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'Procés'

La exconsellera Serret, huida en Bélgica, se entrega en el Tribunal Supremo

Serret es la primera dirigente independentista rebelde que regresa a España

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La exconsellera Serret, huida en Bélgica, se entrega en el Tribunal Supremo
  • EFE
Publicado el 11/03/2021 a las 11:35
La exconsellera Meritxell Serret, huida en Bélgica desde octubre de 2017, ha comparecido este jueves voluntariamente ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa del "procés", y se ha convertido en la primera dirigente independentista rebelde que regresa a España.
Fuentes jurídicas han informado de que la exconsellera, procesada por los delitos de malversación y desobediencia, ha comparecido con la finalidad de ponerse a disposición del tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía.
Tras su entrega, el juez Llarena ha acordado su puesta en libertad y su futura citación para ser interrogada en fechas cercanas ya con la participación de todas las partes personadas.
Serret es una de los cinco miembros del Govern de Carles Puigdemont que huyó del país tras la Declaración Unilateral de la Independencia (DUI) en octubre de 2017 junto al propio president y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig.
No obstante, era la única de los cinco políticos fugados en Bélgica sobre la que no pesaba una orden europea de detención y entrega porque la sentencia del "procés" dictada el 14 de octubre de 2019 despejó su horizonte procesal y la situó en una situación menos gravosa, hasta el punto de librarse previsiblemente de la prisión.
Esto es así porque Serret fue procesada por malversación de caudales públicos y desobediencia, al igual que los exconsellers Santi Vila, Carles Mundo y Meritxell Borrás quienes, sin embargo, fueron condenados por desobediencia y no por malversación al no haberse acreditado que sus departamentos realizaran pagos concretos por la organización del 1-O, como pasa con la Consellería de Serret.
Y la pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años.
Por este motivo, el juez Llarena no cursó una euroorden contra ella aunque sí mantuvo vigente la orden nacional de detención para tomarla declaración y continuar el procedimiento.
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