La contundente reacción de las asociaciones de jueces y fiscales ante la citación de la justicia belga a Pablo Llarena y las acusaciones del PP y Ciudadanos de haber dejado "tirado" al magistrado del Supremo han hecho mella en el Gobierno de Pedro Sánchez. La Moncloa emitió este domingo un comunicado para precisar que ha puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios para la defensa de nuestra soberanía jurisdiccional" dentro de la causa en la que está demandado el juez del Supremo por el expresidente catalán y los cuatro exconsejeros que huyeron con él. Entre esos mecanismos está la contratación de un despacho de abogados en Bélgica que se formalizará "en breve".

El Gobierno, de entrada, no va a contratar abogados para defender a Llarena ante las acusaciones de Puigdemont de parcialidad en la instrucción de la causa del 'procés' porque entiende que es un asunto privado. Solo tomará cartas en el asunto si en la tramitación de la demanda civil el tribunal belga se inmiscuye en la soberanía jurisdiccional española para investigar los presuntos delitos cometidos por los líderes independentistas.

Puigdemont y los cuatro exconsejeros presentaron el pasado 5 de junio una demanda civil contra el instructor del Supremo por entender, a raíz de unas declaraciones suyas el 22 de febrero pasado en la Universidad de Oviedo, que había vulnerado su derecho a un juicio justo y no respetó su presunción de inocencia. Llarena en aquel acto académico negó que los huidos en Bélgica fueran "presos políticos". Para los abogados del expresidente catalán, el juez "emitió una opinión antes del juicio y fuera de los tribunales. Por tanto, prejuzgó".

El juez está citado el 4 de septiembre ante un tribunal de primera instancia de Bruselas, que deberá decidir si da curso a la demanda en la que se reclama el pago de un euro a cada uno de los denunciantes por "daños morales". Cabe por tanto la posibilidad de que toda la polémica desencadenada se quede en agua de borrajas si la justicia belga desestima la acusación.

De no ser así y la demanda sigue su curso, el Gobierno de Sánchez se hará cargo de la defensa del magistrado del Supremo si durante el proceso se pone en tela de juicio "la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica", apunta la nota emitida por la Moncloa. Un escenario que en absoluto se puede desdeñar a tenor de la literalidad de la demanda presentada por Puigdemont, trufada de consideraciones políticas. En el escrito presentado ante la justicia de Bélgica, el expresidente catalán y sus colaboradores acusan a España de ser "un Estado delincuente" equiparable a "Kazajistán" porque se niega a "someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales".

APARTAR AL JUEZ

El expresidente de la Generalitat y los exconsejeros sostienen además que la justicia española es "incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial". El mejor exponente de esa concepción de la justicia, agrega la demanda, fueron las palabras de Llarena al negar su condición de presos políticos porque con ellas "ha sobrepasado sus funciones judiciales" y ha puesto de manifiesto "su parcialidad y ensañamiento". Con este planteamiento de fondo no sería de extrañar que la tramitación de la demanda se convierta en un juicio de la justicia de Bélgica a la justicia española, y ahí es donde el Gobierno de Sánchez se compromete a intervenir.

Lo que se esconde tras la presentación de la denuncia es la pretensión de apartar a Llarena de la causa del 'procés' y declarar nula su instrucción. La admisión de la acusación permitirá a Puigdemont invocar el artículo 219.8 de la ley de Poder Judicial que invalida a un juez a seguir en la causa si ha sido demandado por una de las partes.

Entretanto, el Gobierno se enfrenta a la ofensiva política de PP y Ciudadanos y de las acusaciones de "dejación de funciones" de las asociaciones de jueces y fiscales, de las que este domingo se desmarcó Jueces para la Democracia. El líder popular, Pablo Casado, exigió este domingo la comparecencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Congreso para que explique "el desamparo" al juez del Supremo.