El comité de expertos que debe analizar por encargo del Gobierno si es preciso hacer cambios en la tipificación de las agresiones y los abusos sexuales tras la conmoción causada por la sentencia de 'La Manada' contará al final con varias catedráticas entre sus miembros y también escuchará las aportaciones de representantes de asociaciones de mujeres juristas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, autorizó este viernes estas incorporaciones femeninas a los trabajos, el mismo día en el que le llovieron críticas de partidos y organizaciones sociales por haber encargado la actualización de los delitos sexuales y la posible propuesta de reforma del Código Penal a un órgano asesor compuesto exclusivamente por hombres, lo que unía a la ausencia de paridad la contradicción de que son las mujeres justo las víctimas principales de estos ataques.

La Sección Penal de la Comisión General de Codificación, el órgano que asesora al ministerio en la preparación de textos legislativos y al que Catalá encargó el estudio, cuenta a día de hoy con 20 miembros permanentes, presididos por el abogado y catedrático Esteban Mestre, todos ellos varones. Son nombrados libremente por el ministro entre juristas de reconocido prestigio, con más de 15 años de ejercicio profesional o académico.

La escasez de mujeres en las diferentes secciones de la Comisión General de Codificación es un hecho, pero solo en el grupo de Derecho Penal tiene el marcador a cero. De 120 vocales solo 16 son mujeres,menos del 14%.

INFORME PARA EL 15 DE JUNIO

La rectificación que va a permitir a Catalá escapar de esta nueva polémica no ha surgido del ministro sino del propio presidente de la sección. Mestre propuso este viernes al titular de Justicia que le autorizase a utilizar la figura de los "vocales adscritos", especialistas elegidos para colaborar de manera temporal con la sección en un trabajo concreto, para trasladar la oferta de participación en el informe a seis catedráticas de Derecho Penal españolas con trabajos prestigiosos ya publicados sobre la tipificación de los delitos sexuales. Nada más recibir el visto bueno del ministro, Mestre se puso en contacto con estas catedráticas, pero aún está a la espera de que le den el sí a su entrada en el equipo.

El presidente de la Sección Penal, que va a empezar los trabajos el próximo jueves y debe terminarlos el 15 de junio, explicó que realizó esta propuesta al ministro porque era la única forma de incorporar la perspectiva de género a un equipo de expertos solo compuesto por hombres. Por igual motivo, ha comenzado a emitir invitaciones a cuatro presidentas de asociaciones de mujeres juristas, entre ellas de juezas, abogadas y de representantes de víctimas de la violencia machista, para escuchar e incorporar un enfoque "práctico", el de quienes conocen "qué cosas fallan en el sistema".

Antes de conocerse estas incorporaciones de última hora, la diputada socialista Angeles Alvarez calificó de "inconcebible" la falta de mujeres y dijo que si Catalá no rectificaba las conclusiones de los expertos estarían "bajo sospecha". Como la diputada de Podemos Sofía Castañón, que vio "puro machismo institucional", denunció que Justicia incumple la ley de Igualdad, que obliga a la paridad de género en los nombramientos públicos.

Los planes de Catalá son trasladar y debatir la propuesta de los expertos a los partidos y las organizaciones de jueces y fiscales, para elaborar, si se estimaba necesario, un proyecto de ley de reforma del Código Penal. La norma podría estar redactada "en pocos meses", según un portavoz ministerial.

PSOE y Ciudadanos no se cierran a la posibilidad de hacer cambios en los delitos sexuales, pero coinciden en que es un tema que hay que abordar sin prisa y con "sosiego" y solo si el consenso técnico y político para la reforma es muy alto. Los socialistas, además, creen que el lugar para elaborar la reforma es una ponencia parlamentaria, a partir del trabajo de los técnicos del ministerio.

Podemos cree que centrarse solo en el Código Penal no resuelve el problema, por lo que ya prepara una ley integral de libertades sexuales, que aborde, además de las penas, la prevención y el acompañamiento de las víctimas de delitos sexuales.