El choque en el Gobierno a cuenta de las políticas de vivienda no amaina. Al contrario. A pesar de los empeños del jefe del Ejecutivo en quitar hierro a sus discrepancias, Sumar está decidido a hacer del asunto 'casus belli'. Se niega a apoyar la medida anunciada este lunes por Pedro Sánchez para bonificar al 100% el IRPF de los caseros que decidan no subir el alquiler en los contratos que vencen este año, en torno a 600.000, con un impacto en cerca de 1,6 millones de personas. E insiste en su exigencia de que se apruebe en su lugar una prórroga automática y obligatoria que el ala socialista del Gobierno tilda de inconstitucional. 

Ambas partes tuvieron ocasión de verse este martes las caras en la reunión semanal del Consejo de Ministros. Según fuentes de la Moncloa, la cita transcurrió sin sobresaltos, en un clima de normalidad. Pero lo cierto es que, en pleno encuentro, un mensaje de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz en la red social Bluesky ya anticipó que los intentos de los socialistas de rebajar la crisis caían en saco roto. "Proponer un incentivo fiscal es dar dinero público a quienes ya tienen un 82% más de renta que los inquilinos", censuró. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, fue incluso más allá y advirtió de que su grupo nunca apoyará dar dinero público a los propietarios.

En una comparecencia en la sede de su Ministerio -convocada de manera inesperada, poco antes de que la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, compareciera junto a Félix Bolaños en la Moncloa para dar cuenta de lo abordado en el Consejo- Bustinduy desestimó los argumentos jurídicos esgrimidos por el PSOE. "La mejor demostración de que es una medida plenamente constitucional y eficaz -defendió- es que el Gobierno de coalición la ha aplicado en ocho ocasiones desde el año 2020 ocho veces".

En la Moncloa se aferran a un informe elaborado por la Abogacía del Estado para negar encaje legal a la intervención del mercado que propone Sumar y reclaman "no enfrentar a inquilinos y propietarios". Alegan que lo que justificó en su momento limitar la subida de los alquileres mediante real decreto ley fueron circunstancias excepcionales, en concreto, la pandemia y la crisis provocada por la guerra de Ucrania.

El ministro de Derechos Sociales replica que la crisis de vivienda que se vive en España tiene suficiente "magnitud" para justificar una "intervención de emergencia" por parte del Gobierno en virtud de las competencias constitucionales que le confiere el artículo 149 de la Constitución en materia de legislación civil, incluyendo el arrendamiento urbano.

CAMPAÑA DE SÁNCHEZ

Como la ministra Saiz, que en su comparecencia se limitó a subrayar que el Gobierno "va a seguir trabajando para construir consensos", Bustinduy afirmó que todavía hay "margen" para negociar el contenido del futuro real decreto ley. Sin embargo, fuentes gubernamentales ya adelantan que lo que en ningún caso están dispuestos a hacer es renunciar a la exención fiscal anunciada por el jefe del Ejecutivo dentro de una campaña diseñada por para intentar dejar atrás la sensación de bloqueo con la que cerró 2025. A lo que se abren es a pactar otras iniciativas. Aunque el ministro de Justicia avisó: "Lo que aprobemos, dentro de la Constitución, dentro de la ley y que pueda conseguir apoyos".

Aparte de las cuestiones legales, los socialistas aducen que Sumar y otras fuerzas de la izquierda que, como Podemos, son igualmente críticas con su propuesta, deben entender cuál es la realidad del Congreso. "¿Acaso topar los precios tiene mayoría en el arco parlamentario?", aducen. "Es la única propuesta en manos del Gobierno que puede prosperar y servir al objetivo que todos compartimos". Las mismas fuentes aseguran que incluso sin acuerdo se arriesgarán en la Cámara. "Si lo tumban, lo tumban -retan-; en eso consiste gobernar en minoría".