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Reforma Laboral

Patronal y sindicatos exigen devolver la reforma laboral al diálogo social

El acuerdo del Gobierno de coalición con Bildu ha generado especial malestar en la patronal CEOE

foto de El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una rueda de prensa en Madrid
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una rueda de prensa anterior.
Europa Press / ARCHIVO
  • Efe. Madrid
Actualizada 21/05/2020 a las 15:01

Los agentes sociales han exigido al Gobierno que la negociación sobre la reforma laboral vuelva al diálogo social, un ámbito en el que ya habían comenzado las conversaciones para modificar los aspectos más urgentes de la norma del PP de 2012, pero que quedaron en el aire por la irrupción del coronavirus.

El acuerdo del Gobierno de coalición con Bildu, para sumar su apoyo a la prórroga del estado de alarma, ha generado especial malestar en la patronal CEOE, que considera que la derogación íntegra de la reforma laboral de 2012 "tendrá unas consecuencias negativas incalculables" en la economía y en la confianza empresarial, lo que "impactará de forma profundamente negativa en el empleo".

El acuerdo PSOE-UP-Bildu reproduce el pacto de investidura entre el partido socialista y Unidas Podemos en el que no se especificaba si la derogación iba a ser completa o solo de los aspectos más lesivos, aunque el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha defendido que aquel pacto ya contemplaba una revocación íntegra.

"Voy a ser cristalino. Se va a derogar íntegramente la reforma laboral. El pacto de ayer con Bildu lleva la firma de los tres portavoces de los grupos parlamentarios, luego cada partido puede decir lo que quiera", ha afirmado Iglesias en declaraciones a Catalunya Radio.

Ha sido después de que el PSOE mandara anoche una nota aclaratoria anulando el punto primero del acuerdo, que establecía la derogación "de manera íntegra" de la reforma laboral de 2012 antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por la epidemia de la COVID-19.

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Bildu considera que la nota del PSOE es únicamente una "matización terminológica" y no cree que invalide el acuerdo firmado.

En el mundo empresarial no ha caído muy bien este acuerdo político, que en sus términos originales supondría, entre otras cosas, incrementar el coste del despido que fue abaratado en 2012, una cuestión que de momento no estaba encima de la mesa de diálogo social y que cuenta con la oposición frontal de la patronal.

El Instituto de Empresa Familias ha rechazado el acuerdo con Bildu y considera que podría poner en riesgo el "imprescindible apoyo" de las instituciones europeas, mientras que la Cámara de España ha considerado una irresponsabilidad anunciar una derogación inmediata "en el momento más convulso de nuestra historia reciente".

Coinciden la federación de autónomos ATA, que cree que un anuncio así genera alarma entre los empresarios, y la patronal catalana Fomento del Trabajo, que alerta de la inseguridad jurídica y del riesgo para "miles de puestos de trabajo".

Por la parte sindical, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a la CEOE "mesura" para continuar en la senda del diálogo y ha calificado de "música de la mala" el acuerdo con Bildu, por incluir un asunto que debería pasar por la mesa de negociación que se abrió a principios de año para abordar la reforma laboral y que ahora está "hibernada" con todos los esfuerzos centrados en las medidas por el COVID-19.

"Sería bueno huir de voluntarismos y retomar la agenda para la derogación de la reforma laboral que fue interrumpida por la crisis sanitaria, contando con el marco de diálogo social y sabiendo que se requiere una mayoría parlamentaria para hacerlo", ha dicho el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha recordado que además hay que poner en pie toda una legislación que recoja los cambios del mercado laboral.

A finales de enero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planteó el inicio de la negociación para la derogación de la reforma laboral de 2012 en dos fases: una primera para abordar las cuestiones más urgentes, como devolver la prioridad al convenio sectorial y recuperar la ultraactividad, y una segunda para los aspectos más complejos, como la contratación o la causalidad del despido.

En aquel momento ya se cuestionó si la derogación sería completa, algo que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijeron que no era técnicamente posible, mientras que Díaz defendió que no se trataba tanto de volver al mercado laboral previo a la crisis, como de recuperar los derechos laborales perdidos.

De momento se ha derogado la parte del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despido por acumular bajas médicas en un determinado periodo de tiempo, lo que se hizo a través de un decreto ley que no fue negociado con los agentes sociales y que se convalidó en el Congreso con la única oposición de Vox y Foro Asturias.


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