España y Marruecos prometieron una cooperación "franca y leal" el 7 de abril de 2022, apenas tres semanas después de que Pedro Sánchez consumara su giro histórico sobre el Sáhara Occidental. Pero lo cierto es que para entonces el móvil del presidente y los de varios ministros ya habían sido infectados y espiados con Pegasus. Es más, el CNI llevaba para entonces prácticamente dos décadas alertando de la actividad frenética de las redes de agentes de Rabat en territorio español. Y el problema crece porque la virulencia y expansión del espionaje del país vecino es cada vez mayor. Y es que hasta el Consulado marroquí en Madrid se ha visto envuelto en oscuras tramas de los servicios secretos, según ha certificado públicamente la contrainteligencia española. 

La inmigración, con avalanchas humanas como la de la pasada en Ceuta que movilizó a más de 72.000 personas es el ariete más visible de la presión geoestratégica marroquí. Pero hay no es el único, tal y como constatan los documento de seguridad nacional consultados por este periódicos esta misma semana. El espionaje es su otra gran apuesta: menos estridente, más constante y, según fuentes de los servicios de información españoles, la actividad más agresiva contra España después de la rusa y la china y "muy por encima" de otros países con "actividades de inteligencia" en España como Corea del Norte, Irán, Venezuela o Cuba.

La crisis de Ceuta ha devuelto al primer plano la cara más aparatosa de esa estrategia. Según la conclusión de los servicios españoles conocida esta semana, Rabat no habría diseñado el movimiento inicial, pero dejó hacer y explotó políticamente la crisis. Interior lo desmiente.

Pero las menciones a la "estrategia híbrida" que el Gobierno se empeña en negar estos días para no irritar al régimen de Mohamed VI se repiten una y otra vez en los documentos oficiales. La inmigración desborda una frontera en unas horas, pero detrás está el espionaje de Rabat, que -explican fuentes cercanas a 'La Casa'- lleva "desbocado" en territorio nacional desde "finales de 2004", meses después de los atentados del 11-M.

Rusia y China juegan en otra liga tecnológica. Marruecos no posee una capacidad propia comparable para penetrar redes oficiales o atacar sectores estratégicos, explican las fuentes consultadas. Su fuerza está sobre el terreno. Es, según esos responsables, el servicio extranjero con más agentes y colaboradores desplegados en España. Servicios diplomáticos, asociaciones, confidentes y contactos políticos o religiosos forman este ecosistema secreto de Rabat, impulsado de forma exponencial por el régimen de Mohamed VI tras descartar maniobras más directas como la fallida toma del peñón de Perejil en 2002.

Los informes públicos de Seguridad Nacional no escriben el nombre de Marruecos (cosa que sin hacen ya sin disimulo con Rusia), pero describen el método. En esos papeles, el CNI no habla de nuevas operaciones militares convencionales como la del verano de hace 24 años en el desangelado islote, sino de "guerra hibrida" dirigida desde el otro lado del estrecho. El documento anual de 2022 alertó de servicios hostiles centrados en controlar a "sus respectivas colonias" para localizar opositores y alinear posiciones internacionales con sus intereses. También avisó de coberturas científicas, académicas y tecnológicas. La Estrategia de Seguridad Nacional sitúa el espionaje, la influencia, la inmigración y los ciberataques entre las herramientas utilizadas para explotar vulnerabilidades y presionar a otros gobiernos.

Donde esos informes dejan de poner nombres, las sentencias empiezan a hacerlo. Los fallos de la Audiencia Nacional y los dosieres confidenciales del CNI a los que ha tenido acceso este periódico dibujan más de dos décadas de actividad febril y creciente. El Supremo viene obligando desde 2011 a los servicios secretos a aportar hechos cuando invocaran la seguridad nacional para impedir una nacionalidad, un asilo o instar una expulsión. Desde entonces, el CNI ha ido quemando agentes en pequeñas dosis. Y de paso también ha sacado a la luz pública la envergadura de la red de espionaje del supuesto socio 'leal' de España.

Una resolución reveló que un ciudadano marroquí colaboró con los servicios de Rabat desde 1999 hasta, al menos, 2023. Casi dos décadas y media de forma ininterrumpida. Otra identificó como "agente local" a un empleado del consulado marroquí en Madrid relacionado con el "jefe de los servicios de inteligencia marroquíes en España". En Barcelona, el CNI descubrió una red que elaboraba informes, manejaba confidentes y trataba de "manipular las voluntades" de representantes musulmanes. Otros fallos sitúan puntos de apoyo en Granada, Almería, Las Palmas y Sevilla y vinculan las redes a la DGED, el servicio exterior, o a la DGST, el aparato de inteligencia interior.

Ese espionaje de proximidad encontró en Pegasus un atajo formidable. Una investigación internacional publicada este julio, coordinada por Forbidden Stories y respaldada técnicamente por Amnistía Internacional, atribuye a la DGST marroquí 768 intentos de ataque contra 250 números españoles entre mayo de 2018 y junio de 2019. Entre los objetivos figuraban periodistas, rifeños, saharauis, responsables del Frente Polisario y un coronel de Información de la Guardia Civil.

El golpe más grave conocido llegó en 2021. Los terminales de Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska fueron infectados, mientras Luis Planas también fue objetivo, en el momento más áspero de la crisis abierta por la acogida hospitalaria en Logroño del líder del Polisario Brahim Ghali y la posterior avalancha de 10.000 nadadores a Ceuta. Una crisis que es el precedente casi idéntico de lo ocurrido este julio.

Una pista francesa encontró elementos técnicos comunes entre los ataques al Gobierno español y los sufridos por activistas saharauis en Francia. La investigación de julio de 2026, basada en documentos internos y testimonios de antiguos miembros de la DGST, refuerza la atribución a Marruecos.

La sospecha apuntó desde el principio a Rabat, pero nunca se transformó en atribución judicial. El juez José Luis Calama archivó de nuevo la causa en enero de 2026 ante la obstrucción de Israel y sin identificar a un autor concreto. Marruecos niega haber utilizado Pegasus. La frontera es decisiva: está probado que los móviles del Ejecutivo fueron infectados; existen indicios técnicos, antecedentes y testimonios que conducen al país vecino; ninguna sentencia le atribuye los ataques.

En medio de aquella secuencia llegó el Sáhara. Sánchez remitió el 14 de marzo de 2022 la carta que consideró la propuesta marroquí de autonomía como la base "más seria, realista y creíble" para resolver el conflicto. El 7 de abril, ambos países proclamaron una etapa basada en la transparencia, el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos y la ausencia de hechos consumados. España cesó a la directora del CNI, Paz Esteban, y sigue sin saber oficialmente quién robó los secretos del presidente.

El hilo que une las redes humanas con Pegasus es el Sáhara. Una sentencia destapó a un colaborador que informaba desde 2010 sobre el Frente Polisario y la colonia marroquí. Amnistía confirmó rastros del programa en dos teléfonos de Aminatou Haidar, con infecciones hasta noviembre de 2021. En los datos conocidos este verano vuelven a aparecer dirigentes, diplomáticos, profesores, estudiantes y militantes saharauis. Conocer sus contactos y apoyos en España tiene para Rabat un valor político de primer orden.

TAMBIÉN EUROPA

Las alarmas ya no son solo españolas. El Parlamento Europeo afirmó en 2023 que existían "fuertes indicios" de que Marruecos y Ruanda habían espiado a ciudadanos europeos de alto nivel, incluidos jefes de Estado. Otro informe denunció los supuestos intentos marroquíes de influir mediante corrupción sobre eurodiputados y trabajadores de la institución. Y un estudio de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, integrada en el Cesedem, incluye entre los hitos de una posible estrategia híbrida marroquí Pegasus y la instrumentalización de la inmigración en mayo de 2021. Investigadores universitarios sitúan esos movimientos en la zona gris: presión sin guerra abierta, ambigüedad y explotación gradual de las vulnerabilidades del adversario.

Ese comportamiento choca con la letra del Tratado de Amistad de 1991. España y Marruecos se obligaron a actuar de buena fe, a no intervenir directa ni indirectamente en los asuntos del otro y a abstenerse de "cualquier acto de coerción militar, política, económica o de otro tipo" destinado a obtener ventajas. La declaración de 2022 volvió a prometer confianza, concertación y respeto de los compromisos.