Ni los más optimistas confiaban en que la Comisión para la Reconstrucción, cuyas conclusiones se llevan este miércoles al Congreso, fuera a emular el gran consenso alcanzado con los 'Pactos de la Moncloa' en 1977. Pero el ejemplo del acuerdo alcanzado en la madrugada del martes por los líderes europeos en Bruselas pareció espolear a los grupos parlamentarios de la Cámara baja que buscaron hasta el último momento, al menos, un pacto de mínimos en torno a las 300 propuestas emanadas de los grupos de trabajo. El plazo para añadir enmiendas finalizaba a las cuatro de la tarde, hora a la que comenzaba el pleno extraordinario donde se iban a debatir las medidas. Y casi sobre la bocina los populares arrancaron al PSOE el compromiso de la creación de una Agencia Estatal de Sanidad, clave para garantizar su apoyo en este área. Ciudadanos asimismo logró que los socialistas presentaran una enmienda transaccional para eliminar el veto a que la escuela concertada recibiera ayudas, línea marcada como roja por el partido de Inés Arrimadas.

El líder del PP había pedido a los suyos que "no se levantaran de la silla hasta el último minuto", mientras la ministra portavoz, María Jesús Montero, les acusaba de "tensar la cuerda hasta romperla". En la reunión de la víspera de la portavoz de los populares en la comisión, Ana Pastor, con los dirigentes socialistas Félix Bolaños, Adriana Lastra y Rafael Simancas, había dejado el terreno abonado para el acuerdo. Ya por la mañana se zanjaba una de las peticiones de Génova cuya exclusión de las conclusiones había provocado el rechazo frontal de los populares a las medidas sanitarias de la comisión, a la vez que también se añadía el compromiso de incluir un plan de renovación tecnológica de los centros sanitarios. Pese a ello, el PP seguía reconociendo la existencia de otros puntos con los que no estaba de acuerdo. "Tienen ribetes maximalistas e incluso populistas", reconocía Pastor que, en un tono más conciliador, llamó a sumar fuerzas: "¿No creen que merece la pena? Yo creo que sí".

RECELOS NACIONALISTAS

Pero este movimiento entre bambalinas causó recelos entre PNV, Esquerra y el resto de fuerzas nacionalistas, que lo percibieron como un intento de limitar competencias sanitarias a las comunidades autónomas. "El objetivo ha sido sacar adelante un texto para no perder la cara, más allá de su efectividad", señaló durante el pleno el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que definió los trabajos de la comisión como un "gran paripé". "Las conclusiones son absolutamente recentralizadoras", criticó también el diputado de JxCat Ferran Bel.

Los liberales, por su parte, finalmente apoyarán los paquetes de propuestas de tres cuatro bloques (Sanidad, Unión Europea y Recuperación Económica). Sin embargo, el levantamiento veto a la escuela concertada no cambió el sentido de su voto en el área de Políticas Sociales, que siguen rechazando ya que consideran que no apoyar expresamente este tipo de enseñanza. "Atenta contra la libertad de enseñanza. El Gobierno nos ha dejado abandonados y eso es una línea roja para nosotros", afirmó el portavoz parlamentario del partido, Edmundo Bal.

Los que no cedieron un palmo de terreno fueron los diputados de Vox, que abandonaron la comisión a principios de julio, justo cuando se empezaban a redactar las conclusiones de los grupos de trabajo. Su portavoz en el órgano, Juan Luis Steegman, la tachó de "farsa y trampantojo" y volvió a cargar contra Pedro Sánchez, principal impulsor de la comisión, al que acusó de "incompetente y negligente".

Los socios del PSOE en el Gobierno de coalición, Unidas Podemos, celebraron en cambio los acuerdos como "una unión entre diferentes". Sin embargo, su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, lamentó que, de haberlo redactado únicamente su formación, "recogería la derogación de la reforma laboral, el impuesto a la riqueza o la regularización de los inmigrantes". Una crítica que, con distinto sesgo, se ha repetido desde todos los grupos, que resumen la comisión como "poco ambiciosa" y "demasiado generalista".