Es el miembro del Gobierno con peor valoración ciudadana, según los sondeos del CIS, pero la historia reciente demuestra que Fernando Grande-Marlaska goza de un blindaje político excepcional y que Pedro Sánchez no está dispuesto a desprenderse de él. No lo hizo cuando tanto la oposición como sus socios parlamentarios pidieron su cabeza por la actuación policial en el asalto a la valla de Melilla de junio de 2022 en el que perdieron la vida al menos 23 inmigrantes; tampoco cuando, hace un año, le tuvo que obligar a rescindir un contrato de compra de munición a una empresa israelí en plena masacre en Gaza; y no lo hará ahora, tras conocerse la presunta agresión sexual de uno de sus hombres de máxima confianza, el ya ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, contra una subordinada.

La noticia ha provocado esta semana un enorme revuelo político -con PP y Vox pidiendo a gritos la dimisión de Marlaska en una agitada sesión de control al Gobierno en el Congreso- y una intensa sacudida en un cuerpo jerarquizado que tiene como principal función la persecución del delito. Pero en el PSOE, sin embargo, el cierre de filas es absoluto. En público y en privado. Y eso ya es mucho decir en un partido en el que, aunque sea en voz baja y fuera del núcleo duro, se vienen escuchando quejas por la aparente pérdida de contacto con la realidad del Ejecutivo y su pobre reacción ante la desafección manifiesta de su electorado.

"Creo que el episodio da una sensación fea de que todo está mal. Pero no creo que el desgaste vaya a ser para nosotros; la Policía es una institución autónoma", apunta un dirigente de una federación poco alineada con Ferraz. "No creo que Marlaska deba dimitir por lo que se conoce de momento. Si se llegara a demostrar que lo supo y lo encubrió, sí, pero por ahora es creíble que no supiera nada", añade.

La suya es la posición predominante. Entre los socialistas es difícil encontrar a quien considere que, en este caso, haya razones para el cese de un hombre al que en otras ocasiones se ha considerado, incluso de puertas adentro, "políticamente achicharrado". Un superviviente del primer equipo de Sánchez, del que solo quedan, junto a él, otros tres ministros: la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; la titular de Defensa, Margarita Robles; y el de Agricultura, Luis Planas.

El PP -que carga con el lastre de su propia actuación con la exedil de Móstoles que, en vano, denunció internamente al alcalde la localidad madrileña, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral- se apresuró el martes a utilizar el caso como prueba de lo agujereada que se encuentra la bandera del feminismo en la que se envuelve el PSOE. Los socialistas, que admiten el daño causado por casos como el de Tito Berni, los audios sobre prostitutas del exministro José Luis Ábalos o la falta de diligencia en el expediente a Paco Salazar, el exalto cargo de Moncloa y Ferraz denunciado en el canal interno por conductas machistas, creen que este caso, pese a su mayor gravedad objetiva, es muy distinto porque el DAO no era alguien del círculo de Sánchez, ni siquiera un hombre del partido. "Era un hombre de confianza del ministro, sí, pero era una confianza profesional, no personal", defienden fuentes gubernamentales.

El argumento de que González fue apartado del cargo nada más trascender la denuncia (aunque él afirma que la decisión del cese fue suya) y de que se ha abierto una investigación interna para determinar si hubo coacciones a la víctima o intentos de tapar lo ocurrido por parte del círculo íntimo del DAO basta en el Gobierno. El caso será una muesca más en la trayectoria de quien llegó al cargo con la vitola de juez firme en la lucha contra ETA y ha acabado cuestionado por las asociaciones de víctimas que le reprochan el acercamiento masivo de presos al País Vasco y la cesión de competencias penitenciarias; cuya política migratoria ha tenido reproche incluso del Defensor del Pueblo; y que tiene en su haber varios varapalos del Supremo por sus nombramientos en la Guardia Civil en detrimento del coronel Diego Pérez de los Cobos, a quien destituyó tras negarse este a facilitar información sensible sobre la investigación judicial de la causa contra el ex delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco, por permitir que se celebraran las manifestaciones del 8-M en plena expansión del coronavirus. Pero esta no será la que provoque su caída.