Otra vez, Pedro Sánchez tiene a su partido, y a buena parte del país, en vilo. Como en abril de 2024, cuando se tomó cinco días para decidir si merecía la pena seguir al frente del Gobierno después de la apertura de diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, el presidente se ha reservado el fin de semana para tomar una decisión que solo él puede tomar: si disuelve las Cortes y convoca elecciones generales para aprovechar el malestar social desatado por el desahucio de la anciana madrileña Maricarmen Abascal y la caída en el Congreso de los dos reales decretos leyes que se apresuró a aprobar para darle respuesta. De nuevo, España está pendiente de lo que pueda anunciar este lunes.

En esta ocasión, sin embargo, no hay retiro en solitario. El jefe del Ejecutivo ha abierto una ronda de consultas que no se limita al núcleo duro del Gobierno; incluye a dirigentes del partido y a Sumar, cuyo resultado es decisivo para que la coalición tenga alguna opción de seguir en la Moncloa.

La mayor parte del partido, con excepciones y dudas en el propio núcleo duro, apuesta por la convocatoria. Pero lo que al presidente le interesa medir es cómo respira una sociedad que no está pendiente de su liderazgo, sino de que alguien dé solución a un problema que afecta ya a buena parte de la sociedad española.

La movilización de este sábado por la vivienda era, de hecho y según dejaron caer en la Moncloa la víspera, un elemento clave para la decisión final. La indignación no tiene dueño y en muchas pancartas el Gobierno aparece más como responsable que como aliado, pero en el Ejecutivo creen que basta con que el espacio de la izquierda, enormemente desmovilizado, despierte, para que la victoria de la derecha no sea tan aplastante como indican los sondeos o incluso, a juicio de los más optimistas, para tener alguna posibilidad de preservar el poder.

LA MEJOR OPORTUNIDAD

Quienes están a favor del adelanto, la mayoría, creen que difícilmente se presentará una oportunidad mejor para llevar el debate a un terreno propicio para la izquierda, lejos de la inmigración y de Ceuta, donde PP y Vox se sienten más cómodos. Sostienen, además, que la caída de los decretos ha ayudado a reordenar un calendario que era endiablado. Hasta ahora el plan pasaba por presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado -se sigue operando con los prorrogados de 2023- antes de fin de año y convocar a comienzos de 2027 tras su previsible fracaso, pero la crisis ceutí enturbió ese horizonte. De pronto, febrero o marzo parecía demasiado pronto para ir a las urnas en un estado de forma aceptable y, al mismo tiempo, la idea de llevar al límite, hasta julio de 2027, la legislatura ha sido siempre un escenario indeseado para los alcaldes que tienen sus comicios a finales de mayo.

La decisión del partido de Carles Puigdemont ha tenido, además, un efecto que va más allá de la vivienda. Ha terminado de desvanecer la ensoñación de que el regreso del expresident abriría una puerta a la reconciliación con los posconvergentes y a una restauración de la mayoría de investidura, desintegrada desde hace prácticamente un año. El Tribunal Constitucional tiene previsto pronunciarse este martes sobre los recursos de amparo de Jordi Turull y Dolors Bassa contra la negativa del Supremo a aplicarles la amnistía; y se da por hecho que la sentencia será favorable al perdón penal que abrirá la puerta al regreso de Puigdemont. Pero en el PSOE interpretan que, con su ‘no’, ha querido dejar claro que no tiene nada que agradecerles.

IZQUIERDA DESESTRUCTURADA

Los riesgos también son evidentes. Entre la convocatoria y las urnas mediarían 54 días en los que pueden pasar muchas cosas. La crisis de Ceuta no está resuelta, los frentes judiciales siguen abiertos; y la crisis energética amenaza con agravarse. Pero lo que más preocupa es el estado de la izquierda a la izquierda del PSOE.

Sumar no tiene candidato (se reúne este domingo para aclarar su futuro) ni un acuerdo cerrado con Podemos, y si Sánchez firma el lunes el decreto de disolución para ir a las urnas el 29 de noviembre, las coaliciones tendrán que registrarse como tarde el 16 de octubre. En el PSOE no faltan además quienes recuerdan que el 15-M llenó las plazas de indignados y que, apenas seis meses después, Mariano Rajoy obtuvo la mayoría absoluta.

A la Cámara tiene que llegar en menos de un mes otro real decreto ley, el que recoge el tercer paquete de respuesta a la crisis provocada por la guerra de Irán. Junts aprobó en julio el anterior y no es en absoluto descartable que esté dispuesto a apoyar este. La alternativa de negociar un nuevo texto sobre vivienda no está descartada.