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Atentados en Cataluña

La posverdad tiñe los atentados de Cataluña dos años después

El independentismo insiste en alimentar la teoría de la conspiración para implicar al Estado en la masacre a pesar de la falta de pruebas

Palau de la Generalitat de Cataluña.

Palau de la Generalitat de Cataluña.

11/08/2019 a las 06:00
  • Colpisa. Madrid
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El 10 de octubre de 2018 el juez Fernando Andreu firmaba un auto de 43 páginas con el que ponía punto y final a la instrucción sobre los atentados de Cataluña de agosto de 2017 con el procesamiento de los dos únicos miembros de la célula que sobrevivieron, Mohamed Houli Chmelal y Driss Oukabir, y un colaborador del grupo, Said Ben Iazza. Tras 419 días de investigación, la justicia consideraba agotadas todas las pesquisas.

Es cierto -y así lo reconocen los mandos de los tres cuerpos policiales que intervinieron en la investigación y fuentes cercanas al CNI- que la instrucción, como ocurre en casi todos los grandes atentados, no ha aclarado por completo todas las lagunas, particularmente cuáles eran los objetivos contra los que los terroristas querían atentar antes de que la explosión de la casa de Alcanar les obligara a improvisar los atropellos masivos de Las Ramblas y Cambrils, que provocaron 16 muertos y decenas de heridos.

La muerte de siete de los miembros de la célula -entre ellos el imán Abdelbaki es Satty, líder del grupo- sin duda ha sido un factor determinante para que algunos interrogantes o puntos turbios persistan para siempre. Lo mismo ocurrió con los atentados del 11-M, con el suicidio en Leganés de los miembros y los cabecillas de la célula de la masacre de los trenes. Hace quince años y medio la desaparición física de los yihadistas de los cercanías sirvió como coartada para que algunos sectores sostuvieran que la célula que lideraba Serhane 'El Tunecino' mantenía lazos con ETA. Con casi todos los autores materiales de la masacre muertos nadie podía desmentir la acusación de que ellos habían colaborado con la banda terrorista vasca.

Otro tanto de lo mismo sucedió con los atentados del 11-S en Estados Unidos. La teoría conspirativa apuntó que los ataques al Pentágono y a la Torres Gemelas habían sido orquestados por el propio Gobierno de Washington. Y, ni que decir tiene, los yihadistas que secuestraron y estrellaron los aviones no pudieron desmontar esas acusaciones. Durante casi dos años parecía que los atentados del 17-A se iban a librar de entrar en esa posverdad, pese a las oleadas de 'fake news' que desde el principio tuvieron como objetivos esos atentados, coincidiendo además con los convulsos días previos al referéndum ilegal del 1-O. El final de la investigación judicial el pasado otoño apuntaba a que la masacre de Cataluña se iba a librar una leyenda oculta.

FASCINACIÓN SECESIONISTA

Pero al final no ha sido así. El segundo aniversario de los atentados está ya marcado por una teoría de la conspiración nacida en las últimas semanas y basada en un dato que desde el principio fascinó al independentismo: que el imán de Ripoll fue visitado por agentes del CNI que pretendían ficharlo como confidente mientras estuvo preso por tráfico de drogas entre 2010 y 2014.

Los servicios secretos reconocieron desde el principio estos contactos. Incluso, el exdirector del CNI, el general Félix Sanz Roldán, lo admitió sin tapujos cuando compareció en la Comisión de Secretos Oficiales en marzo de 2018 para hablar sobre los atentados. Pero ha dado igual. Un serial en un diario digital a mediados de julio en el que se llegó a afirmar que el CNI tenía intervenidos los teléfonos de los terroristas durante la preparación de los atentados y que el imán fue confidente de los servicios secretos hasta su muerte ha dado alas a los independentistas para llegar a insinuar, incluso, que el Estado permitió la masacre como forma de frenar el 'procés'. La ofensiva del secesionismo a las puertas del segundo aniversario del 17-A contra el Estado a cuenta de las informaciones sobre Abdelbaki es Satty está siendo continua y con el Govern y todo su aparato, incluida TV3, a la cabeza.

La Generalitat y los grupos de ERC y JxCat en el Congreso siguen reclamando al Gobierno explicaciones y piden crear una comisión de investigación parlamentaria sobre las relaciones del CNI y el imán. La Generalitat continúa a la espera de tener una reunión con la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, para hablar de esa teoría de la conspiración. Y la comisión de investigación sobre el 17-A del Parlament de Cataluña ya ha dado luz verde a la petición de Junts per Catalunya de citar a la nueva directora del CNI, Paz Esteban.

EXPLICACIONES BALDÍAS

Da igual que por activa y por pasiva responsables de los Mossos y del Ministerio del Interior, de manera informal, hayan explicado a los responsables políticos catalanes de ni el CNI ni la policía catalana ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil tenían bajo seguimiento u observación telefónica a la célula de Ripoll. Es más, que no hay ni una sola prueba que demuestre lo contrario.

Da igual que responsables de la investigación se hayan esmerado en detallar que los servicios secretos y los cuerpos policiales lograron recomponer buena parte de los pasos de los terroristas, no por escuchas en directo, sino a posteriori y gracias a los numerosísimos dispositivos informáticos de los yihadistas (móviles, ordenadores y tablets, memorias.) encontrados por los agentes.

Da igual que los mandos policiales hayan explicado a responsables del Govern que las supuestas conversaciones de los terroristas escuchadas en directo por el CNI en realidad se habían recuperado del teléfono de Mohamed Hichamy, abatido en Cambrils, porque el terrorista tenía instalado en su móvil la aplicación Call Recorder que graba todas las conversaciones y las almacena en la memoria del aparato.

Quim Torra y Carles Puigdemont han sido dos de los políticos que con mayor pasión se han unido a la teoría de la conspiración. "Es un escándalo gravísimo. Exigimos explicaciones y que se asuman las más altas responsabilidades", ha llegado afirmar el president tanto en las redes sociales como en sede parlamentaria. Mientras, su antecesor, desde Bélgica, acusaba al Gobierno de Pedro Sánchez de "tapar el escándalo".

"ELEGIR" UN ATENTADO

Y esas son las versiones light, porque la más dura que defiende el independentismo apunta directamente a que el CNI montó la matanza para boicotear el 'procés'. "¿Queréis negociar con un Estado que elige un atentado para parar un referéndum?", llegó a escribir en Twitter la exdiputada de la CUP Mireia Boya.

Pero la mancha de la posverdad se extiende ya más allá del independentismo. Y esto es, de hecho, de lo que más preocupa en el Ministerio del Interior y en Moncloa. "El silencio de los grandes medios sobre lo que el CNI sabía de los terroristas de La Rambla revela cómo funciona el poder en España", tuiteó Pablo Iglesias. También la alcaldesa de Barcelona se ha dejado llevar por esta corriente. Ada Colau ha llegado a calificar de "gravísimo" la posibilidad de que el CNI haya destruido pruebas de su relación con el imán y ha prometido que su consistorio exigirá llegar hasta el final sobre el papel de los servicios secretos en los atentados.

El último episodio, que seguro no será el último de esta campaña de apoyo al relato 'alternativo', tuvo lugar esta misma semana. A solo unos días del segundo aniversario de los atropellos de Las Ramblas y Cambrils, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado instar al Congreso de los Diputados a impulsar una comisión de investigación sobre los atentados y el papel del CNI. La proposición ha salido adelante con los votos a favor de ERC, JxCat y de los comunes. Al final, tres de las cuatro principales fuerzas parlamentarias de Cataluña, con bastante más de dos millones de votantes, se han apuntado oficialmente a la teoría de la conspiración del 17-A.

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