El líder del PP culpa al Gobierno del ‘efecto llamada’ de la inmigración ilegal
Pide ayuda a la UE en pleno debate sobre el reparto de ‘menas’ en España
Publicado el 04/07/2024 a las 05:00
Con el polémico reparto obligatorio de los menores no acompañados (menas) en el centro del debate político, Alberto Núñez Feijóo aprovechó este miércoles 3 de julio el cónclave del Partido Popular Europeo (PPE) en Cascais (Portugal) para reclamar “ayuda europea para controlar la inmigración irregular” ante la situación “límite” que afrontan autonomías como Canarias por las continuas olas migratorias que arriban a su litoral.
El líder de los populares -que el viernes se zafó de la presión de Vox en las comunidades donde cogobiernan para que rechacen el reparto pactado entre el Ejecutivo central y el Gobierno canario del que participa el PP- eligió este marco para ahondar en su posición sobre el fenómeno migratorio y alentar a las instituciones europeas a reaccionar contra la llegada masiva de inmigrantes sin papeles a las costas españolas.
En su intervención ante la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, y otros representantes del PP europeo, Feijóo reconoció su “preocupación” por el aumento de la inmigración irregular y acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “llegar muy tarde” a este desafío, incidiendo en que “la situación de los menores no acompañados es solo la punta del iceberg de un debate que el Gobierno de España debió iniciar hace meses”.
El jefe de la oposición alertó del “efecto llamada” que puede provocar “tomar medidas diferentes en España a las que se toman en otros países que han tenido resultados exitosos”, sin explicitar cuáles. “Europa no puede ser ajena a esto. Las fronteras españolas son fronteras europeas y, por tanto, es un problema que debemos de afrontar en común”, recalcó.
Tan solo tres meses después de que su formación suscribiera el pacto migratorio europeo, Feijóo instó ante sus colegas a ser conscientes de que el problema “no cesará si no somos capaces de frenar los flujos de la inmigración ilegal en Europa” y defendió que los retos de este fenómeno no pueden recaer en los países de entrada, como España, Italia y Grecia.
En este sentido, exigió que las políticas migratorias “deben regirse por el principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros”. A su juicio, revertir esta situación solo es posible a través de acuerdos con terceros países de origen en tránsito, como los firmados con Túnez, Mauritania o Egipto y con aportaciones “económicas y materiales” a los países de origen, a cambio de que estos “se comprometan a asegurarse que las mafias que trafican con personas no operen en sus costas”.
En términos similares se expresó la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, quien también culpó a Sánchez de hacer una “dejación de funciones” en este asunto y subrayó que es Feijóo y no el presidente del Gobierno el que está pidiendo a las instituciones comunitarias que se impliquen en un problema que “está sobrepasando a España y es un problema de Europa”.
REUNIÓN EL DÍA 10
Estas declaraciones se producen a pocos días de la reunión sectorial del miércoles, día 10, en Tenerife en la que el Gobierno de Sánchez y las comunidades autónomas mayoritariamente lideradas por el PP tratarán de alcanzar un acuerdo sobre el reparto de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a las costas españolas.
El ministro de Administración Territorial, Víctor Ángel Torres, llamó este miércoles de nuevo, esta vez desde Melilla, a la solidaridad de todas y cada una de las comunidades autónomas para acoger a los menas que colapsan los centros de acogida de Melilla y Ceuta, y muy especialmente los de Canarias.
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Torres defendió la propuesta del Gobierno para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería con el fin de que las comunidades cuyas plazas de asistencia para estos menores superen el 150% de su capacidad puedan derivar a los acogidos a otras zonas de España. La reforma ya está pactada entre el Gobierno central y el presidente canario, Fernando Clavijo, quien gobierna el archipiélago en coalición con el PP. Pero deberá pasar el examen del Congreso. El desmarque de Junts obligaría, al menos, a la abstención del PP.
