“Hay indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)”. Esta es la rotunda conclusión, tras un año de investigaciones, a la que llega la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe que entregó a principios del pasado diciembre al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre la trama de hidrocarburos que salpica al Gobierno.

El anterior atestado tenía fecha del 18 de diciembre de 2024. En él, los agentes del teniente coronel Antonio Balas plasmaron por primera vez sus sospechas de que la trama atribuida a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama había conseguido un trato de favor para la empresa Villafuel -investigada por un fraude en el IVA que las últimas estimaciones de la UCO elevan a más de 231 millones de euros- por parte de los ministerios que entonces dirigían Teresa Ribera, a la sazón también vicepresidenta del Ejecutivo, y Reyes Maroto.

Y en estos doce meses -según explican mandos de la investigación y confirma el último informe de la unidad de élite de la Guardia Civil- las sospechas, lejos de disiparse, se han afianzado, hasta el punto de que el instituto armado ya se atreve a apuntar que esa empresa “apadrinada” por Koldo y De Aldama consiguió el 15 de septiembre de 2022 el visto bueno del departamento de Transición Ecológica (Miteco) para convertirse en operadora en el mercado mayorista de hidrocarburos gracias al empujón de la presunta red corrupta y a pesar de no cumplir los requisitos.

Un millón de euros en dádivas

En su último informe, los agentes llegan a la certeza de que la trama del fuel se gastó en dádivas para Ábalos y su entorno cerca de un millón de euros a fin de “obtener para Villafuel la autorización como operador mayorista de hidrocarburos, eludiendo la obligación de justificar, mediante la declaración responsable, la capitalización de la empresa con los tres millones de euros de fondos propios exigidos normativamente”.

El pasado 13 de diciembre, solo horas después de conocerse este último informe de la UCO, el Miteco, ahora presidido por Sara Aagesen, se apresuró a dictar una especie de sentencia autoabsolutoria sobre Ribera y su equipo, negando cualquier “trato de favor”. Según la nota que envió el departamento de Aagesen, el expediente de Villafuel, lejos de ser tramitado de manera exprés por influencias o presiones externas, “tardó en resolverse casi tres veces más que la media”. Es decir, el proceso se demoró unos 600 días frente a los 230 de media que tardan en gestionarse estos expedientes. Además, se supervisó todo y no hubo ninguna irregularidad, sostiene el ministerio.

Pero ni Pedraz ni Anticorrupción lo ven tan claro como el Gobierno de Pedro Sánchez. El juez, a finales de este enero, va a dar un empujón importante a esta causa con la citación, en principio como testigos, de Marc Pons (quien fuera jefe de gabinete de Teresa Ribera, ahora comisaria europea) y de Juan Ignacio Díaz Bidart (su homólogo en el departamento que encabezaba Maroto, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid). En esa misma tanda, entre otros, comparecerán el propio De Aldama o Claudio Rivas, dueño de Villafuel.

Según el escrito de Anticorrupción, Rivas, como “máximo dirigente de la organización criminal”, contrató a De Aldama para que este, usando sus contactos con Ábalos y Koldo, “incidiera en los órganos ministeriales correspondientes” para agilizar la concesión de la autorización, soslayando así el “incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello” a cambio de una “contraprestación económica”.

“Las influencias ante distintas instancias ministeriales se materializaron en las reuniones con Juan Ignacio Díaz Bidart, primero de forma informal el 21 de diciembre de 2020 y, después, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el 28 de diciembre de 2020 y el 13 de enero de 2021, así como en los contactos que Koldo García Izaguirre mantuvo con Marc Isaac Pons Pons, jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los días 8 de abril y 8 de julio de 2021”, abunda el último escrito de la Fiscalía.

“Peticiones de información”

Esas cinco reuniones -arguye el Ejecutivo, que no desmiente que tuvieran lugar- no habrían tenido efecto alguno. “El Miteco realizó sucesivas peticiones de información y aclaraciones para verificar el cumplimiento de los requisitos en dos procedimientos”, aclaró en su momento la vicepresidencia tercera del Gobierno. En el primero de estos procedimientos, la Administración inadmitió la solicitud de Villafuel el 9 de diciembre de 2021. La empresa presentó recurso de reposición, que fue rechazado, y el expediente se cerró.

Villafuel -de acuerdo a la versión del Ejecutivo- inició un segundo procedimiento en julio de 2022, volviendo a presentar su solicitud. Esta vez sí acreditó los requisitos técnicos y financieros exigidos por la normativa, de modo que empezó a operar el 15 de septiembre de 2022.

“La duración total del expediente, las sucesivas solicitudes de información, el hecho de que la denegación inicial fuera recurrida sin éxito y el aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones sectoriales son pruebas de que no solo no hubo trato de favor hacia la sociedad, sino de que hubo una gestión rigurosa y de máxima diligencia por parte de los funcionarios públicos del Miteco”, argumentó el Gobierno, en clara contradicción con las tesis de la UCO, Anticorrupción y el juez Pedraz.