El juicio por la contratación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha quedado este martes visto para sentencia tras concluir la lectura de los informes definitivos de las defensas que piden de forma unánime la absolución para los once acusados.

En el derecho a la última palabra, que David Sánchez ha declinado ejercer, el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo ha afirmado que "la única culpabilidad" de los once acusados es "no tener las mismas ideas (políticas) que las acusaciones populares", entre las que figuran las de PP, Vox y HazteOir.

A juicio de Gallardo, para quien se piden hasta seis años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, las acusaciones populares no tenían interés en lo que pasaba en el plenario, pues solo han buscado "el juicio mediático paralelo".

"Han ganado el juicio socialmente", ha agregado.

También han intervenido en su derecho de última palabra tanto el que fuera diputado provincial de Cultura Francisco Martos como el actual, Ricardo Cabezas; el director de esta misma área, Manuel Candalija, y el funcionario Félix González.

"El calvario que he pasado", en alusión al juicio en sala y al mediático, "no me lo merezco", ha dicho este último, cuyas palabras han sido respaldadas por Candalija al criticar "el acoso mediático" al que se ha visto sometido.

Tanto Martos como Cabezas han defendido la labor de las Diputaciones provinciales a la hora de extender y apoyar la cultura en los municipios. "Me veo aquí (en el banquillo de los acusados) y no lo acabo de entender", ha manifestado Martos ante la sala.

Previamente, Salvador Morillas, letrado de Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y al que le fue adjudicada la plaza de 'jefe de actividades transfronterizas' en la Diputación, ha expuesto en su informe que las únicas pruebas relacionadas con su cliente son exclusivamente para dictar una resolución absolutoria.

Carrero, el único candidato que optó a dicha plaza, la cual ocupó en enero de 2024 (dimitió en junio de 2025), es uno de los once acusados en este juicio y para el que las acusaciones populares piden hasta un año y seis meses de cárcel y nueve años de inhabilitación.

Ante la falta de pruebas de cargo, Morillas ha afeado a las acusaciones populares por su "actuación temeraria" de "tipo político mediático".

Ha aseverado que carece de toda lógica que el puesto de su cliente se creara para satisfacer "los caprichos personales" de David Sánchez y que Luis Carrero aterrizara en la Diputación para hacer "los trabajos" del hermano del presidente, como así han apuntado las acusaciones populares.

Más allá de que el proceso de adjudicación del puesto fue "limpio como una patena y aprobado por el pleno provincial donde también estaba el PP", esta plaza "sigue hoy vigente y desempeñándose" por otra persona, lo que demuestra su idoneidad, ha añadido Morillas.

Antes del letrado de Carrero ha intervenido Raúl Montaño, abogado de Ricardo Cabezas, diputado provincial de Cultura, para quien las acusaciones populares piden hasta un año y medio de prisión y seis años de inhabilitación por su presunta intervención en la creación del puesto de Carrero.

Al inicio de su exposición, Montaño ha sido crítico con las acusaciones, que han planteado "discursos imaginativos" y "novelas policiacas", donde las pruebas de cargo para sostener los delitos de tráfico de influencias y prevaricación no han existido.

También ha defendido el trabajo del Ministerio Fiscal, que pide la absolución para los once acusados, a pesar de los intentos de las acusaciones de "vilipendiar" su figura.

"Sigo sin saber de qué tengo que defender a mi cliente", ha dicho el letrado en alusión a "dónde están las influencias" ejercidas por su patrocinado, pues, según ha expuesto, Cabezas solo aparece en uno de los miles de correos intervenidos por la UCO.