El independentismo empieza a poner los cimientos para desbloquear la legislatura. Cuando apenas queda un mes para agotar el mandato y cuatro meses después de las elecciones, JxCat y Esquerra se han puesto manos a la obra, los republicanos con más ahínco que sus socios, para cerrar la investidura de un presidente de la Generalitat que ponga fin a la actual etapa sin ejecutivo autonómico.

Los líderes secesionistas, sobre todo en JxCat, no quieren cerrarse ninguna puerta por complicada que sea porque el panorama judicial es cambiante y a partir de esta premisa están tomando las decisiones. Sobre la mesa hay dos opciones: la investidura de Carles Puigdemont o la de un candidato libre de cargas judiciales. La primera necesita la reforma de la ley de la Presidencia de la Generalitat dado que a día de este martes no es posible la elección a distancia de un candidato y el expresidente se encuentra en Berlín a la espera de que se resuelva su entrega a España.

A falta de los últimos trámites parlamentarios, Junts per Catalunya confió el lunes en que la reforma legal pueda aprobarse en el pleno previsto para el 3 de mayo. Esquerra cree que es demasiado pronto, pero en cualquier caso, si no es la semana que viene, será la siguiente, según apuntaron los neoconvergentes. Además de autorizar que el debate de investidura se celebre sin la presencia del aspirante, JxCat pretende que el Gobierno catalán pueda celebrar sus reuniones sin que sus miembros estén en el Palau de la Generalitat. Estos cambios legales podrían aprobarse, pero la teleinvestidura de Puigdemont es casi imposible que pueda consumarse. Junts per Catalunya querría celebrar la votación de elección de inmediato, el mismo día del pleno, pero la reforma legal debe ser publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, que ahora está en manos del Gobierno central en virtud del 155, y la Moncloa difícilmente dará facilidades. Es más que probable, además, que el Ejecutivo impugne la nueva ley ante el Constitucional y quedaría suspendida.

Si la investidura de Puigdemont vuelve a fracasar (el 30 de enero fue Roger Torrent quien la impidió), se prevé que JxCat, que sigue sin descartar a Jordi Sànchez, pondrá sobre la mesa un candidato viable. Esquerra, que no comparte la idea de reelegir a Puigdemont, urgió este martes a sus socios a que muevan ficha cuanto antes porque es necesario un "presidente efectivo" para "formar gobierno" y poner punto final a la intervención de la Generalitat con el 155. ERC instó a los neoconvergentes a no agotar los plazos para evitar sorpresas, como unas nuevas elecciones, calificadas por los republicanos como un "desastre" y una "irresponsabilidad". "No contemplamos comicios", replicaron desde JxCat. Eso sí, sin descartarlos.

MAYORÍA SIN LA CUP

Pero Puigdemont se resiste a designar un sucesor, a pesar de que el candidato que proponga tendrá los números para ser investido ya que la Mesa de la Cámara catalana aprobó este martes la delegación de voto de Antoni Comín, como ya hizo con el de Puigdemont hace tres semanas, y por tanto JxCat y ERC ya están en disposición de sumar 66 votos, la cifra mínima necesaria para ganar la investidura en la segunda vuelta sin el apoyo de la CUP. Se especula con que Puigdemont busca un aspirante de perfil bajo, dispuesto a renunciar cuando se lo pida, para que el expresidente sea reelegido dentro de unos meses.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avisó, sin embargo, de que el Ejecutivo "estudiará todas las acciones legales para evitar que se tomen decisiones que contravengan lo que establece nuestra legislación vigente", pero dejó en manos del PP el recurso de la delegación del voto. Los independentistas creen que el recurso no tiene recorrido, pues Comín se encuentra en la misma situación jurídica que Puigdemont y, en el caso del expresidente, el Gobierno no ha tomado ninguna medida para impedir su cesión de voto.

Fuentes parlamentarias apuntaron que si el Gobierno no ha recurrido aún es porque no ve razones jurídicos y además están las razones políticas porque impugnar las delegaciones de voto de Puigdemont y Comín impediría la investidura de un presidente sin hipotecas en los tribunales, cuando el Gobierno, Rajoy, lleva semanas pidiendo un "gobierno normal".