“Esta trama no son las ‘sobrinas’ de Ábalos”. Es la definición, conversación a primerísima hora de este viernes, de uno de los exhaustos agentes de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF que sigue el rastro del caso Zapatero, la causa por presunta corrupción que involucra al expresidente del Gobierno y cuya imputación ha provocado una convulsión política de impredecibles consecuencias. La frase del uniformado resume el salto de escala: los investigadores no persiguen esta vez una caja B doméstica ni una cadena de favores cutres ni una agenda de prostíbulos. La UDEF se enfrenta a una arquitectura de empresas, intermediarios, testaferros, clientes, autoridades y canales internacionales que la investigación que dirige el juez José Luis Calama perfila ya como una densa tela de araña que puede marcar un hito en las causas por corrupción política en España.

En el centro de esa presunta red, de acuerdo al demoledor auto del titular del Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, aparece José Luis Rodríguez Zapatero. La resolución que levantó el martes el secreto sumarial lo sitúa como líder estratégico de una “estructura organizada y estable” que habría utilizado sus “contactos institucionales y empresariales de alto nivel” para obtener beneficios -para su enriquecimiento- mediante gestiones ante instancias públicas. A su alrededor, el núcleo operativo: Julio Martínez Martínez, su amigo y señalado como su alter ego societario; María Gertrudis Alcázar, su fiel secretaria, ahora ubicada en la oficina del expresidente en la madrileña calle Ferraz, junto a la sede del PSOE; y Cristóbal Cano Quiles, bajo sospecha como gestor diario del entramado. Tres piezas para tres funciones: clientes, documentos y facturas.

Pero la dimensión del caso se entiende incluso mejor con números que con nombres. En las mesas de la UDEF ya están las fichas de 60 personas físicas bajo investigación y los nombres de 28 empresas, sociedades y mercantiles, reales, instrumentales o sin actividad real acreditada, y de toda naturaleza: Plus Ultra y Voli Analítica (aviación); Análisis Relevante, Inteligencia Prospectiva, Afitta o Caletón Consultores (consultoría); Whathefav (marketing); Softgestor (gestoría); Idella Consulenza Strategica (intermediación); IoT Domotic Europe (informática); Summer Wind (aeronáutica); Gate Center (think tank)...

Y el mapa salta de España a Venezuela, Estados Unidos, Suiza, Francia, Panamá, China, Dubái o Luxemburgo. Calama ya ha abierto una pieza separada y secreta para pedir ayuda internacional y tratar de determinar hasta dónde llegan las cabezas de esta presunta hidra corrupta.También el baile de flujos económicos y las cifras aparejadas explican la maraña y la escala de este universo societario supuestamente destinado a opacar fondos.

El rescate de Plus Ultra aprobado por el Gobierno de Sánchez, bajo la posible influencia de Zapatero, sumó 53 millones del erario público. El contrato de Idella fijaba una comisión del 1%, unos 530.000 euros. Análisis Relevante habría pagado 490.780 euros al expresidente y 239.755 a Whathefav. Inteligencia Prospectiva abonó 561.440 euros a esta empresa de sus hijas. Thinking Heads remitió 681.318 euros al cabeza de familia. Gate Center, otros 352.980. Summer Wind recibió casi 3,98 millones de Plus Ultra y pagó 213.202 a Afitta. Aldesa, la constructora española ahora con mayoría de capital chino, efectuó pagos por 133.100 más. Calama cuantifica en torno a 1,9 millones los beneficios atribuidos al entorno de Zapatero.

Plus Ultra es la puerta de entrada, pero no agota el caso. La aerolínea aparece como beneficiaria de la ayuda pública y como cliente que activa dos vías de influencia: una por el entorno del entonces ministro Ábalos y otra por Zapatero. El auto considera esta última la “predominante” y exitosa. En ese circuito figuran Rodolfo Reyes, Julio Martínez Sola, Roberto Roselli, Camilo Ibrahim o Raif El Arigie, directivos y accionistas que buscan apoyos y celebran que Zapatero -denominado “nuestro pana”- esté detrás de sus ambiciones.La vía institucional es solo una rama. En España aparecen el Ministerio de Transportes, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la Seguridad Social y la oficina oficial, en su calidad de expresidente, de Zapatero en Ferraz. En Venezuela, Delcy Rodríguez, “la Dama”, controla según los mensajes la asignación de barcos; Juan Manuel Teixeira, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil venezolano, entra en la autorización de vuelos; y el empresario canario Manuel Aarón Fajardo es definido como “la pieza de ZP en Venezuela”. La trama, de acuerdo al auto del instructor, no llama siempre a la puerta principal. Rodea, triangula, envía a terceros…

LA ESTÉTICA DEL SOBORNO

El dinero circulaba, además, con una estética muy distinta a la de los viejos sobornos en metálico. Los investigados hablaban de una “finance boutique” montada alrededor del exmandatario socialista y de que por ahí vendría “la mordida”. En las antípodas de las comisiones de las constructoras repartidas a viva voz entre tres personajes como el propio Koldo, Ábalos y el sucesor de éste en la secretaría de Organización, Santos Cerdán. Lo del caso Zapatero es una ‘tienda de influencias’ 2.0 con escaparate de consultoría: informes geopolíticos, contratos de asesoría, facturas de marketing, análisis internacionales, sociedades en cascada y pagos que entraban y salían con envoltorio profesional. El género expuesto se nutría de estudios sobre países y mercados. Pero la mercancía real que investiga Calama era el acceso a nombres, administraciones y gobiernos.

Ese es el salto cualitativo respecto al caso Koldo, los tejemanejes en el bar Franky de Pamplona atribuidos al exasesor de Ábalos y Cerdán o los pisos de alquiler de Malasaña para ‘fiestas’ con los pagadores de las constructoras: el clásico de la corrupción, más visible, más reconocible y también más tosco. En aquella trama, el dinero seguía el carril casi primario de la obra adjudicada, el porcentaje pactado y el reparto entre comisionistas. Aquí, según el auto que imputa a Zapatero, el itinerario es más opaco: consultoras, think tanks, sociedades en Emiratos, cuentas en Miami, conexiones venezolanas, contratos de apariencia técnica y una pieza secreta sobre otros pagos por acceso a funcionarios.

Solo la figura del conseguidor Víctor de Aldama sobrevuela como nexo entre el mundo sórdido de ‘las señoritas’ de Ábalos y el aparente glamur como mediador internacional del exmandatario español. No porque el auto de Calama lo cite -no aparece ni una sola vez-, sino por sus declaraciones públicas y judiciales sobre su relación con Zapatero y Venezuela. Aldama ha asegurado que compartió con el expresidente un vuelo de algo más de una hora entre Caracas y Santo Domingo en un avión del Gobierno chavista. Zapatero admitió después en el Senado haber compartido ese trayecto, aunque dijo desconocer quién era De Aldama y negó cualquier relación posterior. El imputado por el caso mascarillas, a punto de sentencia, lo ha presentado como una escena de poder: Nicolás Maduro pidiendo al expresidente que viajara con él y él interpretando que, en ese momento, era más útil para Caracas que el propio Zapatero.

El comisionista también ha declarado ante la justicia que el rescate de Plus Ultra fue una “orden directa” de Pedro Sánchez tras una petición expresa de Zapatero, extremo que no forma parte del armazón del auto y que el expresidente niega. Ha hablado de teléfonos desechables, de agendas venezolanas y de supuestos intereses económicos del expresidente en el país de Maduro. Son elementos de contexto, no la base documental de Calama. Pero ayudan a explicar por qué el ecosistema Koldo-Ábalos y la carpeta Zapatero se rozan sin confundirse.

El auto, de hecho, no necesita a De Aldama para levantar su hipótesis. Tampoco la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias que el Gobierno exhibió para intentar desacreditar el caso. Se apoya en una investigación minuciosa de casi dos años iniciada con la ayuda de Suiza, Francia y Estados Unidos y desarrollada gracias a la incautación de mensajes internos, contratos, transferencias, sociedades, reuniones, agendas, facturas y rastros bancarios. La UDEF cruza ahora cuentas, teléfonos y material intervenido en Ferraz. El final no se ve en el complejo de Canillas de Madrid, cuartel general de la brigada antiblanqueo.