Moncloa sigue cerrando filas con la crisis en Ceuta. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareció este viernes en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión realizada tras los acontecimientos ocurridos el pasado 30 de julio y mantuvo el mismo tono que el resto de miembros del Ejecutivo que han desfilado esta semana por sede parlamentaria, defendiendo a ultranza la gestión del Gobierno y realizando un llamamiento a la calma tras los últimos altercados y episodios de violencia. "Llamo a la calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta", aseguró nada más comenzar su intervención ante la Comisión de Interior antes de apelar a dejar al margen la confrontación política para resolver cuanto antes la situación de emergencia que se vive en la ciudad autónoma. 

La cita parlamentaria del ministro sirvió para realizar uno de los primeros anuncios de calado en el plano económico ante la actual emergencia. Marlaska afirmó que ha solicitado financiación europea para invertir 35,6 millones en Ceuta destinados al alargamiento de los espigones fronterizos de El Tarajal y Benzú, entre otras medidas estructurales "extraordinarias" que eviten futuras entradas masivas como la ocurrida el 30 de julio. El plan del Gobierno incluye la instalación de un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y la construcción de un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de carácter permanente para 800 personas, todo ello cofinanciado al 90% por la Unión Europea a través del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados. 

Las comparecencias de los ministros en las distintas comisiones esta semana están dejando una clara sensación de 'déjà vu', al coincidir todos en los mismos argumentos clave. Este viernes no fue distinto. Marlaska volvió a incidir en que Moncloa trabaja para que retornen a Marruecos los migrantes "que no cumplan las condiciones para quedarse", mientras que se dará "protección internacional" a quien la solicite y cumpla los requisitos de asilo. Y contextualizó la extrema complejidad de la zona, una ciudad de 83.000 habitantes y poco más de 18 kilómetros cuadrados cuya ubicación geográfica condiciona la seguridad. Marlaska también remarcó que en tan solo 24 horas la gran mayoría regresó de manera voluntaria a Marruecos.

Los representantes de los grupos parlamentarios no dudaron en volver a preguntar al ministro por el cruce de versiones entre él y Margarita Robles, ministra de Defensa, quien este martes aseguró en la Cámara Baja que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó el día previo del asalto masivo de lo que podía suceder. "Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía porque no es cierto", insistió Marlaska. No obstante, no quiso polemizar más aún con la titular de Defensa -a quien el resto de ministros han abandonado a lo largo de la semana respaldando el relato de hechos de Marlaska- al hacer hincapié en que no ha tratado en ningún momento de "responsabilizar a ningún servicio de información, ni al CNI, ni al CIFAS ni a los de la Policía Nacional o la Guardia Civil". "Si hasta lo dice el servicio exterior de la UE, que ellos no fueron capaces de concluir que algo así podía pasar, y ellos tienen medios y lo monitorizan todo", aseveró.

Donde no se atisba fisura alguna dentro del Ejecutivo es en la valoración sobre el papel que ha jugado Marruecos en esta crisis. El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños -que también compareció ayer- defendió con especial vehemencia a Rabat, llegando a acusar a la oposición de lanzar "ataques injustificados" contra el país vecino sin pruebas de su responsabilidad en lo acaecido el pasado julio. Y este viernes Marlaska tampoco dudó en seguir la misma línea poniendo en valor la colaboración "sostenida y eficaz" con las autoridades marroquíes, cuya "coordinación estrecha" -según él- resultó clave para encauzar las devoluciones y lograr el cese total de las entradas a partir del 1 de agosto.

En lo relativo al esfuerzo policial, Marlaska -que sí que calificó lo sucedido como un "ataque a la integridad territorial de España"- hizo hincapié en la consolidación de las plantillas en la zona. Con datos cerrados a junio de 2026, los efectivos disponibles en la ciudad autónoma han experimentado un incremento del 16,3% respecto a las cifras registradas en 2018. Esta evolución -insistió- sitúa la tasa en 15,1 agentes por cada mil habitantes, un ratio que cuadruplica la media del conjunto del Estado. Un músculo policial que, sostiene el ministro, "permitió reaccionar con celeridad" tras los eventos de finales de julio, desplegando un dispositivo operativo que supera en la actualidad los 1.600 efectivos sobre el terreno.

Paralelamente, Marlaska hizo referencia a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio, la cual impedía aplicar el mecanismo de rechazo en frontera a quienes accedieran a nado. Desde la publicación del fallo -recordó el ministro-, Interior intensificó la vigilancia marítima incorporando a primeros de julio 70 guardias civiles adicionales para el control perimetral y activando siete embarcaciones con 30 agentes de dotación. Tras los sucesos del 30 de julio, este despliegue por mar y aire se vio complementado con la llegada del buque Dama -con 12 guardias civiles a bordo-, un helicóptero del servicio aéreo y un equipo de drones.

"NEGLIGENTE"

 PP y Vox, por su parte, mostraron el mismo tono contundente que en el resto de comparecencias de ministros y ambas formaciones acusaron a Marlaska de ignorar los avisos previos sobre la presión en la frontera de Ceuta y no adoptar las medidas necesarias para reforzarla. "Si el Gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente", aseveró la portavoz de Interior de los populares, Ana Vázquez, quien exigió -una vez más- la dimisión del ministro.

Como respuesta, Marlaska condenó los discursos de odio de la ultraderecha -"y también la derecha"- que "buscan la crispación social y estigmatizar a personas vulnerables hablando de invasores y llamando a la caza del inmigrante". "Se necesita responsabilidad, serenidad y sentido de Estado", subrayó.