El Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020 que el Gobierno aprobará previsiblemente el próximo viernes ha sido acogido de forma "positiva" por UGT. Sin embargo, el secretario general del sindicato, Pepe Alvarez, augura que, pese a "estar lleno de buenos deseos", tendrá difícil erradicar la precariedad laboral y mejorar la calidad de los empleos puesto que la inspección de trabajo "tiene una situación de saturación" y gran parte de las iniciativas van dirigidas a aumentar las inspecciones para luchar contra el empleo irregular y la explotación.

Por eso, Alvarez anunció a este periódico que propondrá que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúen de autoridad laboral. Es decir, el sindicato quiere que policías nacionales, guardias civiles, policías municipales, ertzainas y mossos d'Escuadra puedan acudir a una empresa a hacer una inspección de trabajo. A su juicio, cualquiera de estos profesionales tiene que tener los conocimientos suficientes en materia laboral que le permitan presentarse en un negocio o establecimiento comercial y demandar cuál es la situación de sus trabajadores. "Solo tiene que levantar el acta y pasarlo a una inspección de trabajo, con que haga eso es suficiente", explica el líder de UGT.

Y es que Alvarez, pese a admitir que tiene "grandes esperanzas" en este plan, denuncia que no se puede esperar a que la Administración convoque nuevas plazas para la inspección del trabajo, ya que se trata de un "proceso lento". En este sentido, pone de relieve que en la última oferta de empleo público de este ámbito un 50% de las vacantes quedaron desiertas, algo que se ha repetido en las convocatorias de los últimos diez años, bien porque el examen está por encima de lo que sería razonable, bien porque el sueldo no seduce a los posibles candidatos.

Ante esta situación de saturación, UGT ve imposible poner en marcha las visitas 'sorpresa' de inspectores a las empresas en horarios nocturnos, fines de semana o festivos, ya que no se cuenta con los efectivos suficientes ni hay posibilidad de conseguirlos en el corto plazo. Y es que en la actualidad los empresarios se sienten protegidos puesto que saben que no va a acudir a su negocio un inspector en fin de semana, puesto que tan solo hay profesionales de guardia para cubrir casos excepcionales, como son los accidentes laborales, advierte Alvarez. "Hay que terminar con esa situación de impunidad que se está viviendo en nuestro país", denuncia.

El sindicato considera además que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debería nombrar a un inspector de referencia en cada provincia para velar por el cumplimiento del Plan y UGT se ofrece a que sea un delegado territorial.

El borrador del Plan Director presentado por el Gobierno ya recoge que los inspectores contarán con la colaboración activa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque sin especificar en qué consistirá. Además, para reforzar este colectivo, una de las medidas que incluye son ofertas de empleo para 2018, 2019 y 2020 por encima del 100% de la tasa de reposición para permitir un incremento neto y sostenido de efectivos. A su vez, explica que se realizarán acciones destinadas a incrementar el número de opositores para inspectores y subinspectores, principalmente en las universidades, así como revisarán el sistema de acceso, a efectos de adaptarlo a los nuevos modelos de estudio y aprendizaje.

Y es que el Ejecutivo admite en dicho documento que, pese a que se han agudizado los problemas del mercado laboral, el número de inspectores y subinspectores se ha mantenido prácticamente estable, pues la plantilla total en enero de 2010 era de 1.854 y al inicio de junio de 2018, de 1.850. Junto al aumento del colectivo, la idea del Gobierno también es potenciar su dotación presupuestaria para conseguir los objetivos y que tenga los efectos deseados. Y, para ello, pretende incluir que el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social tenga una partida propia en los Presupuestos Generales para 2019.

DESPIDOS NULOS

Pero ésta no es la única demanda de UGT, que también pide acabar con otros elementos que incentivan la precariedad laboral y que emanan de la legislación española. Así, está de acuerdo con la intención del Gobierno de modificar determinados aspectos del Estatuto de los Trabajadores, más concretamente el hecho de obligar a registrar diariamente la hora de entrada y salida de cada trabajador, de tal manera que si un inspector acude a una empresa, sepa perfectamente si el empleado está dentro de su horario o fuera de su jornada, algo que ahora no es posible saber.

Por último, el sindicato exige al Ejecutivo que en los casos en que se demuestre que un empresario tiene a un trabajador en una situación contractual fraudulenta, no se limite a obligarle a convertir el contrato temporal en indefinido, sino que además el despido en los dos próximos años sea declarado nulo, puesto que en ocasiones les hacen fijos para echarles seis meses después, ya que la indemnización que tienen que abonar es "ridícula", denuncia Alvarez.