Tribunales
La UCO acusa al PSOE de dar "soporte" a la trama de las 'cloacas' para "proteger" a Sánchez
Sostiene que la red liderada por Cerdán activó recursos económicos, infraestructuras y logística para el "objetivo principal" de torpedear las causas que cercan al presidente y al partido
Publicado el 04/06/2026 a las 05:00
La revelación del sumario sobre la existencia de una presunta operación ilegal para torpedear las causas judiciales que asedian a los socialistas y, singularmente, al presidente Pedro Sánchez, coloca al PSOE en el centro de la diana de las investigaciones. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la presunta trama de las 'cloacas' de Ferraz no solo habría recibido dinero del partido que gobierna en coalición, sino que éste la nutrió directamente con medios, logística, infraestructuras y cobertura económica. Según el atestado 93/2026, remitido por el instituto armado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tras los registros del miércoles de la semana pasada, la actividad investigada se habría desarrollado "bajo el soporte del PSOE". Y esa cobertura se articuló, de acuerdo a los indicios recabados, "a través de Santos Cerdán", quien fuera el hombre fuerte de Sánchez en Ferraz e investigado ahora en tres tramas de corrupción.
Este atestado de la UCO constituye uno de los documentos que vertebran el sumario de las 'cloacas' del PSOE, al que ha tenido acceso este periódico tras el levantamiento del secreto decretado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional. El informe de los agentes identifica a Cerdán como el sospechoso principal que utilizó supuestamente los engranajes del partido para engrasar y poner en marcha la maquinaria destinada a intentar desbaratar las investigaciones incómodas que conciernen al entorno personal y partidario de Sánchez. Una cabeza jerárquica, la del entonces diputado y secretario de Organización, cuya lugarteniente era -señala el equipo dirigido por el teniente coronel Antonio Balas- Leire Díez, la llamada 'fontanera' de Ferraz.
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Según el atestado, esa estructura no nació para una actividad genérica de apoyo o asesoramiento político, como trató de escudarse Díez cuando reventaron sus maniobras hace casi un año, sino para actuar sobre causas judiciales sensibles percutiendo en jueces, fiscales y agentes de la ley. La UCO sostiene que el análisis de las evidencias intervenidas en la investigación de Hirurok -la red en la que, inicialmente, solo se encuadraba a la 'fontanera', el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández- reveló otra actividad criminal, cuyo inicio se fecha en 2024 y que tenía como "objetivo principal la protección de los intereses afectados por diversas causas judiciales" que, "directa o indirectamente", presentaban afectación al PSOE, a "ciertos miembros del Gobierno o su presidente".
"Dicha actividad (la de las presuntas 'cloacas') se habría desarrollado bajo el soporte del PSOE, mediante la puesta a disposición a través de Santos Cerdán de infraestructuras y soporte económico para sufragar las actuaciones y dar cobertura logística a las acciones de este grupo de personas", escribe la UCO en el informe entregado a Pedraz. El momento fundacional para lanzar la trama ha quedado fijado por los agentes en el 26 de abril de 2024, cuando Cerdán reunió al resto de implicados en el lapso que medió entre la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía en la que anunciaba sus cinco días de retiro ante la imputación de su mujer por el juez Peinado y su decisión de proseguir en La Moncloa para combatir "el fango". El documento policial sitúa esa operativa irregular como una derivada de la investigación abierta meses después, tras los registros efectuados en diciembre de 2025 en el 'caso SEPI'. Una actividad arraigada en las entrañas de Ferraz que se habría desplegado mediante actos de "aparente naturaleza delictiva" dirigidos a "desestabilizar" los procedimientos judiciales que acorralan a los socialistas poniendo en jaque la legislatura.
En ese nuevo frente aparecen, desglosa la Guardia Civil, Cerdán, Gaspar Zarrías -el otrora todopoderoso dirigente del PSOE andaluz-; el empresario Javier Pérez Dolset; Juan Manuel Serrano, ex jefe de Gabinete de Sánchez en el partido y expresidente de Correos; el abogado vinculado a los socialistas Jacobo Teijelo; y el también letrado Ismael Oliver. La UCO añade que la organización se habría valido de "otros colaboradores"; entre ellos, Leticia de la Hoz, abogada que ejerce la defensa de Koldo García. Es una relación de nombres que cruza varias causas: el 'caso Koldo-Ábalos', la trama de la SEPI, la causa de la 'fontanera' y, ahora, las maniobras contra jueces, fiscales, guardias civiles y testigos.
La UCO concreta incluso qué personas dentro del aparato socialista habrían intervenido en esa logística. El atestado señala a dos empleadas del partido, Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez (ya conocida como pagadores de los sobres), como las responsables de gestionar parte de las necesidades de la trama. Ellas serían las "encargadas de gestionar algunas de las necesidades surgidas en cuanto a transportes, desplazamientos o gastos", recoge literalmente el informe policial.
COBERTURA ECONÓMICA
Ese punto es especialmente relevante porque transforma la investigación sobre pagos en una investigación sobre funcionamiento interno. Si las empleadas de Ferraz gestionaban transportes, desplazamientos o gastos, la UCO no busca solo saber quién cobró, sino quién organizó, quién autorizó, quién contabilizó y qué estructura administrativa permitió que esos movimientos se produjeran. La trama, de acuerdo a la tesis policial, habría usado recursos ordinarios del partido para fines que la Audiencia Nacional investiga como presuntamente delictivos.
El atestado introduce después una tercera capa: la cobertura económica no se habría limitado al PSOE como pagador directo. La UCO sostiene que "la cobertura económica iría más allá" y que la organización se habría valido de "terceras personas físicas y jurídicas" para hacer llegar fondos a sus miembros. Esa referencia abre la puerta a varias líneas ya investigadas por Pedraz: pagos mediante consultoras, encargos profesionales, facturas presuntamente falsas, sociedades interpuestas y contratos que habrían servido para justificar trabajos aparentes. En el auto de la causa, el juez ya hablaba de "facturas mendaces" y situaba en el foco a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, por su posible papel en la cobertura documental de esos pagos. El atestado policial refuerza ahora la idea de que el dinero no circulaba de forma simple, sino a través de circuitos que podían ocultar el origen, el destino o el verdadero concepto de los abonos.
El término utilizado por los agentes -"cuantías previstas"- también es significativo. Sugiere que los pagos respondían a tareas asignadas dentro de una estructura organizada, no a compensaciones improvisadas. La UCO habla de fondos entregados "a cambio de las tareas desempeñadas", lo que permite conectar la financiación con acciones concretas: obtención de información sensible, maniobras sobre testigos, intentos de desacreditar a fiscales y mandos de la Guardia Civil, y actuaciones dirigidas a obstaculizar procedimientos judiciales incómodos para el PSOE o el Gobierno.
