La Audiencia Nacional ha reactivado en dos frentes la causa contra Luis María Olalde Quintela, 'Txistu', antiguo miembro del comando Urola de ETA, tras confirmarse a raíz del terremoto de Caracas que continúa en Venezuela. El mismo 25 de junio, casi al tiempo que se difundía públicamente que el exetarra huido había sido rescatado con vida del edificio en el que murió su mujer, el juez Francisco de Jorge Mesas rechazó archivar por prescripción el sumario 43/1986, abierto por el atentado cometido el 13 de enero de 1979 contra una patrulla de la Guardia Civil entre Azpeitia y Azkoitia en el que fueron asesinados tres agentes. Días después, otro magistrado de la Audiencia, Santiago Pedraz, admitió a trámite la querella presentada por Dignidad y Justicia por esos mismos hechos. Ambos movimientos se suman a la investigación más amplia sobre los huidos de ETA en el país caribeño, aunque son independientes.

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 grados en la escala Richter sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026, causaron miles de víctimas mortales por los derrumbes en varios puntos del país. En Caracas, Olalde fue localizado entre los escombros de un edificio del barrio de San Bernardino donde residía junto a su esposa, Alazne Solabarrieta Lezea, nacida en Venezuela, de origen vizcaíno y emparentada con el exportavoz del PNV en el Congreso Iñaki Anasagasti. Ella falleció en el seísmo. Esa aparición de 'Txistu' ha permitido al colectivo de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) reclamar una actuación urgente para evitar un nuevo mutis del reclamado.

PRESCRIPCIÓN RECHAZADA 

Son dos resoluciones distintas sobre la misma persona. De Jorge mantiene viva la reclamación internacional contra Olalde al rechazar la prescripción. Pedraz, mientras, ha admitido la entrada de DyJ como acusación popular y da trámite a la querella en la que la asociación atribuye a 'Txistu' una participación directa en la preparación, colocación y activación de los explosivos utilizados en el citado atentado. La Fiscalía apoya la admisión de la querella, aunque pide esperar a que se resuelva el recurso contra el auto que conserva vigente la requisitoria antes de acordar nuevas diligencias.

El primer movimiento lo ha firmado Francisco de Jorge. En un auto dictado el 25 de junio, solo horas después del doble seísmo en el país caribeño, el magistrado rechazó la petición de la defensa de Olalde para extinguir la responsabilidad penal por prescripción y asumió el criterio de la Fiscalía, que se opuso al archivo y reclamó mantener activa la requisitoria internacional.

La resolución recuerda que, aunque se había manejado como posible fecha de prescripción el 16 de mayo de 2023, veinte años después de una resolución del Supremo de Venezuela, aquella decisión no llegó a ser definitiva. El auto sostiene que el 9 de junio de 2003 se propuso al Gobierno español la extradición del reclamado y que desde entonces no consta una respuesta que cierre aquel expediente.

El segundo movimiento se produjo días después, ya a instancia de Dignidad y Justicia, la asociación de víctimas que preside Daniel Portero, hijo del fiscal jefe de Andalucía asesinado por ETA. Pedraz admitió a trámite esta querella contra Olalde y aceptó la personación del colectivo. En su auto, el magistrado subraya que los hechos atribuidos a 'Txistu' aparecen individualizados por su forma de ejecución, tiempo y lugar. Además, recuerda que ya fueron enjuiciados respecto de otros integrantes del comando Urola. La Fiscalía ha informado a favor de admitir la querella.

El atentado se remonta a la madrugada del 13 de enero de 1979. Según la querella de DyJ, Olalde formaba parte del comando Urola junto a María Mercedes Victoria Galdós Arsuaga, 'Viteri' o 'Bitxori', y Félix Ramón Gil Ostoaga, 'Saldi', ambos ya condenados por estos hechos. El grupo habría vigilado a una patrulla de la Guardia Civil entre Azpeitia y Azkoitia y decidió colocar dos artefactos: uno contra el convoy y otro contra los agentes que acudieran luego al lugar.

Poco después de las tres de la madrugada, el primer Land Rover de la Guardia Civil pasó por el punto elegido. Cuando llegó el segundo vehículo, el artefacto explotó. El guardia civil Francisco Gómez Gómez Jiménez, de 28 años, murió ese mismo día. Otro agente, Juan Muñiz Sánchez, sufrió lesiones gravísimas, tardó 445 días en curarse y quedó con secuelas permanentes. Tres horas después, cuando los especialistas en explosivos inspeccionaban la zona, estalló la bomba-trampa. Murieron los guardias Miguel García Payo y Francisco Mota Calvo, ambos de 29 años.