El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado la concesión de terceros grados "fraudulentos" a los miembros de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, y Eneko Gogeaskoetxea Arronategui por parte del Gobierno vasco, y considera que ambas decisiones constituyen "una nueva muestra de la amnistía encubierta" que el Ejecutivo autonómico vasco viene aplicando a los presos de ETA.

Para COVITE, estos terceros grados vuelven a confirmar que el Gobierno vasco está facilitando regímenes de semilibertad a condenados por delitos gravísimos de terrorismo sin exigirles un arrepentimiento real, público, verificable y acompañado de hechos objetivos. "No estamos ante una política de reinserción, sino ante una política de vaciamiento progresivo de las cárceles de presos de ETA, exactamente en la dirección exigida por la izquierda abertzale en este final de ETA negociado que vivimos desde el año 2011: sin un arrepentimiento sincero ni una desvinculación del entorno social y político que todavía hoy legitima a ETA", ha denunciado la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez.

El caso de Juan Carlos Iglesias Chouzas, ‘Gadafi’, resulta especialmente grave para el Colectivo. COVITE recuerda que a este etarra, condenado por numerosos crímenes y responsable, entre otros, del asesinato del niño de dos años Fabio Moreno, ya se le concedió un tercer grado hace menos de un año, en octubre de 2025. Aquella decisión fue recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y posteriormente revocada por el juez de Vigilancia Penitenciaria. A pesar de ello, el Gobierno vasco ha vuelto a concederle ahora el tercer grado. "Que el Gobierno vasco vuelva a beneficiar con un tercer grado a ‘Gadafi’ después de que un juez ya corrigiera una concesión anterior demuestra que no estamos ante errores aislados, sino ante una política deliberada que sigue las instrucciones de SORTU. El Gobierno vasco insiste en forzar la legalidad para conceder semilibertades a presos de ETA a pesar de que los tribunales ya le hayan advertido de que no debería hacerlo así", ha señalado Ordóñez.

Asimismo, COVITE insiste en denunciar que el Ejecutivo vasco sustente el requisito legal del arrepentimiento en cartas privadas que no van acompañadas de signos públicos y objetivos de desvinculación del entramado político y social que sostuvo a ETA durante décadas y todavía hoy justifica sus crímenes. En este sentido, COVITE subraya que los recientes autos del juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro, que han dejado sin efecto los artículos 100.2 concedidos a los etarras Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, y Juan Ramón Carasatorre, han confirmado una de las principales denuncias del Colectivo: el carácter puramente instrumental de estas cartas. Dichas resoluciones judiciales han puesto de manifiesto que, en algunos casos, los escritos de supuesto arrepentimiento se redactan inmediatamente antes de la concesión del beneficio penitenciario, incluso apenas un día antes, lo que evidencia que no responden a un arrepentimiento sincero, sino a una estrategia para acceder a regímenes de semilibertad y cumplir con la apariencia de legalidad de todo este proceso.

"Las víctimas no tenemos por qué creernos cartas privadas redactadas justo antes de obtener un beneficio penitenciario. No se nos puede pedir un acto de fe. Si esas cartas fueran sinceras, serían públicas y vendrían acompañadas de una ruptura inequívoca con la izquierda abertzale por parte del preso en cuestión", ha afirmado Consuelo Ordóñez. COVITE recuerda que la propia Audiencia Nacional ya dejó claro en 2023, al revocar el tercer grado del etarra Xabier Atristain, que las manifestaciones genéricas de rechazo de la violencia o reconocimiento del daño no son suficientes si no van acompañadas de "signos inequívocos de desvinculación", tal y como afirmó la propia Audiencia Nacional en su auto.

El Colectivo también denuncia que estas dos nuevas concesiones de terceros grados "fraudulentos" se producen en un contexto en el que el Gobierno vasco ha sido corregido recientemente por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en relación con los 100.2 concedidos a ‘Anboto’ y Carasatorre. En los autos, el juez José Luis Castro recordó que las medidas excepcionales como el artículo 100.2 no pueden utilizarse como atajos para conceder regímenes de semilibertad y que requieren una justificación individualizada, una motivación reforzada y, sobre todo, la existencia de un programa específico de tratamiento que no pueda ejecutarse dentro de prisión.

Para COVITE, esa misma lógica debe aplicarse a los terceros grados concedidos ahora a Gogeaskoetxea y a Iglesias Chouzas. "El Gobierno vasco está convirtiendo la excepcionalidad en norma y el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en una trampa. Se cumple la ley en la forma, pero se traiciona por completo su espíritu. Por eso hablamos de terceros grados fraudulentos", ha denunciado Ordóñez.

COVITE reclama a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra ambos terceros grados y ejerza con firmeza su función de defensa del derecho de las víctimas a la justicia en la fase de ejecución de las condenas. El Colectivo recuerda que las víctimas no pueden personarse en esta fase, por lo que la Fiscalía es la única institución con capacidad efectiva para impugnar estas decisiones. "Cuando la Fiscalía recurre, como ya ocurrió con el tercer grado anterior de ‘Gadafi’, el juez de Vigilancia Penitenciaria puede corregir estas decisiones. Por eso exigimos que actúe también ahora. Si la Fiscalía mira hacia otro lado, se continuará consolidando una amnistía encubierta que supone una burla a las víctimas y un mensaje devastador de impunidad", ha concluido COVITE.