horas, naufragó en el Congreso, pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se guardaba un as bajo la manga: poner coto al tiempo de trabajo mediante un endurecimiento del registro horario a través de un real decreto con rango reglamentario que no requiere convalidación parlamentaria.

El nuevo registro de jornada que quiere Díaz es digital (fin a las anotaciones a lápiz), objetivo, fiable, exhaustivo y con toda una serie de nuevas obligaciones: especificar al detalle infinidad de datos (personales y laborales), como el tipo de jornada, las horas extras y su remuneración, las pausas, los tiempos de guardia o desconexión, etc.; así como permitir el acceso inmediato por parte de la inspección de trabajo (también en remoto) y de los representantes de los trabajadores.

El choque entre los dos vicepresidentes (Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo) ha ido retrasando su aprobación, así como el demoledor informe del Consejo de Estado. Así, la última promesa que se hizo a los sindicatos de llevarlo al Consejo de Ministros en septiembre-con cambios en el texto- tampoco se cumplió y, ese texto, se guardará ya en un cajón.

EL SALARIO MÍNIMO Y LOS PLUSES

Los sindicatos tampoco verán cumplida otra promesa del Gobierno, y además recurrente: reformar la ley para que las subidas del salario mínimo no puedan ser absorbidas por los complementos, algo que la patronal rechaza de plano pero que se incluyó en el real decreto aprobado a inicios de año. De igual manera tampoco hubo una revisión del SMI, que este año habrá aumentado menos que la inflación y aboca a 2,5 millones de trabajadores, los más pobres, a perder poder adquisitivo. El nuevo incremento para 2027 que Yolanda Díaz pretendía empezar a negociar este mismo mes tendrá que esperar.

LEY DE INDUSTRIA

Durante los últimos años los fondos NextGeneration y los Perte han servido para reactivar una política industrial debilitada durante décadas, pero ese impulso extraordinario toca a su fin y España sigue sin un marco legal actualizado que dé continuidad a esa estrategia. La Ley de Industria y Autonomía Estratégica, presentada por el Gobierno hace dos años, sigue bloqueada en el Congreso.

A principios de septiembre, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, admitió que lograr un acuerdo es "difícil", aunque aseguró que el Ejecutivo seguiría intentándolo hasta el final de la legislatura. La norma, llamada a sustituir la ley vigente desde 1992, preveía una estrategia estatal de industria, nuevos instrumentos para declarar proyectos estratégicos, proteger capacidades productivas y gestionar procesos de reindustrialización. Ahora queda archivada.

DEFENSA DEL CLIENTE FINANCIERO

Carlos Cuerpo se había marcado como una de sus prioridades reactivar uno de los proyectos que lleva más tiempo arrastrando el Gobierno: la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, llamada a resolver gratuitamente los conflictos de los usuarios con bancos, aseguradoras y otras entidades sin necesidad de acudir a los tribunales. El primer intento decayó con la convocatoria electoral de 2023 y el Ejecutivo volvió a llevar el proyecto al Congreso en marzo de 2024. Más de dos años después, la iniciativa continúa en la Comisión de Economía, en fase de informe, y, de nuevo, terminará en un cajón.