El Consejo de Ministros aprobó este martes 7 de abril, seis meses después de su anuncio, el proyecto de ley para reformar el artículo 43 de la Constitución e incorporar la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa inicia así su tramitación parlamentaria con una certeza casi matemática: no prosperará. El PP, cuyo concurso es imprescindible para alcanzar la mayoría de tres quintos que exige este tipo de reforma, ya advirtió desde el primer momento que no está por la labor. El Gobierno lo sabe. Y aun así avanza.

La explicación hay que buscarla fuera del BOE. El proyecto llega en la antesala de las elecciones al Parlamento de Andalucía, a las que el PSOE concurre con malas expectativas, y sirve para dar la batalla ideológica y para tratar de activar el voto femenino en un momento en el que el primer juicio del 'caso Koldo' va a servir, indudablemente, para refrescar la memoria de las fechorías machistas de sus protagonistas, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García. El PP lo interpretó como cortina de humo para desviar el foco del principal caso de corrupción en el entorno político de Pedro Sánchez. "Hablar del aborto -dijo- para no hablar de Ábalos".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, sin embargo, lo presentó con argumentos bien distintos. Adujo que, aunque el derecho al aborto está ya garantizado en España, lo que está en riesgo es su ejercicio efectivo y, como prueba de ello, apuntó a que solo el 21% de las interrupciones voluntarias del embarazo se practica en la sanidad pública, mientras la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por la derecha no lo garantizan en sus hospitales. Redondo insistió en que la reforma pretende blindar precisamente eso, la prestación en condiciones de igualdad real para todas las mujeres, independientemente de dónde vivan y de quién gobierne su comunidad.

La ministra afirmó, además, que no da por perdida la batalla de la aprobación de la reforma constitucional en la Cámara baja y repitió que, en Francia, hasta Marine Le Pen votó a favor de incorporar el aborto a la Constitución. La alusión iba dirigida simultáneamente, al PP, partido que evitó debatir el asunto en su último congreso nacional por las distintas sensibilidades que conviven en sus filas, y a Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, respondió acusando al Gobierno de no ofrecer a los españoles nada más que "muerte, dolor y miseria".

"BLINDAJE" CUESTIONADO

El texto que llega al Congreso incorpora los cambios que recomendó en febrero el Consejo de Estado, que avaló la reforma por 16 votos a cuatro pero propuso una redacción diferente a la del anteproyecto. Cuando el Gobierno anunció esta iniciativa, que originalmente partió de Sumar, varias expertas en derecho constitucional advirtieron de que incluir el aborto en el artículo 43, entre los principios rectores de la política social y económica, podía dejarlo más desprotegido que con la legislación orgánica vigente, al rebajar el umbral de su desarrollo normativo a mayoría simple.

El texto propuesto por el Consejo de Estado intenta sortear esa trampa. En lugar de reconocer expresamente el derecho, como hacía la redacción original, se limita a obligar a los poderes públicos a garantizar su ejercicio con las prestaciones y servicios necesarios. Pero la objeción de fondo persiste: la reforma no convierte el aborto en derecho fundamental y su valor, en términos estrictamente jurídicos, es más limitado de lo que el término "blindaje", usado por el Ejecutivo, promete.