La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido oficialmente al Gobierno que retire el real decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de Estado contra la violencia machista aprobado el 3 de agosto. Considera que está plagado de defectos de forma y de fondo y que, de llegar a aplicarse, lejos de beneficiar a las víctimas, solo introduciría "inseguridad, imprecisión y desconcierto" en la lucha contra esta lacra. Tal es su oposición al documento, que los magistrados reclaman a los partidos de la oposición que si Pedro Sánchez persiste en llevar el decreto-ley en los próximos días al Congreso rechacen su ratificación, para que la norma decaiga.

La AJFV, que es la segunda organización con más asociados en la carrera, se suma de esta manera a las críticas públicas ya realizadas por portavoces de PP y Ciudadanos y de otras organizaciones de juristas, que también consideran que estas reformas deberían haber sido elaboradas y aprobadas en el Congreso, tras un examen meditado y en profundidad de todos los grupos, que aseguran que ahora no ha existido.

El decreto gubernamental realiza seis reformas legales para aplicar con urgencia otras tantas medidas previstas en el pacto de Estado, entre las que destacan la posibilidad de acreditar a cualquier maltratada como víctima de violencia de género aunque no haya denunciado -lo que le permitirá recibir toda la ayuda legal, psicológica, social, económica y laboral prevista en la ley- y la modificación del Código Civil para que los menores expuestos a violencia de género no precisen el permiso del maltratador para recibir asistencia psicológica.

La AJFV, en primer lugar, entiende que el decreto-ley tiene defectos formales que podrían provocar su nulidad. Tienen serías dudas de que concurra el requisito de "extraordinaria y urgente necesidad", el único motivo por el que la Constitución permite al Ejecutivo que dicte una norma con rango de ley, que es función exclusiva del Parlamento. De igual manera, consideran "irregular" y sin precedente en democracia que se modifique el Código Civil -"una de las normas básicas"- desde el Gobierno, una modificación que requiere por definición de un amplio consenso parlamentario.

Las críticas continúan con el fondo de las reformas. Pese a que están de acuerdo con extender la acreditación como víctima a las maltratadas aunque no hayan denunciado, creen que la falta de concreción en el decreto-ley sobre quiénes ejercerán esta potestad administrativa y cómo lo harán -procedimiento que se deja a un acuerdo posterior entre Gobierno y autonomías- supone un "margen excesivamente amplio" de discrecionalidad, que solo puede ser "una fuente de inseguridad jurídica". El texto solo dice que se podrá acreditar con un informe fiscal, "de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida". También consideran inadecuada la limitación del ejercicio de la patria potestad que realiza la reforma del Código Civil.

Cuando hay un investigado por violencia machista, el cambio legal excluye de las decisiones que deben consensuar ambos progenitores el que los hijos de la maltratada reciban asistencia psicológica. La AJFV cree que esta redacción limita de forma prematura el derecho a decidir sobre sus hijos de un simple denunciado y que sustrae a los tribunales la potestad de "dirimir las diferencias de criterio entre los progenitores" y de dictar las medidas cautelares que consideren necesarias.