Uno de los integrantes del autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), la facción supuestamente violenta de los Comités de Defensa de la República (CDR), confesó ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el pasado jueves que le dijeron que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, conocía los planes del grupo para entrar en el Parlament.

Así han confirmado fuentes jurídicas, que destacan que aunque los investigadores tenían "indicios" de este extremo desde hace "varios meses" se trata en todo caso de manifestaciones de referencia cuya comprobación entraña dificultad. Un hecho de dicha trascendencia, según las mismas fuentes, debe ser probado para que puede tener recorrido jurídico en la causa.

El dato fue aportado, según han confirmado las mismas fuentes, por Ferrán Jolis, uno de los dos acusados que admitieron ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 parte de los hechos que se les imputan y que por el momento constituyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, conspiración para cometer estragos y tenencia y fabricación de explosivos.

Además de este presunto conocimiento por Torra de los planes del grupo, el CDR había reconocido ante el juez Manuel García-Castellón y el fiscal Miguel Ángel Carballo la compra de material explosivo y la realización de pruebas.

El plan, según ha publicado 'El Confidencial', era ocupar la sede parlamentaria durante cinco días y en ese plazo buscar que el propio Torra o el expresident fugado Carles Puigdemont declarara la independencia unilateral, como colofón a una escalada de violencia con ataques coordinados a infraestructuras básicas. "A mí me dicen que Torra lo sabía", aseguro este digital que confesó uno de los CDR ante el juez.

En el auto de prisión el juez apuntó a que el grupo -fueron detenidas nueve personas, aunque dos quedaron en libertad- tenía un plan trazado para instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violencia. A los arrestados se les ha incautado precursores de explosivos y anotaciones sobre instalaciones públicas, dependencias policiales e infraestructuras críticas. Están en prisión por delitos de terrorismo, tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.