Santos Cerdán y Leire Díez, antes de embarcarse en la creación de la ‘cloaca’ de Ferraz en la primavera de 2024, andaban en cosas más ‘terrenales’, según pone de manifiesto el sumario que instruye el juez Santiago Pedraz. La obsesión del exdirigente socialista, la ‘fontanera’ y los otros dos miembros del grupo Hirurok (el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández) era hacer dinero usando las influencias y la estructura de esa potentísima sociedad industrial. 

El plan para utilizar la SEPI para hacer negocios -apuntan los agentes de la UCO- echó a andar a las pocas semanas de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa, en el verano de 2018, con el nombramiento, el 22 de junio de ese año, de Fernández al frente del organismo, de la mano de la entonces ministra de Economía, María Jesús Montero. Sin embargo, ese plan se torció solo quince meses después, cuando Fernández tuvo que dimitir en octubre de 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar, relativo a las supuestas irregularidades en la concesión de la mina.

Bartolomé Lora, entonces vicepresidente de la SEPI, fue nombrado presidente interino, dejando vacante la presidencia efectiva. Según diversas fuentes, Montero esperaba volver a situar a Fernández al frente de la SEPI en cuanto el caso fuera sobreseído o él resultara ‘desimputado’.

Pero Cerdán y Leire no podían esperar tanto. Y fue entonces cuando la trama que luego alumbraría la ‘cloaca’ ideó una nueva hoja de ruta para seguir ‘metiendo mano’ en la SEPI: ‘rehabilitar’ a Fernández y devolverlo a un puesto clave de poder, aunque el caso siguiera vivo y él, encausado.

El plan aparece en un documento incorporado a la causa de Pedraz y hallado en poder de la trama en los registros del pasado diciembre. Esa hoja de ruta está fechada el 4 de febrero de 2021, cuando Lora todavía seguía como presidente interino y solo faltaban un par de meses para que Belén Gualda fuera nombrada presidenta con plenas funciones, ante las críticas por los casi dos años de interinidad de Lora. En ese documento, la trama Hirurok puso sobre la mesa una fórmula explosiva: reponer a Vicente Fernández en una "posición gubernamental" pese a seguir investigado por el concurso de la mina de Aznalcóllar y activar después "todas las maniobras dilatorias" para prolongar la causa judicial más allá de la legislatura.

La nota aparece en la causa dentro del bloque que investiga cómo el grupo Hirurok trató de mantener capacidad de influencia en la SEPI. No era un organismo menor. Para entonces, la sociedad estatal ya había gestionado rescates estratégicos en la pandemia, entre ellos los de Air Europa y Plus Ultra, ambos bajo investigación judicial, y el segundo con la sombra de Rodríguez Zapatero en distintas derivadas documentales. La SEPI era el centro de gravedad de ayudas públicas, decisiones industriales y expedientes millonarios.

MANIOBRA IMPORTANTE

Ese contexto explica la importancia de la maniobra. El sumario ya situaba a Vicente Fernández y a Cerdán en contactos desde 2018 para conservar "capacidad de influencia y decisión en la SEPI". Fernández presidió el organismo entre el 23 de junio de 2018 y el 4 de octubre de 2019, cuando dimitió tras ser imputado en Aznalcóllar. Después, según la tesis judicial, Leire Díez y el propio Fernández trataron de "recuperar el control de SEPI", ya con Belén Gualda al frente de la sociedad estatal desde marzo de 2021.

El documento de febrero de 2021 encaja en esa secuencia. Arranca recordando que "en virtud de un Auto de 1-Oct-2019, VFG pasó a tener la calificación de ‘investigado’ en el asunto de la mina de Aznalcóllar y dimitió inmediatamente como presidente de SEPI". A partir de ahí, construye el argumento para devolverlo a la escena institucional: la causa, según esa nota, estaba agotada desde el punto de vista penal y el criterio de Fiscalía, UCO e IGAE era favorable al archivo.

"La Fiscalía se adhirió a la petición de archivo el 4-Jun-2020, negando la existencia de ningún delito por parte de VFG", recoge el texto. Añade que "la misma conclusión de que no existía ninguna clase de delito la afirmaron también previamente la UCO de la Guardia Civil y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)". Incluso subraya que "la Junta de Andalucía (actual, PP+C’s) también pidió el archivo del asunto".

Ese planteamiento bebe directamente de las conclusiones del informe final del Ministerio Fiscal sobre Aznalcóllar. Fiscalía pidió terminar la instrucción porque "la investigación de los hechos denunciados se encuentra conclusa" y "no procede acordar la práctica de diligencia alguna". También rechazó el cohecho porque "no contamos con indicio o elemento probatorio alguno" que pudiera sugerir siquiera provisionalmente un delito, descartó la prevaricación y sostuvo que la UCO no había detectado "ninguna comunicación" que permitiera inferir presiones para favorecer a un licitador.

Con ese aval, la nota de trabajo da el salto político: "Sin embargo, para evitar el perjuicio de esas dilaciones procesales, con el aval explícito del criterio de la Fiscalía (precedido por el de la UCO y el de la IGAE), el Consejo de Ministros podría reponer en su posición gubernamental a VFG".

La frase es decisiva. El documento no se limita a defender la inocencia de Fernández ni a reclamar el archivo de Aznalcóllar. Propone devolverlo a una posición de poder mientras la causa seguía formalmente viva. Y, para blindar esa reposición, plantea alargar el procedimiento: "En tal caso, se podrían activar todas las maniobras dilatorias por el abogado de VFG para intentar que la instrucción se prolongara más allá de la presente legislatura".

La hoja de ruta incluía "pedir declaraciones de personas y empresas que concurrieron a la licitación", solicitar "comisiones rogatorias a Canadá" y encargar "periciales sobre alteraciones espurias del valor de cotizaciones en bolsa". La finalidad aparece escrita sin rodeos: "De esta forma se garantizaría que no existiera nunca un nuevo Auto contrario a VFG después de ser nombrado otra vez para el puesto del que dimitió".

VENTANILLA CRÍTICA

El plan resulta especialmente sensible por el momento en que se formula. La pandemia había convertido a la SEPI en una ventanilla crítica de rescates empresariales y ayudas públicas. En ese escenario, el sumario sostiene que el entorno de Cerdán no quería perder la palanca. Con Fernández fuera, la operación pasaba por mantener o recuperar influencia dentro del organismo. En otros documentos de la causa aparecen referencias al "superjefe", a movimientos hechos "a través de Santos" y a una cadena de comunicaciones que los investigadores vinculan al papel de Cerdán como vértice político.