Un mismo nombre aparece destacado tanto en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama 'Ábalos-Koldo-Cerdán' como en los documentos oficiales sobre el mantenimiento y renovación del tramo ferroviario de Adamuz en el que el 18 de enero un fallo en la vía Madrid-Sevilla provocó 45 muertos en el descarrilamiento y posterior choque entre el Iryo y el Alvia. Se trata de Ángel Contreras Marín. 

Contreras, quien no está formalmente imputado, fue entre 2018 y 2023 director general de Conservación y Mantenimiento de Adif bajo el mandato del exministro hoy encarcelado José Luis Ábalos y la dirección inmediata de la investigada Isabel Pardo de Vera cuando esta estaba al frente del organismo ferroviario de infraestructuras. En diciembre de 2023, Óscar Puente le gratificó con la presidencia de Adif, que durante unos meses había ocupado María Luisa Domínguez González tras la destitución de Pardo de Vera después de la polémica de los trenes que no entraban en los túneles de Cantabria y Asturias.

Sin embargo, Puente fulminó a Contreras en septiembre de 2024 como presidente de la entidad pública después de que la UCO le vinculara en diversos informes con la trama de Koldo. En esos atestados, la Guardia Civil lo citaba en relación con, al menos, dos supuestos amaños de obras de "emergencia" (sin concurso) por derrumbes ferroviarios gestionados por Koldo García para favorecer a las constructoras vinculadas presuntamente a la red corrupta.

El primer expediente bajo sospecha por usar accidentes sobrevenidos en la vía a fin de favorecer a 'empresas amigas' se registró bajo el mandato de Ábalos en Transportes. Se trata de la obra de emergencia para la estabilización de los taludes de las trincheras situadas en la línea ferroviaria de Gijón Sanz Crespo-Pravia, en Asturias, después de que un deslizamiento de tierras el 14 de octubre de 2020 en un tramo de esa vía provocara el descarrilamiento de un tren de ancho métrico (antigua FEVE). Este proyecto fue adjudicado por Adif a la empresa Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), propiedad del empresario imputado y pieza clave de la trama, José Ruz, supuesto pagador de mordidas. El importe total del contrato ascendió a 592.053 euros.

El presunto amaño -apunta la UCO- se fraguó a través de una intermediación directa de Koldo García ante Isabel Pardo de Vera. "¿Tienes algo de emergencia?", le preguntó Koldo a la presidenta de Adif, antes de constatar que "me quedan dos millones". Según las grabaciones hechas por él mismo e intervenidas por la UCO, el 18 de noviembre de 2020 el entonces asesor de Ábalos solicitó entonces a Pardo de Vera que le diera una obra de emergencia a LIC porque la empresa "estaba pasándolo mal". A pesar de que Pardo de Vera mostró de inicio reticencias alegando que ya le habían concedido a LIC una obra de 700.000 euros poco antes y que otra adjudicación tan seguida "iba a cantar", finalmente se comprometió a mirar las opciones disponibles. Apenas un mes después de esta conversación, el 17 de diciembre de 2020, Adif formalizó la propuesta de emergencia.

Pero la salida de Ábalos del ministerio no puso punto final a la práctica de usar las emergencias para intentar premiar a empresas relacionadas con la trama. El 19 de febrero de 2024, solo horas antes de que Koldo fuera detenido en su casa de Alicante, este tuvo un intercambio de mensajes por WhatsApp con Daniel Fernández, administrador de Obras Públicas y Regadíos SA (OPR), otra de las empresas en el foco de la UCO. En esa conversación, Fernández instaba al ya exasesor de Ábalos a que intercediera para que se le adjudicara la reparación de emergencias por el deslizamiento de talud en el tramo Monforte-Lugo. Al final, OPR no se hizo con esa ampliación porque -creen los investigadores- la captura de Koldo frustró cualquier intento de amaño.

Estas dos obras no son las únicas en las que intervino Contreras y en las que figura una empresa que aparece en la investigación de la 'trama Koldo'. De acuerdo con los documentos en poder de este periódico, fue el máximo responsable de la adjudicación el 3 de noviembre de 2023 por 56.659.860 euros del mantenimiento de las vías comprendidas entre el kilómetro 316 y 471 de la línea Madrid-Sevilla, que incluye el tramo de Adamuz donde se produjo el accidente.

LAS SOLDADURAS

Ese concurso, que subrayaba expresamente la revisión del "estado de las soldaduras" del tramo, fue ganado por una UTE formada por cuatro empresas. Entre ellas y con el 25% de la sociedad, Azvi SA, una constructora que aparece citada en diversos informes de la UCO, aunque ninguno de sus directivos ha sido imputado.

Esta empresa sevillana, según ha reconocido en las últimas horas la propia firma, contrató a Koldo García, pese a su absoluta falta de formación profesional en el mundo de la construcción, en noviembre de 2023 como representante "exclusivamente" en un "proyecto de expansión en Sudamérica". El sueldo era de 6.000 euros al mes, tal y como se desprende los audios encontrados al propio exasesor. De acuerdo a la versión de Azvi, que se ha desvinculado de cualquier irregularidad de manera insistente en los últimos días, la relación profesional con Koldo se cortó cuando este fue detenido en febrero de 2024.

"El Grupo Azvi nunca ha realizado pagos para finalidades que supongan un incumplimiento de su Sistema de Compliance Penal, ni a Víctor de Aldama, ni a Koldo García, ni a ninguna otra persona", ha señalado la empresa, que resultó ganadora del concurso para el mantenimiento del tramo de Adamuz gracias a un "informe de valoración económico-global" al que el 8 de junio de 2023 Contreras dio la última luz verde con un "conforme". Gracias a ese informe que validó Contreras, la UTE en la que participaba Azvi (y que solo cuatro meses después contrataría a Koldo hasta su detención) se impuso frente a otra alianza que encabezaba Acciona.