El Supremo se enfrenta a Sánchez: indultar a los presos del 'procès' es "inaceptable"

Solo un día después de que el presidente del Gobierno mostrara su predisposición a indultar a los doce dirigentes condenados por el procés secesionista en Cataluña de 2017 -”se tendrán en cuenta valores constitucionales como la concordia y el entendimiento y no la venganza o la revancha”, dijo Pedro Sánchez- el Tribunal Supremo respondió con un informe final en el que rechaza de plano la concesión de la medida de gracia, total o parcial, al no apreciar razones “de justicia, equidad y utilidad pública”.

Los seis magistrados que formaron parte del tribunal juzgador consideraron por unanimidad que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron castigados: entre nueve y 13 años de cárcel por delitos de sedición y malversación de caudales públicos y multa e inhabilitación en el caso de la desobediencia.

Explica la Sala que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de los condenados y que los argumentos en los que se basan las peticiones de indulto realizadas por terceros “desenfocan el sentido de la medida porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el Gobierno corrija la sentencia del Tribunal Supremo”.

El informe afirma que las razones invocadas para respaldar la extinción total o parcial de la pena pierden cualquier justificación “cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos”.

El documento de 21 páginas, con ponencia del presidente de la Sala Segunda (de lo Penal) Manuel Marchena, concluye que la pena sólo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición. Y en este caso se aprecia, “sin necesidad de mayores esfuerzos argumentales”, que este presupuesto no ha ocurrido con los doce condenados en octubre de 2019.

La Sala asegura que no se aferra a concepciones ya obsoletas acerca del significado de la resocialización del penado, sobre todo, cuando éste no comparte ni se identifica “con los valores sociales hegemónicos”.

Recuerda que detrás de la actuación de Oriol Junqueras, Carme Forcadell y del resto de condenados “está la ruptura de las bases de la convivencia fruto de una decisión unilateral, apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores”.

El tribunal destaca, además, que los condenados no han contribuido a justificar las razones “de justicia, equidad o utilidad pública que legitimarían el ejercicio del derecho de gracia” y que no puede hacer constar en su informe “la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento”. “El mensaje transmitido en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por su ideales políticos -de incuestionable legitimidad constitucional- autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes y la sustitución de la jefatura del Estado”, subraya.

El informe cita a Jordi Cuixart, líder de la asociación independentista Omnium Cultural, que en su respuesta a la Sala afirma que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito. Esas palabras son para el tribunal “la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal”.

De hecho, añade la Sala, “expresan una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones judiciales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico y, en fin, a vulnerar los derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esas ideas”.

En su informe, recuerda que el tribunal quiso oír a los condenados, cumpliendo el trámite indispensable impuesto por la ley de indulto, y que la mayor parte de ellos, salvo Cuixart y Santi Vila, no informaron, por lo que “con su silencio privaron a la Sala de la valoración de los elementos decisivos para respaldar nuestro informe”.

A juicio del tribunal sentenciador, tampoco facilita su tarea el criterio de la administración penitenciaria catalana, que, “desde el primer momento del cumplimiento de la pena y en la elaboración de los informes unidos al expediente, bajo la apariencia de una valoración diferenciada, ha unificado de forma contumaz el régimen y tratamiento de los presos del procés sin atender a la evolución de cada uno de ellos”.

Ninguno de los doce condenados por el procés, nueve de ellos encarcelados, ha pedido su indulto al Gobierno. Es más, tras el juicio del Supremo lo rechazaron con vehemencia porque, decían, no tenían nada de qué arrepentirse ni había razones para pedir perdón. Ahora guardan silencio. La UGT solicitó el indulto para la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa, exdirigente de la central sindical de inspiración socialista y condenada a doce años de prisión. Los expresidentes del Parlamento de Cataluña, Núria de Gispert, Ernest Benach y Heribert Barrera, también lo reclamaron para su sucesora en el cargo, Carme Forcadell, condenada a once años y medio de cárcel. El abogado Francesc Jufresa se dirigió en diciembre de 2019 al Ministerio de Justicia para pedir el indulto de los doce condenados. “No he hecho esto por indicación ni por petición de ningún de ellos. Lo he hecho por mi conciencia personal, jurídica y política, no para que nadie me dé las gracias”. Parece cierto que iba por libre porque ninguno de los condenados tiene relación con él. Jufresa, que se considera catalanista no independentista, es conocido en Cataluña por sus apariciones en televisión sobre asuntos controvertidos. Planteó, por ejemplo, que el Gobierno indultase al Barça tras ser condenado por los delitos fiscales cometidos en el fichaje del jugador Neymar debido a “la furia antibarcelonista” del fiscal.

El indulto lo otorga el Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, que, en el caso de ser favorable a los reos, debe acordarlo vía real decreto publicado en el BOE, tras estudiar los informes preceptivos. Si el Gobierno de Pedro Sánchez aprueba el indulto, la decisión tendrá que ser rubricada por el Rey, como ocurre con todas las medidas que emanan del Consejo de Ministros. No será una decisión cómoda para el monarca después de haber pronunciado el 3 de octubre de 2017 del discurso más duro que se le recuerda contra el proceso independentista en Cataluña y en defensa del orden constitucional y que no le perdonan los secesionistas. Está obligado a ello por el artículo 62 de la Carta Magna y no hay precedentes de que el jefe del Estado se haya negado a sancionar una decisión gubernamental. Desde la dirección del PP consideran que sería una humillación que Pedro Sánchez “le haga firmar esto al Rey de España”.