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Audiencia Nacional

La AN cita a Rato el jueves para comunicarle que tiene 10 días para entrar en prisión

El expresidente de Caja Madrid está pendiente de cumplir su condena de cuatro años y medio de cárcel por apropiación indebida en el caso de las tarjetas "black"

Las imágenes más llamativas de la última semana
El Tribunal Supremo confirma la condena de cuatro años y medio de prisión al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por el uso fraudulento de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia. ANDREA COMAS / REUTERS
AGENCIAS
  • EFE.Madrid
Actualizada 09/10/2018 a las 15:00

La Audiencia Nacional ha citado al expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato el próximo jueves para comunicarle que dispone de un plazo de diez días hábiles, hasta el próximo 26 de octubre, para ingresar en la prisión que él elija por apropiación indebida en el caso de las tarjetas "black".


Según han informado fuentes jurídicas, el plazo comenzará a contabilizarse el próximo lunes 15 de octubre, ya que únicamente se cuentan los días hábiles; de este modo, el último día para el ingreso voluntario en prisión sería el viernes 26.


La sección cuarta de la sala de lo Penal, en el decreto de ejecutoria conocido este martes, también emplaza a los otros catorce exconsejeros y exdirectivos con penas superiores a los dos años de cárcel, que al igual que Rato deberán acudir personalmente, y entre los que se encuentra el exvicepresidente de la entidad José Antonio Moral Santín, sobre quien pesan cuatro años de cárcel.


El pasado miércoles, el alto tribunal ratificó la sentencia de la Audiencia Nacional de cuatro años y medio de cárcel para Rato, al considerar que "mantuvo y amplió un sistema pervertido desde su origen", que facultó a los titulares a utilizar las tarjetas en su beneficio sin necesidad de justificar los gastos, como si fueran "los dueños del dinero".


Además de a ambos altos cargos, la ejecutoria afecta a los exconsejeros de Caja Madrid Estanislao Rodríguez Ponga (en representación del PP), Antonio Romero Lázaro (PSOE), Francisco Baquero (CC OO) y Jorge Gómez (PSOE), a los que la sala de lo Penal del Supremo confirmó su condena a tres años y dos meses de prisión por contribuir a mermar el patrimonio de la entidad, con cargos que oscilaban entre los 98.000 y los 266.000 euros.


Junto a ellos, otros nueve usuarios de las tarjetas fueron condenados a penas lo suficientemente elevadas como para ser privados de libertad: tres años de cárcel para José María de la Riva (PSOE), Rodolfo Benito (CC OO) y Gonzalo Martín Pascual (UGT), y dos años y medio para Francisco José Pérez (PSOE), Miguel Ángel Abejón (UGT), Rubén Cruz (IU), Antonio Rey de Viñas (CC OO), Javier de Miguel (PP) y Ángel Gómez del Pulgar (PSOE).


En total, los quince desembolsaron en distintos tipos de gastos personales -viajes, comidas, ropa, compras en supermercados, retiradas de dinero en efectivo- casi 2,9 millones de euros, de los más de 12 millones que, según ambos tribunales, fueron sustraídos del caudal de Caja Madrid y, más tarde, de la Bankia primigenia.


El Supremo resolvía así los recursos interpuestos por 60 de los 64 condenados en primera instancia por la Audiencia Nacional, y confirmaba la responsabilidad de Rato, quien por su preparación y experiencia no podía ignorar el funcionamiento opaco de las tarjetas.


Pese a ello, apuntaba la sentencia de la que fue ponente el juez Miguel Colmenero, "mantuvo el sistema e incluso lo amplió a otras personas", primero a su favor -hizo un gasto de 99.055 euros posteriormente reintegrado-, y ya en Bankia, de sus más estrechos colaboradores.
En este sentido, subrayaba que el exvicepresidente del Gobierno "no puede ampararse en ilegalidades anteriores", en alusión a la conducta por la que fue condenado a seis años de prisión su predecesor, Miguel Blesa, fallecido en verano de 2017 y cuya responsabilidad civil fue confirmada hace un año.


Aunque Rato aún puede recurrir ante el Tribunal Constitucional, expertos consultados descartan que el trámite paralice el cumplimiento de la condena, ya que al tratarse de una pena de cuatro años y medio por un único delito, no hay opción de suspenderla.


Respecto a los otros 49, sobre los que pesan dos años de prisión o menos, las fuentes apuntan que quedarán en libertad siempre que no cuenten con antecedentes penales y en base a si han reparado el daño; se les suspende así el castigo, aunque se fija un período de seguridad por el mismo tiempo a fin de constatar que no reincidan.


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