La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudación del IVA en el sector de los hidrocarburos, con implantación en todo el territorio nacional, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en 2024.

Según ha detallado el Ministerio de Hacienda en una nota, tenía una estructura formada por 38 sociedades y es una de las dos mayores tramas de hidrocarburos desarticuladas hasta la fecha.

La operación, denominada "Pamplinas Stars", ha supuesto la detención de cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes, que ya se encuentra en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

En los 18 registros realizados en doce localidades de siete provincias, detallan, se han intervenido 42 inmuebles, 82 vehículos, dos embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un gran volumen de efectivo, dos obras de arte y 64 relojes, bolsos y artículo de lujo, así como 180 kilos de oro, plata y otros metales de alto valor económico.

Todos los efectos intervenidos, apunta la Agencia Tributaria, superan los 21 millones de euros de valor.

La red comenzó con un operador al por mayor que vendía grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023 y basaba su esquema defraudatorio en la declaración trimestral de unas cuotas de IVA devengado muy inferiores a las ventas que realizaba, y unas cuotas de IVA soportado muy superiores a las reales.

Tras dar de baja a este operador, Hacienda explica que la trama sigue con dos operadoras más que se detectan y son dadas de baja mientras continúa la investigación.

Finalmente, la Agencia Tributaria destapa "una vasta y compleja" estructura formada por hasta 38 sociedades y diseñada para una doble finalidad.

Por un lado, servir a la defraudación del IVA repercutido y no ingresado en las arcas públicas, y, por otro, trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para tratar de impedir su trazabilidad. En la operación, que continúa ahora en una segunda fase con el análisis de la abundante documentación obtenida, han participado la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, el Área Regional de Inspección en Madrid, Vigilancia Aduanera en Extremadura y la Unidad Central de Auditoría Informática, con el apoyo de las áreas regionales del SVA y las UAI de Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia y Madrid.