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LGTBI

Denuncian al Obispado de Alcalá de Henares por los cursos de homosexualidad

Podemos entiende que pueden ser objeto de "infracción muy grave" con sanciones de hasta 45.000 euros, según recoge la Ley regional de Protección integral contra la LGTBIfobia

Exterior del Obispado de Alcalá de Henares.

Exterior del Obispado de Alcalá de Henares.

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Actualizada 02/04/2019 a las 12:26
  • Europa Press. Madrid
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Eduardo Fernández Rubiño, en su condición de parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid y candidato regional de la formación Más Madrid, ha presentado este martes por la mañana en el registro de la Comunidad de Madrid una denuncia contra el Obispado de Alcalá por los cursos de homosexualidad, al entender que pueden ser objeto de "infracción muy grave" con sanciones de hasta 45.000 euros, según recoge la Ley regional de Protección integral contra la LGTBIfobia.

El diputado Eduardo Rubiño ha explicado que han presentado la denuncia ante la Consejería de Políticas Sociales contra el Obispado, a raíz de la información de 'eldiario.es' sobre un caso de una persona (un periodista de este medio) que habría asistido a "terapias curativas de la homesexualidad" con "recursos y personal" del Obispado.

Para Rubiño, "es un absoluto escándalo". "Las terapias de aversión y conversión de la sexualidad son totalmente ilegales en la Comunidad de Madrid gracias a la ley LGTBI que aprobamos al comienzo de la Legislatura", ha señalado al tiempo que ha añadido que con la denuncia exigen al Gobierno regional que "haga cumplir esta ley inmediatamente".

Junto con la denuncia, va la información del medio y otros testimonios de personas que han pasado por estas terapias. "Ni nuestro amor ni nuestra identidad necesitan cura", ha reivindicado el parlamentario de Podemos, que ha narrado en Twitter que hace unas tres semanas una persona víctima de este mismo caso se puso en contacto con él para contarle los hechos, "aunque no se sentía preparado para sacarlo a la luz por diversos motivos".

"Las víctimas existen y son muchas", ha indicado el también candidado de Más Madrid, quien ha señalado que el relato de esta persona es "espeluznante en cuanto a lo que comportan estos procesos, los ejercicios que les proponen y la presión que ejercen" -el testimonio de esta persona en cuestión se recoge en la denuncia-.

"Prácticas basadas en teorías completamente acientíficas que tratan de negar la homosexualidad calificándola como 'heridas en la masculinidad', achacándola a complejos, supuestos traumas", continúa Rubiño, quien explica que, según la 'teoría' de esta 'terapia', "realizada por una señora que no está colegiada (y que por tanto incurre en claro intrusismo profesional) la homosexualidad no existe, sino que son proyecciones hacia el sexo masculino debidas a que no nos sentimos lo suficientemente hombres".

Una vez que llega la denuncia al registro de la Comunidad de Madrid, la Consejería en cuestión recaba información y si considera que se incumple la normativa de la materia -en este caso la Ley LGTBI-, se abre un expediente sancionador, han informado fuentes regionales.

LA DENUNCIA

En la denuncia el parlamentario especifica que en dicha 'terapia' supuestamente prestada por personal de la diócesis de Alcalá se ha aplicado desde 2015 a un amplio número de usuarios, incluyendo menores de edad.

Según el artículo 70 de la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia, son infracciones muy graves la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, que serían sancionadas con una multa entre 20.001 y 45.000 euros, además de la prohibición de contratar con la Administración, sus organismos autónomos o entes públicos durante tres años o de acceder a cualquier ayuda pública de la Comunidad.

Por todo ello, formula denuncia contra el Obispado de Alcalá de Henares y contra Belén Vendrell, vinculada a dicho Obispado y pide a la Comunidad que inicie el expediente correspondiente para corregir y evitar los hechos mencionados y que se les informe o no de la iniciación del proceso sancionador.

Eduardo Fernández Rubiño manifiesta su voluntad de presentarse como interesado en el procedimiento, pide al Gobierno regional que dicte medidas cautelares que garanticen la no continuidad del citado servicio y añade las pruebas al proceso correspondiente.

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