El mayor de los Mossos d'Esquadra José Luis Trapero ha admitido este martes que sintió una "tristeza enorme" al conocer que la Audiencia Nacional le investigaba por un delito de sedición por su actuación en el asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017 porque considera que es "injusto" que le imputasen por hacer su trabajo "lo mejor" que pudo.

"Me provoca una tristeza enorme que un mando de policía tenga que escuchar las cosas que hemos llegado a escuchar, que hemos hecho y no hemos hecho", ha contestado Trapero a la pregunta que ha hecho el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo sobre un correo que mandó a los Mossos tras conocer que la entonces juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela le investigaba por un delito de sedición por el 20-S.

Se trata de la última pregunta que el fiscal ha hecho sobre el bloque relacionado con los correos electrónicos que la Guardia Civil ha analizado durante la instrucción del caso y con los que ha reanudado este martes el interrogatorio.

Según ha explicado Trapero, esta carta la envió "desde la tristeza no, lo siguiente" a los miembros del Cuerpo tras conocer su imputación para transmitir cómo se siente en ese momento después de que fuera citado a declarar como investigado, junto al expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quienes finalmente fueron juzgados y condenados en el Tribunal Supremo por el 'procés'.

"Es como yo me siento después de haber estado citado, imputado por un delito de sedición, después de hacer mi trabajo como hice, lo mejor que pude con mis compañeros", ha dicho. "Pero lo triste es que todos mis compañeros pensábamos lo mismo", ha añadido.

"Es lo que sentía, no se lo puedo negar, me sentía injustamente tratado, el Cuerpo y yo", ha proseguido, afirmación que ha hecho que el fiscal preguntase si estaba "confundiendo" a la policía autonómica con él mismo. "Pienso que en ese momento mis compañeros pensaban lo mismo", ha concluido.

La ex juez de la Audiencia Nacional le procesó por dos delitos de sedición y uno de organización criminal por su actuación el 20-S y durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, si bien la Fiscalía le acusa de un delito de rebelión, por el que se enfrenta a 11 años de prisión.