El Gobierno aprobará este lunes un nuevo paquete de ayudas anticrisis para amortiguar los efectos económicos de la guerra en Irán, aunque el precio del barril de Brent, la referencia en el Viejo Continente, se sitúe en los niveles previos al conflicto bélico y pese a las advertencias del FMI, del Banco de España y de Bruselas sobre el elevado coste fiscal y la escasa focalización de algunas medidas. Moncloa renovará parte del escudo desplegado en marzo tras el estallido de la crisis en Oriente Medio, con especial atención a carburantes, industria, transporte y campo. Así lo confirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que afirmó que, "aunque la guerra pueda cerrarse en los próximos días", sus efectos "van a perdurar durante meses". "Ninguna familia, empresa o autónomo va a quedar desprotegido", aseguró. 

Tras semanas de reuniones con los sectores afectados, el Gobierno evita concretar qué medidas sobrevivirán y cuáles decaerán, pero en el Ejecutivo se da por hecho que el nuevo escudo será más selectivo que el anterior. "No nos dicen nada", explican fuentes de los sectores afectados a este periódico. "Solo nos cuentan que toman nota y que aguardemos a este lunes", apostillan estas mismas fuentes.

La prórroga de las rebajas fiscales a los carburantes sigue sobre la mesa, a pesar de la bajada del precio del crudo. El plan aprobado en marzo incluyó una reducción del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos al 10%, la rebaja del impuesto especial de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea y ayudas específicas para transportistas, agricultores y pescadores. En conjunto, el paquete movilizó 5.000 millones de euros en un solo trimestre.

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Ese diseño es precisamente el que cuestionan los organismos económicos. El FMI pidió en mayo a España retirar los subsidios energéticos para recomponer colchones fiscales y evitar distorsiones en los precios. Solo contempla prolongarlos si la situación se agrava y siempre que se transformen en ayudas quirúrgicas, dirigidas a los sectores y hogares más expuestos, no de forma universal.

También el Banco de España ha puesto el foco en la factura y el diseño del escudo: calcula que España es el país de la UE que más recursos ha movilizado por esta crisis, en torno al 0,25% del PIB, y advierte de que las medidas vuelven a apoyarse en rebajas impositivas poco focalizadas, como ya ocurrió en 2022 y 2023.

A esas críticas se sumaron el pasado viernes los técnicos del Ministerio de Hacienda. Gestha pidió al Gobierno que no reedite las rebajas fiscales generalizadas y que las sustituya por ayudas directas a los sectores más afectados. En un paquete de 13 propuestas, los técnicos sostienen que las bajadas indiscriminadas de impuestos en electricidad y carburantes son "regresivas" y "poco eficientes".

La crítica de fondo es que las rebajas generalizadas son caras, regresivas y reducen los incentivos al ahorro energético. Bruselas, que ha abierto la puerta a conceder a los Estados miembros un margen fiscal adicional para medidas energéticas, insiste al mismo tiempo en que las ayudas deben ser temporales, específicas y fiscalmente sostenibles.

Contexto diferente El contexto de mercado ya no es el de marzo. El Brent, referencia en Europa, ha vuelto a cotizar en torno a los 72 dólares, por debajo de los niveles previos al inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y lejos de los 126 dólares que llegó a alcanzar a finales de abril. Los carburantes también han empezado a corregir. Según el último Boletín Petrolero de la Unión Europea, la gasolina encadena cuatro semanas de caídas y se sitúa en 1,46 euros por litro, su nivel más bajo desde febrero. El gasóleo baja hasta 1,538 euros, mínimos desde la primera semana de marzo. Desde los máximos recientes, el diésel acumula un abaratamiento del 8,7% y la gasolina del 6,8%.

Aun así, el Gobierno sostiene que la normalización no será inmediata. Por el estrecho de Ormuz circula una parte relevante del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado, y cualquier amenaza sobre ese corredor se traslada a precios, fletes, contratos energéticos e inversiones.

Las empresas, por su parte, piden que la prórroga no sea solo un puente hasta octubre. La gran industria electrointensiva advierte de que el coste eléctrico del segundo trimestre se sitúa ya un 20% por encima de lo previsto antes de la guerra. La automoción también reclama oxígeno por la presión de los costes energéticos y logísticos, el encarecimiento del circulante y el retraso del Plan Auto+, dotado inicialmente con 400 millones de euros y que el sector ya sitúa en agosto. En paralelo, la siderurgia advierte de una doble presión: energía cara e importaciones.

El decreto de este lunes deberá equilibrar todas esas presiones: sostener a sectores vulnerables, evitar un repunte inflacionista en verano, responder a las advertencias de los organismos internacionales y aprovechar el margen que Bruselas pueda conceder sin tensionar más las cuentas públicas. La paz en Irán puede estar cerca, pero la economía española seguirá operando durante meses con una factura energética, industrial y fiscal heredada de la guerra.