El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aclaró este martes que ningún extranjero con antecedentes penales o que suponga "un riesgo" para la seguridad nacional o para el orden público podrá regularizar su situación en el proceso extraordinario abierto por el Gobierno.

Marlaska explicó que la Policía Nacional elaborará un expediente sobre cada preso para determinar si es un peligro. Si en ese informe se determina que el extranjero lo es, esté o no en prisión, no tendrá derecho a acogerse a la regularización. Tampoco podrán conseguir papeles los que hayan sido condenados o aquellos internos preventivos que cuentan con antecedentes penales. Tener el historial limpio es uno de los requisitos implementados por el Ejecutivo. "Estoy absolutamente seguro y convencido de que van a ser unos informes absolutamente procedentes y oportunos y sobre los que se va a basar la resolución para la seguridad pública", subrayó el ministro, que calificó el proceso como "muy garantista para el solicitante, pero también para la sociedad".

El titular del Interior considera que Instituciones Penitenciarias "ha cumplido" con su obligación de informar a los presos preventivos sobre el proceso de regularización después de que esta Secretaría General haya instado a los centros penitenciarios a facilitar el proceso extraordinario de regularización para extranjeros que aprobó el Gobierno el pasado 14 de abril. En total, la población extranjera reclusa en España asciende a 13.944 personas, según los datos de 2024. El comunicado del organismo dependiente del Ministerio del Interior llama también a elaborar un registro estadístico de solicitantes entre la población reclusa, facilitar la documentación "a la mayor brevedad" y ofrecer apoyo lingüístico si fuera necesario.

La instrucción, firmada por el director de Prisiones, Miguel Ángel Vicente Cuenca, se justifica en la necesidad de evitar que los internos queden en situación irregular una vez cumplida su condena, lo que, según el texto, dificultaría su reinserción social y aumentaría el riesgo de reincidencia.

CRÍTICAS DEL PARTIDO POPULAR

El Partido Popular ve, en cambio, "gravísimo" este comunicado y su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, recuerda que el decreto de regularización exige carecer de antecedentes penales. "Eso significa que los únicos presos que podrían acogerse son los preventivos", incidió ayer en un mensaje en sus redes sociales.

La nota también ha causado malestar entre los funcionarios de prisiones. El sindicato TAMPM denuncia que la Secretaría General actúa con "celeridad" cuando se trata de medidas que benefician a los internos, mientras mantiene, según su versión, un "silencio sistemático" ante las reivindicaciones laborales de los trabajadores.

Para que cualquier extranjero pueda acogerse a esta medida, debe haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una estancia mínima de cinco meses en el país.