Para el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lo sucedido los días 30 y 31 de julio "no es una crisis migratoria al uso". "Es un episodio a través del que se ha puesto en jaque nuestra integridad. [...] Nuestra seguridad está en manos de un país tercero, Marruecos, que no reconoce nuestra soberanía", señaló el veterano mandatario del PP este jueves en una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos de Interior de la Eurocámara. Un análisis que comparten en la dirección nacional de su partido, cuyos dirigentes llevan días asegurando que la avalancha que provocó la entrada irregular de al menos 72.000 personas a la ciudad autónoma responde a una estrategia de "guerra híbrida" y "ocupación premeditada" impulsada por el reino alauí mediante la instrumentalización de la presión migratoria frente a los intentos del Ejecutivo de ceñirla exclusivamente a una crisis humanitaria.

Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez reconoce que lo acontecido en Ceuta es una violación de la integridad territorial de España ha evitado apuntar a Marruecos señalando directamente a las mafias del tráfico de personas que hicieron, como explicó el propio presidente durante su visita a la ciudad, una "lectura interesada" de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que limita las devoluciones en caliente de quienes llegan por mar. Los populares no niegan que la sentencia del alto tribunal del 16 de julio pudiese actuar como detonante pero ponen el foco en cómo decenas de miles de personas alcanzaron una de las fronteras más vigiladas del Magreb sin que un estado con potentes servicios policiales y de inteligencia pudiera impedirlo.

Las imágenes captadas durante esos días muestran la pasividad marroquí y la secuencia recuerda, al menos en su mecánica, a 2021. Aquel ingreso masivo, de casi 10.000 personas en apenas 48 horas, se produjo en un contexto de tensión diplomática por la acogida de Brahim Gali, líder del Frente Polisario, para ser atendido de coronavirus en un hospital de Logroño. Aunque en 2026 el contexto inmediato es distinto, presenta elementos que también pueden resultar incómodos para Rabat, como el reciente viaje de Sánchez a Argel o la proposición para conceder la nacionalidad a saharauis nacidos bajo administración española, que aún está pendiente de su aprobación en el Congreso.

El Gobierno ha preferido hasta ahora medir sus palabras y extremar la cautela para proteger la siempre complicada relación bilateral hispano-marroquí, un eje prioritario de la política exterior de Sánchez. El PP ha evitado también la confrontación directa con el reino de Mohamed VI y se ha limitado a cargar contra el Ejecutivo central por su pasividad y "lamentable" gestión de la crisis. "Nosotros tenemos que hacer oposición al Gobierno", justifican en la cúpula para eludir el choque con Rabat. 

GUERRA DE COMPETENCIAS

La crisis ha agrandado aún más si cabe la distancia entre Moncloa y Génova, que ha utilizado su ariete del Senado para tratar de poner contra las cuerdas al Ejecutivo solicitando la comparecencia para esta misma semana en las respectivas comisiones de los ministros directamente implicados en la crisis de Ceuta. El PP quiere que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Defensa, Margarita Robles, aclaren qué información manejaron Interior y el Centro Nacional de Inteligencia antes de la entrada masiva de finales de junio. Como publicó este periódico, España ignoró más de 20 avisos e informes oficiales que alertaban de que Marruecos planeaba instrumentalizar la inmigración como un ariete en su "guerra híbrida" contra el país, antes de que se desatara la masiva crisis en Ceuta.

También señalan al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por la crisis diplomática abierta con Italia a raíz del cierre de espacio Schengen o al titular de Presidencia, Félix Bolaños, de quien depende Seguridad Nacional, por el cese fulminante de la responsable de comunicación del Departamento después de la información publicada en la web del organismo sobre la entrada de miles de personas en la ciudad autónoma.

El Gobierno rechazó la petición del Senado alegando que sus ministros comparecerán en el Congreso casi un mes después de la crisis y otras razones, como "la falta de tiempo para su preparación". El presidente de la Cámara alta, el popular Pedro Rollán, ya ha advertido por carta a los ministros de que se adoptarán "las medidas que procedan" y se exigirán las "responsabilidades" oportunas si deciden no comparecer "sin causa debidamente justificada".

Rollán ha enviado además este domingo una misiva al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, quien previamente le había conminado a desconvocar las cuatro comisiones en la Cámara alta, avisando de que no puede pasar por alto la "notoria intención de escamotear al Senado el ejercicio de sus funciones constitucionales". Recuerda además que los miembros del Gobierno tienen "una genuina obligación jurídica" de acudir a las comisiones pertinentes e insiste en que, tanto el Congreso como el Senado, ejercen "en igualdad de condiciones" la función de control del Gobierno y los ministros "no pueden elegir libremente" ante qué Cámara comparecer.

La otra gran derivada de la crisis es la reubicación de los 1.342 menores extranjeros no acompañados que ha dejado en Ceuta la última oleada migratoria, y que ha llevado al Gobierno a anunciar la activación de la Ley de Extranjería aprobada hace un año para aliviar los centros asistenciales de la ciudad y reubicarlos en otras comunidades, anticipando otro choque que se visualizará el jueves en la comisión sectorial de Infancia y a la que no acudirán las tres comunidades, Extremadura, Aragón y Castilla y León, en las que Vox tiene bajo su paraguas las políticas de inmigración. Los gobiernos del PP ya han avisado de que plantarán batalla a una futura distribución poniendo todas las trabas políticas y judiciales posibles, mientras el Gobierno advierte de que si se niegan a acoger a los niños y adolescentes procedentes del enclave africano tendrá que actuar la Fiscalía.