Si hubo desvío de fondos para costear el referéndum, será el juez Pablo Llarena quien lo aclare. El Gobierno derivó al Tribunal Supremo la tarea de verificar los datos del Ministerio de Hacienda, en los que no consta que se dedicara "ningún euro" público a financiar el 1 de octubre. Iñigo Méndez de Vigo no cerró, en todo caso, la puerta a que los independentistas hayan podido sortear el control del Ejecutivo y cometer un delito de malversación. "Habrá que ver la verosimilitud de la información contable y su calificación jurídica", se limitó a responder el portavoz tras el Consejo de Ministros.

Hace dos días que el Gobierno trata de sostener la versión de Cristóbal Montoro sin desacreditar la instrucción del juez. Fuentes del Ejecutivo reconocen la "torpeza" del ministro de Hacienda al insistir en que el referéndum no se ha sufragado con dinero público. Sobre todo, ahora que el Supremo está pendiente de que la justicia alemana resuelva si entrega a Carles Puigdemont a España para ser investigado por presunta malversación.

En este sentido, Méndez de Vigo apostilló que es Llarena el que tiene "toda la información". Incluido el informe de la Guardia Civil, que cifra en 1,9 millones de euros el total de fondos malversados por la Generalitat para organizar la consulta. "Será el juez el que se hará una idea de lo que ha habido", zanjó.

En el Gobierno creen que si Montoro está siendo demasiado vehemente al defender su eficacia en la supervisión de las cuentas catalanas, es por el cuestionamiento de Albert Rivera, que en febrero llegó a plantear a Mariano Rajoy dimisiones de confirmarse el desvío.

El presidente negó entonces la hipótesis con el argumento de que los recursos del Fondo de Liquidez Autonómico van directamente destinados a pagar a proveedores y que el presupuesto de la Generalitat está intervenido desde septiembre. Pero siempre cabe la posibilidad de que se falsearan las facturas o que se emplearan ingresos procedentes de los impuestos propios. Esa es al menos la opción que deja en el aire el Ejecutivo. La que permitiría, recuerdan fuentes gubernamentales, conciliar los argumentos de Hacienda y los del Supremo.

EL DETECTIVE

Pero Rivera no dio muestras hoy de querer flexibilizar sus críticas, pese a que el Gobierno considera "desleal" su comportamiento. El líder de Ciudadanos no cree que haya que ser "un detective muy prestigioso" para ver una posible malversación. "Espero que se equivoque el juez y la Guardia Civil, si no, alguien del Gobierno tiene que depurar responsabilidades", reiteró.

Su grupo ya ha solicitado la comparecencia de Montoro en el Congreso. Y aunque, para satisfacción del Gobierno, el PSOE había reclamado calma a Rivera, Pedro Sánchez abrió hoy la puerta a respaldar la petición.