Una inspección ocular realizada este martes por la jueza de Montoro (Córdoba) que instruye el caso del accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas el pasado 18 de enero, halló más metros de vía retirada de lo notificado por Adif. El gestor de la infraestructura, dependiente del Ministerio de Transportes, avisó al órgano judicial el 2 de marzo, por correo electrónico, de su intención de retirar 36 metros de carril de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en la zona del siniestro. En concreto, en en el km 317 de la vía 2 sentido Madrid. 

Sin embargo, tal y como recoge una providencia, la instructora ha constatado sobre el terreno la presencia de otro segmento de "más de 42m de vía también retirada y de la que no se informaba" en el citado correo remitido por Adif.

El aviso del gestor público se produjo con dos días de antelación sobre la actuación de remodelación prevista, la del recambio de los 36 metros de vía que esperaba realizar en la noche del día 3 al 4 de marzo, labor que la compañía ferroviaria enmarcó dentro del mantenimiento ordinario de la infraestructura. Tan corto plazo de preaviso provocó un tirón de orejas de la jueza Cristina Pastor y la orden de que la empresa anunciara con mayor antelación cualquier trabajo planificado en la zona de Adamuz. En concreto, Pastor exigió a Adif que se abstuviera de "realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria, tramo de Adamuz, sin preaviso a este órgano judicial con 15 días de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización de los trabajos a previa autorización judicial", dictó en una providencia.

Posteriormente, y por requerimiento de Adif, la jueza circunscribió su mandato al segmento de la infraestructura entre los puntos kilométricos 321,098 y 315,974, donde se incluye el punto donde descarriló el tren de Iryo a las 19.43 de ese domingo 18 de enero: el 318. Fue en una providencia del 12 de este mes en la que también se exigió explicaciones a Adif sobre si las actuaciones de mantenimiento que iba a realizar el 3 de marzo "fueron o no ejecutadas, y para el caso de haber sido ejecutadas informe en que consistieron los trabajos realizados y si existió o no acopio y/o retirada de material, lugar de ubicación/depósito y actuaciones realizadas sobre el mismo".

La unidad de Policía Judicial de Córdoba, responsable de la investigación, ya ha recibido la indicación desde el juzgado de Montoro de "extender acta del material recogido y trasladado a la base (de Adif) de Hornachuelos (Córdoba) y que se concreta en 36m de vía y 42m de vía, procediendo a su precinto y dando cuenta a esta Sección de Instrucción". Todo ese material ha quedado bajo custodia de la propia Adif "como depositaria judicial", indica el fallo de la jueza.

FONDOS EUROPEOS

En paralelo, la Fiscalía Europea ha abierto una investigación para determinar si se produjo un uso fraudulento de los fondos de la UE destinados a la actualización de la vía en 2025. Trata de esclarecer el destino y la gestión de más de 111 millones concedidos a través del Fondo Feder. Estas ayudas fueron aprobadas por la Comisión en junio de 2024 con el fin específico de acometer la "sustitución de raíles y traviesas", al considerar que la infraestructura de esta conexión "quedaba obsoleta en comparación con el resto de la red TAV".