El jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, está citado a declarar el próximo 6 de mayo en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid. Lo hará a raíz de una querella, presentada en un primer momento por el PSOE, por un presunto delito de revelación de secretos. La denuncia se fundamenta en la presunta difusión de datos personales y fotografías de dos periodistas del diario El País que Rodríguez habría realizado cuando éstos estaban realizando una cobertura informativa sobre el ático del novio de Isabel Díaz Ayuso. Alberto González Amador reside en ese inmueble junto a la mandataria del PP.

Los hechos se remontan al contexto de las informaciones publicadas sobre el compañero de la presidenta de la comunidad, quien en la actualidad se encuentra procesado por un presunto fraude fiscal. En el marco de la investigación periodística que estaban llevando a cabo, los dos redactores decidieron acudir a las inmediaciones de la vivienda de González Amador con el objetivo de recabar distintos testimonios. Allí fueron interceptados e identificados por varios agentes de la Unidad adscrita de la Policía Nacional que prestan servicio de escolta a la líder autonómica.

Poco después de esa identificación, se atribuye a Rodríguez haber difundido en un chat las identidades y una fotografía de ambos periodistas, junto a mensajes en los que acusaba a ambos de estar “acosando a vecinos” y a “menores”. De acuerdo a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la información obtenida por los agentes tenía carácter reservado y debería haber estado sujeta a un deber de sigilo. Se da la circunstancia de que el veterano asesor tuvo un papel principal en la acusación que derivó en la condena del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar información reservada del novio de Ayuso.

ESTÁN TAMBIÉN CITADOS LOS AGENTES

Ahora, la instrucción judicial busca determinar el canal por el cual datos obtenidos por la unidad de la Policía Nacional habrían acabado en manos de un cargo político. También pretende esclarecer si esa transmisión y posterior difusión constituyen una infracción penal.

En todo caso, el propio jefe de Gabinete de la líder regional admitió en El Mundo haber desvelado la identidad de los reporteros a un grupo reducido de personas. En aquel momento, justificó su acción bajo la premisa de que no estaban ejerciendo su labor profesional de forma ética. No obstante, la justicia considera “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué” llegaron los datos al querellado.

Asimismo, la jueza ha solicitado a la Policía Nacional que identifique formalmente a los agentes que identificaron a los periodistas, con el fin de trazar el recorrido de la información. Además de la declaración de Rodríguez como investigado, el juzgado citó para la misma jornada a los dos periodistas perjudicados y a un testigo adicional.