El Gobierno ha considerado que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de impedir la investidura a distancia de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat permite evitar una "burla" a la ley, al Parlamento de Cataluña y al resto de grupos políticos de la cámara.

Fuentes del Ejecutivo se han pronunciado así después de que el TC haya suspendido por unanimidad cualquier investidura celebrada bajo una fórmula no presencial, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

A juicio del Gobierno, la prohibición de la celebración de un pleno "fraudulento" para investir a Puigdemont pone en valor el propio reglamento del parlamento de Cataluña frente al "fraude" y la vulneración de los derechos de los parlamentarios que supondría la investidura a distancia.

Además, el Ejecutivo recalca que Puigdemont no podrá atender de forma presencial el pleno programado para el próximo martes 30 sin haber obtenido previamente una autorización judicial, mientras esté vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión.

La decisión del pleno del TC se trata de una medida cautelar acordada en respuesta al recurso del Gobierno contra la investidura -que contaba con el dictamen desfavorable del Consejo de Estado- y que irá acompañada de un requerimiento en el que el TC advierte de que su decisión debe ser obedecida, han señalado fuentes judiciales.

El pleno ha aplazado su decisión sobre la admisión a trámite del recurso hasta haber oído a todas las partes y haber resuelto las dudas que han planteado sobre su admisibilidad.