La Comisión Europea insistió este martes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que "no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España".

El abogado del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca, añadió que "las autoridades españolas no atendieron a la recomendación de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el final de lograr el objetivo invocado de reconciliación".

La Comisión se expresó así en la vista que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebra este martes sobre las cuestiones prejudiciales que le ha planteado el Tribunal de Cuentas sobre si la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea, en un caso que afecta a 35 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidente catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas.

En este sentido, el abogado de la Comisión afirmó que no existe "un vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades en cuestión (la financiación del procés) y los recursos propios de la Unión".

No obstante, Bruselas dijo que corresponde al Tribunal de Cuentas determinar si se han desviado fondos europeos para financiar el procés, y aseguró que el plazo de dos meses que la amnistía da a los jueces para aplicar la norma "podría impedir" que "se lleve a cabo este examen".

Por contra, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, dijo que el plazo de dos meses permite que el Tribunal de Cuentas pueda comprobar este asunto "sin ningún problema", una opinión que también defendió la Abogacía del Estado y los abogados de los demandados.