El juez del 'caso Koldo', Ismael Moreno, imputa a la que fuera pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos durante su etapa en el Gobierno, Jésica Rodríguez. Tendrá que declarar el próximo 20 de julio en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción había hecho esta petición al magistrado instructor después de que en el Tribunal Supremo, durante el juicio contra el exdirigente socialista, su exmano derecha Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, saliese a relucir que habría estado enchufada en dos empresas públicas sin que hubiese llegado a trabajar de manera efectiva en ningún momento y que, además, haya quedado constatado en la sentencia emitida por el juez Martínez Arrieta hace tan solo una semana. También cita a declarar como investigados el mismo día a Joseba García, hermano de Koldo García -quien fuera asesor de Ábalos-, y al exalto cargo de Tragsatec Ignacio Zaldívar.

El Ministerio Público considera que la contratación de Rodríguez primero en Tragsatec y después en Ineco, a instancias de que el exministro usase su influencia como miembro del Gobierno, podría considerarse como un delito de "malversación de patrimonio público y tráfico de influencias". Según la Fiscalía, se trazó un plan bajo el conocimiento de Ábalos y la intermediación de Koldo García para que Jessica Rodríguez percibiera un sueldo público (recibió 34.450 euros de Ineco y 9.500,54 euros de Tragsatec) "sin realizar trabajo o función alguna". La imputación de Joseba García responde a que habría colaborado simulando que ella trabajaba bajo sus órdenes directas, mientras que Zaldívar habría presionado e intermediado para recolocarla en Tragsatec, presuntamente, por orden de la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

Durante el mes que duró el juicio oral contra Ábalos y Koldo, a los que han condenado a 24 y 19 años de cárcel respectivamente, la propia Jésica Rodríguez, que fue llamada a declarar en calidad de testigo, reconoció que había estado contratada en ambas empresas, pero que en ningún momento llegó a trabajar de forma real para ninguna de las dos entidades. No tuvo ningún problema en reconocer que fue enchufada por su expareja en empresas públicas y que cobró sin acudir a su puesto de trabajo, ya que lo único que hacía -y no siempre- era rellenar "partes semanales" para aparentar carga de trabajo.

Rodríguez admitió, como ya hizo en fase de instrucción hace más de un año, que cobró sin trabajar por figurar en nómina: primero, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021 en Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), dependiente del ministerio de su examante; y, posteriormente, desde el 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre de ese mismo año en Tragsatec, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

LA SENTENCIA DEL SUPREMO

El fallo del alto tribunal resaltaba que Zaldívar llamó a una responsable de Tragsatec con el objetivo de "intimidarla" para que "dejaran en paz a Jessica Rodríguez, precisándole que el ministro había hablado con la presidenta de Adif para mostrarle su desagrado por la situación generada". Una situación que narró la propia afectada también durante el juicio contra el exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE. En su dictamen, los magistrados concluyeron que "el proceso de contratación de Jessica Rodríguez fue impulsado directa y decisivamente desde la presidencia de ADIF, por iniciativa e indicación de Ábalos y bajo el control y la supervisión de Koldo García, quien se encargó de su rápida tramitación".

De hecho, el Supremo identificó a Rodríguez como beneficiaria de los delitos de tráfico de influencias y malversación. Los que ahora le imputa el juez Moreno. El alto tribunal considera, además, que el exministro socialista no solo se ocupó de que tuviera un techo bajo el que vivir -en relación al ático de lujo de Plaza de España que la trama del 'caso mascarillas' habría pagado como forma de "mordida"-, sino también una nómina pública.