El Gobierno ha entregado a la UDEF un expediente del rescate de Plus Ultra con "carpetas vacías de contenido", archivos que "no pueden ser abiertos", documentos citados por los asesores externos que "no figuran entre los aportados" y correos electrónicos limitados "únicamente al año 2025", pese a que la ayuda de 53 millones a la aerolínea se aprobó en 2021. 

Es una de las novedades más llamativas del informe 1907/26 UDEF-BBCA, el segundo atestado del 'caso ZP' que vio la luz este sábado. El documento, elaborado por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, no solo analiza la presunta red de influencias que la Policía sitúa alrededor de José Luis Rodríguez Zapatero, sino que abre una grieta documental en el expediente administrativo que permitió salvar con dinero público a la compañía. 

Un desembolso millonario en el que tuvo un papel clave la influencia del exdirigente socialista, insiste la Policía. La UDEF explica que requirió a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo público que gestionó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), "toda la información relacionada con la ayuda pública temporal" concedida a Plus Ultra. 

La respuesta, según el informe, llegó incompleta. Algunas carpetas "se encuentran vacías de contenido y no tienen documentación", con especial relevancia en las relativas a las "comisiones de seguimiento".

Otros archivos, sobre todo los de "subsanación de errores", "no pueden ser abiertos". Y varios documentos referenciados en el expediente administrativo no aparecen entre el material remitido a los investigadores.

PAPELES TRASCENDENTALES

Entre las ausencias destaca una especialmente sensible: el "certificado de estar al corriente de deudas con la Seguridad Social de fecha 24/02/2021".

La propia UDEF subraya que Deloitte, asesor externo del procedimiento, alude a ese documento en su informe legal, por lo que debería figurar en la carpeta de documentación aportada por Plus Ultra. Pero no estaba.

Tampoco apareció, según el atestado, el contrato de arrendamiento de una aeronave suscrito el 30 de noviembre de 2019 con Modus Securitisation. No son papeles menores. Uno afecta a la solvencia administrativa de la compañía; el otro, a su estructura operativa.

El punto de la Seguridad Social es fundamental porque estar al corriente de pago era una de las condiciones para poder acceder al rescate público. 

Plus Ultra presentó su solicitud formal ante la SEPI el 1 de septiembre de 2020 acompañada de certificados fechados el 20 de agosto de ese año. Esos documentos afirmaban que la aerolínea "No tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social". 

Uno estaba firmado por José Luis Encinas Prado, subdirector general adjunto de Recaudación en periodo voluntario; otro, por Belén Fruiters Casado, jefa de sección de la Tesorería en Madrid. Esa apariencia de regularidad fue esencial para que el expediente siguiera adelante.

IMPOSIBLE RECONSTRUIR

El problema, según la UDEF, es que la información remitida después por la Tesorería General de la Seguridad Social no encaja de forma limpia con esa fotografía. El informe policial analiza la existencia de deuda, aplazamientos y certificados expedidos en distintos momentos, y coloca ese bloque entre los "indicios de irregularidades en la obtención de la ayuda pública". 

La aerolínea necesitaba acreditar que cumplía los requisitos. La Policía, sin embargo, constata que el expediente entregado no contenía toda la documentación que debía permitir reconstruir con claridad cómo se validó ese requisito.

La grieta documental no termina ahí. En relación con las comunicaciones, la UDEF señala que los correos electrónicos incorporados al expediente remitido por la SEPI se limitan a intercambios entre el FASEE y Plus Ultra "relativos únicamente al año 2025", por lo que "no se aprecia en ellos información relevante relacionada con la fase de concesión de la ayuda pública". 

Es decir, el organismo aportó correos de seguimiento posteriores, pero no el flujo completo de comunicaciones de 2020 y 2021, cuando se tramitó y aprobó el rescate.

La Policía precisa que esos correos existieron o debieron existir. De hecho, algunos aparecen en formato PDF dentro de carpetas del expediente, pero no como comunicaciones completas.

La UDEF cita, como ejemplo, la respuesta de Plus Ultra a una petición de subsanación de errores del 22 de diciembre de 2020, pero advierte de que no consta la petición previa de la SEPI del 14 de diciembre. La secuencia está incompleta: aparece la contestación de la aerolínea, pero no el requerimiento que la originó.

El segundo requerimiento judicial tampoco despejó las dudas. La SEPI aseguró que la nueva entrega equivalía a la anterior, con el añadido de información de seguimiento desde el 18 de diciembre de 2025.

Pero al comparar ambos envíos, la UDEF concluyó que "ambos difieren más allá de lo indicado por la SEPI". En concreto, el número de archivos y carpetas aportados en la segunda respuesta era "notablemente inferior" al del primer envío, "desconociéndose dichos motivos".

El informe añade otro dato incómodo: había documentos que constaban en fuentes abiertas y no figuraban en la documentación remitida. La UDEF cita al menos las actas de la SEPI de los días 9 y 23 de febrero de 2021, dos fechas plenamente insertas en la fase de concesión de la ayuda.

También detecta ocho documentos que sí obraban en la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza número 2, pero no estaban entre los aportados por la SEPI en respuesta a los requerimientos judiciales.

Ese expediente incompleto es el suelo administrativo sobre el que la Policía coloca después la presunta red de influencias. 

El informe 1907 sostiene que fue detectado un "complejo entramado societario" formalmente instrumentalizado por Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero y administrador de Análisis Relevante, para generar "facturación 'ad hoc'" y dar "cobertura formal" a movimientos financieros. 

En esa estructura, añade la UDEF, "el liderazgo no visible en la estructura formal lo ejercería José Luis Rodríguez Zapatero".