Sin acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial para dar carpetazo a la queja contra el juez Juan Carlos Peinado por justificar la retirada del pasaporte a Begoña Gómez con el argumento de que sus propios escoltas podrían falicitar su huída. La comisión permanente del CGPJ abrió este martes el examen de las cinco propuestas redactadas por el Promotor de la Acción Disciplinaria para archivar las diligencias informativas que existen ahora mismo contra el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. No obstante, el máximo órgano decisorio de los jueces fue incapaz de alcanzar un consenso para eximir de responsabilidad al magistrado, por lo que ha optó por suspender la reunión y aplazar las deliberaciones hasta el próximo martes.

Entre los expedientes sometidos a debate figura la denuncia impulsada por el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a raíz del auto en el que Peinado sugirió que los policías nacionales encargados de la escolta de Begoña Gómez podrían ayudarla a fugarse. En esa resolución, el magistrado acordó la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno por cuatro presuntos delitos -la Audiencia de Madrid los ha rebajado a dos- y estableció diversas medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. Uno de los motivos esgrimidos para justificar estas medidas fue considerar que existe riesgo de fuga al señalar que "no cabe duda" de que los integrantes de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

El promotor, Ricardo Conde, se escuda en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para dar carpetazo definitivo a estas actuaciones al entender que no existe infracción disciplinaria directa. Ese precepto dice que cuando en las resoluciones judiciales se usen "expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes, manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico, el Consejo General del Poder Judicial solo procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior que conozca de la misma en vía de recurso".

A pesar de ello, las discrepancias internas en el seno del Poder Judicial mantienen, de momento, en el aire el destino de las denuncias interpuestas contra el juez. La comisión permanente se reunirá de nuevo el próximo martes para tratar de zanjar el asunto. Además, también tienen que estudiar el archivo de otras cuatro diligencias informativas abiertas en relación con distintas quejas recibidas contra el magistrado. Denuncias interpuestas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el interrogatorio al que le sometió en el Palacio de la Moncloa; el grupo municipal Más Madrid y el diputado socialista Pedro Guillermo Hita; la asesora de la mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez, Cristina Álvarez; y un particular.

Un cúmulo de expedientes que provocaron que hace un mes la comisión permanente, con los votos de tres vocales encuadrados en el sector progresista y el de la presidenta del CGPJ, que cuenta con voto de calidad, acordase que sería el Promotor de la Acción Disciplinaria el que analizaría si Peinado pudo incurrir en una "falta grave de consideración" y un "exceso o abuso de autoridad".

Los cuatro vocales del ala conservadora del Consejo suscribieron un voto particular en el que argumentaban que la resolución en la que Peinado hizo esas alusiones no compete al Consejo y debe revisarse por la vía ordinaria de recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid, pero este todavía no se ha pronunciado. La sala de apelaciones madrileña devolvió la semana pasada el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno al anular parcialmente el auto de apertura de juicio oral, sin entrar en el fondo ni pronunciarse sobre los razonamientos empleados para adoptar esa medida cautelar restrictiva de derechos fundamentales.