Maricarmen acepta regresar a su piso, pero los acampados seguirán en Sol
El Sindicato de Inquilinas rechaza los decretos presentados por el Ejecutivo y califica de “vergüenza” que haya dos textos
Publicado el 30/09/2026 a las 08:08
Maricarmen Abascal ha dado el sí al acuerdo negociado por sus representantes y Urbagestión, la inmobiliaria propietaria del piso, por lo que volverá a la que fue su casa a lo largo de siete décadas en cuanto le den el alta del Gregorio Marañón. La tensión por el desahucio de Maricarmen se ha disipado, aunque el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que ha liderado esta protesta social, no se da por satisfecho y continuará la acampada y "la lucha en la calle" en protesta por los dos decretos que el Gobierno llevará este viernes al Congreso de los Diputados para su validación.
Fue el lunes cuando se alcanzó el acuerdo para que Maricarmen regresara a su piso, tras la reunión de las representantes de la vecina madrileña de 87 años que fue desalojada de su casa el pasado miércoles y Urbagestión Desarrollo e Inversiones S. L., la firma propietaria del inmueble. Tras más de cuatro horas reunidas, las partes alcanzaron un acuerdo para que Maricarmen volviera al que era su hogar, decisión ampliamente celebrada en la Puerta del Sol, donde los acampados se congratularon del pacto entre la inmobiliaria y los representantes de la vecina, aunque seguirán instalados en la plaza.
El acuerdo, de 20 puntos, detalla la prolongación del contrato durante ocho años y la afectada abonará una cantidad similar a la que venía pagando ahora, entre 450 y 500 euros mensuales, que sería el 30% de la cantidad que percibe de su pensión y/o rentas netas: unos 1.400 euros al mes. Hasta la fecha, de los 450 euros de alquiler unos 200 correspondían estrictamente al alquiler de renta antigua y el resto eran gastos de comunidad, agua y calefacción. Urbagestión le pedía 1.650 euros al mes antes de ejecutarse el desahucio por orden judicial tras un litigio de años.
El encuentro entre los responsables de la inmobiliaria, la abogada Beatriz Duro y la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, se desarrolló con la intermediación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo y de los Servicios Sociales municipales de Madrid (EMVS) cuyos servicios contemplan ayudar a las partes a la hora de elaborar el contrato, ofrecer garantías ante posibles impagos, y a los propietarios les permite elegir a su inquilino, aunque el arrendamiento máximo no puede superar el 30% de los ingresos netos de quien alquila.
El acuerdo convenido por ambas partes, con el Ayuntamiento de Madrid como intermediario, marca el final de un sinfín de propuestas que, afirman desde el Sindicato de Inquilinas, fue recibiendo la inmobiliaria conforme se acercaba la fecha del desahucio de Maricarmen, todas con respuesta negativa.
Parece que con el principio de acuerdo alcanzado por las partes, comienza la desescalada de tensión, que se remonta a 2018, cuando la inmobiliaria se hizo con la vivienda. La firma constató entonces que la titularidad del contrato había pasado, antes de Maricarmen, por su padre y su madre, lo que llevó a Urbagestión a presentar el documento, subrogado hasta dos veces, ante la justicia. Tras una batalla judicial que duró hasta 2023 y que en una primera sentencia de la Audiencia Provincial dio la razón a la vecina, el Tribunal Supremo falló finalmente a favor de la inmobiliaria.
"JUGAR A CAMPAÑA ELECTORAL"
Las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río y Valeria Racu, avanzaron este martes que la acampada en la Puerta del Sol continúa y la lucha "sigue en las calles", al tiempo que calificaron de "vergüenza" que se pueda separar en varias leyes su demanda. Racu calificó de "verdadera vergüenza" la posibilidad de dividir la norma y acusó al Ejecutivo de "jugar a la campaña electoral" y de practicar la táctica del "divide y vencerás", que, según dijo, consiste en romper el decreto para que solo queden "migajas".
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Asimismo, las portavoces exigieron que se apruebe un único texto, "sin una sola coma cambiada del ‘decreto Maricarmen", y advirtieron que cualquier otra cosa será "un decreto farsa", insistiendo, no obstante, en que no harán una valoración concreta hasta ver la "letra pequeña", porque hasta que no haya texto "no hay real decreto".
Ante la duda sobre el plazo de 48 horas para desalojar la plaza y la votación de convalidación en el Congreso este viernes, evitaron concretar planes: "Tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, se hará".
