El Gobierno prevé volver a aprobar en la reunión del Consejo de Ministros de este martes los decretos leyes sobre vivienda que rechazó la pasada semana el pleno del Congreso.

Después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya anunciado elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, fuentes del Gobierno han señalado que la intención es volver a aprobar esos decretos que no consiguieron el aval parlamentario al sumarse Junts al rechazo de PP y Vox.

Si se aprueban esos decretos, tendrán que ser convalidados en el plazo de un mes por el Parlamento, y al estar ya disuelto, quien tiene potestad para hacerlo es la Diputación Permanente.

¿QUÉ ES LA DIPUTACIÓN PERMANENTE?

Este órgano cumple un papel de sustituto del pleno del Congreso para que determinadas y especiales funciones no queden desatendidas cuando la cámara haya sido disuelta o haya expirado su mandato, como ocurre con la convalidación de los decretos-leyes dictados por el Gobierno.

A diferencia de lo sucedido en el pleno del Congreso, el Gobierno tendría en la Diputación Permanente mayoría suficiente para aprobar al menos uno de los dos decretos que decayeron la semana pasada, porque el voto de Junts ya no sería necesario.

Son 68 diputados, más la presidenta del Congreso, Francina Armengol, los que forman parte de la Diputación Permanente con el siguiente reparto: 27 del PP, 24 del PSOE (con la suma de Armengol son 25), 6 de Vox, otros 6 de Sumar, y 1 de ERC, PNV, Junts, Bildu y Mixto (que corresponde a Podemos).

Con ese reparto, si se mantuviera el sentido de voto de los grupos, podría salir adelante el decreto que contenía el grueso de las medidas en materia de vivienda.

Los votos de las formaciones que lo apoyaron entonces (todas excepto PP, Vox y Junts) suman 35, por 34 de los que expresaron su rechazo.

Si se repitiera el texto del segundo decreto, el relativo a la renovación automática de alquileres, éste no saldría adelante porque el PNV votó en contra del mismo.